Tegucigalpa, Honduras. –Mientras el Congreso Nacional aprobó reformas al Código Penal y Procesal Penal para endurecer las penas contra la extorsión y ampliar la tipificación de las asociaciones terroristas, dejó fuera cualquier modificación a los delitos de corrupción, pese a que organizaciones nacionales e internacionales han señalado durante años la necesidad de combatir este flagelo que ha dejado millonarios desfalcos al erario y una estela de impunidad.
Las reformas aprobadas el pasado 18 de mayo de 2026, modifican los artículos 272, 373, 374, 375, 415, 522 y 587 del Código Penal y 237-A del Código Procesal Penal, con el argumento de responder a las nuevas modalidades utilizadas por estructuras criminales para el cobro de extorsiones mediante plataformas digitales y billeteras electrónicas.
Según el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano Molina, estas reformas buscan cerrar vacíos legales que permiten a grupos criminales ocultar rastros financieros mediante el uso de documentos ajenos, identidades falsas y sistemas electrónicos de pago.
Sin embargo, las reformas también incluyen cambios al artículo 587 del Código Penal, que regula el delito de asociación terrorista, una modificación que ha despertado preocupación entre juristas y defensores de derechos humanos por la amplitud de los conceptos incorporados y la posibilidad de interpretaciones discrecionales.
Mientras se endurecen las penas contra delitos vinculados a las maras y pandillas, el Poder Legislativo no abordó reformas penales relacionadas con la corrupción pública en delitos como: malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, fraude, cohecho, enriquecimiento ilícito y prevaricato administrativo.
En administraciones pasadas las penas para estos delitos fueron debilitadas con la entrada en vigencia del actual Código Penal, aprobado mediante el Decreto 130-2017 durante la presidencia del entonces titular del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera (2014-2018 y 2018-2022).
Aquellas reformas fueron calificadas por organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación como un «Pacto de Impunidad«, debido a que redujeron penas, modificaron tipos penales y disminuyeron plazos de prescripción para delitos contra la administración pública.
Uno de los momentos más controvertidos ocurrió el 14 de agosto de 2017, durante la discusión del nuevo Código Penal el entonces diputado nacionalista Agapito Rodríguez Escobar, quien hoy busca ser magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) tras la destitución de Mario Morazán, presentó una moción para reducir las penas relacionadas con delitos que causan perjuicio a la administración pública.
La iniciativa fue respaldada por diputados de los partidos Nacional y Liberal, disminuyeron significativamente las sanciones para delitos como malversación, abuso de autoridad y fraude, limitando su efecto disuasivo y generando críticas de organismos nacionales e internacionales.
Además, la entrada en vigor de la normativa permitió la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable, lo que abrió la puerta para que personas condenadas o procesadas por corrupción solicitaran revisiones de penas y beneficios judiciales.
Para el abogado penalista y analista político, Henry Salinas, las recientes reformas penales reflejan una visión parcial del problema de la criminalidad en Honduras y dejan sin abordar fenómenos como la corrupción, que también generan graves daños sociales.
Durante una entrevista brindada semanas atrás a este medio digital cuestionó la selectividad de las reformas y planteó que la discusión sobre terrorismo debería extenderse a otras conductas que provocan graves afectaciones sociales.
«Los corruptos también subvierten el orden democrático y generan daños profundos a la población. Por eso resulta válido discutir técnicamente por qué se endurecen penas para unos delitos y no para otros que igualmente afectan a toda la sociedad», manifestó el analista en temas de combate a la corrupción.
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ONU SUGIRIÓ REFORMAS AL CÓDIGO PENAL Y PROCESAL PENAL PARA FACILITAR TRABAJO DE LA CICIH
Pese a ello, las recientes reformas aprobadas por el Congreso Nacional no incluyeron ninguna discusión orientada a revisar o endurecer las penas vinculadas a delitos contra la administración pública.
Esta decisión también contrasta con las recomendaciones formuladas en el memorándum de entendimiento firmado en diciembre de 2022, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la administración de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026) en el marco de las negociaciones para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
De igual manera, la Misión del Equipo de Expertos de Naciones Unidas (EdE) identificó una serie de reformas legales consideradas indispensables para garantizar la operatividad de un mecanismo internacional anticorrupción.
Entre ellas destacan modificaciones al artículo 28 de la Ley de Municipalidades y a varios artículos del Código Penal y Procesal Penal relacionados con la persecución de delitos de corrupción y el juzgamiento de altos funcionarios.
Una de las principales propuestas consiste en modificar los artículos 418 al 423 del Código Procesal Penal para permitir que la CICIH actúe como querellante autónomo y pueda impulsar procesos penales de corrupción directamente ante los tribunales.
Otro de los cambios sugeridos busca revisar el artículo 414, que incorpora a los diputados dentro del régimen especial de juzgamiento, así como el artículo 416, que extiende beneficios procesales a personas vinculadas a funcionarios públicos.
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La ausencia de reformas dirigidas a fortalecer la persecución de la corrupción ocurre en un momento en el que el Congreso Nacional carece de una agenda de lucha contra la corrupción.
Mientras el Poder Legislativo encamina sus esfuerzos en endurecer penas relacionadas con la criminalidad común y organizada, las reformas reclamadas para fortalecer la investigación y sanción de la corrupción continúan sin avanzar.
