Organizaciones campesinas, indígenas y populares presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra las reformas que ampliaron el delito de asociación terrorista, al considerar que su redacción ambigua abre la puerta a la criminalización de la protesta social, la defensa de derechos y las luchas por la tierra.
Fotos: Marcia Perdomo/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. – Organizaciones sociales aglutinadas en la Alianza Campesina, Indígena y Popular de Honduras (Acainp) presentaron este jueves ante la Sala de lo Constitucional un recurso de inconstitucionalidad parcial contra el Decreto Legislativo No. 84-2026, mediante el cual se amplió el delito de “asociación terrorista”.
La alerta, presentada por la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y la Plataforma Agraria del Aguán, surge luego de que el pasado lunes 18 de mayo se amplió de forma ambigua la definición de asociaciones terroristas mediante reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal
La modificación al artículo 587 del Código Penal a través del Decreto Legislativo 84-2026 no solo declararon asociaciones terroristas a las maras, pandillas y estructuras vinculadas con el narcotráfico, sino que además abren la posibilidad de aplicar esa denominación a organizaciones con fines lícitos que realicen parcial o totalmente conductas que provoquen el terror o subviertan gravemente el orden constitucional.
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Tras la masacre de 20 campesinos en la comunidad de Rigores en Trujillo, Colón, diputados anunciaron que analizan declarar terroristas a campesinos que participen en recuperaciones de tierras vinculadas a la Reforma Agraria.
A través de un comunicado, la Acainp señaló que la presentación del recurso responde a lo que considera un discurso político que, a su juicio, busca responsabilizar a las propias víctimas campesinas de la violencia que enfrentan, presentándolas como delincuentes o incluso como terroristas.
Esly Banegas, coordinadora de COPA, planteó a Criterio.hn que consideran que a través de esta ampliación de la definición de “asociación terrorista” se estaría violentando el derecho a la libre organización.
La coordinadora de COPA apuntó que desde hace años se viene preparando el terreno para criminalizar la lucha campesina por la defensa de la tierra. Remarcó en la necesidad de cortar la impunidad bajo la que languidece el Valle del Aguán, y que permite que las masacres continúen arrebatando vidas.
CUESTIONAN DISCRECIONALIDAD EN LA APLICACIÓN DEL DELITO
Desde la Plataforma Agraria del Aguán, el abogado Pedro Mejía sostiene que hay un discurso político que pretende asimilar como terroristas las acciones de reivindicación que realiza el movimiento campesino en el marco del derecho humano de acceso a la tierra y al territorio.
Otro punto que remarcó el profesional del derecho es el riesgo de que se castigue a personas a quienes no se les ha demostrado individualmente la supuesta comisión de actos de terrorismo, sino que por su pertenencia a alguna asociación sean considerados terrorista.
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Asimismo, advirtió que a partir del artículo 4 del del Decreto 84-2026 quedaría bajo la atribución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad indicar qué organizaciones o asociaciones son entendidas como terroristas, planteó Mejía.
Esto generaría, según el abogado, el riesgo de que, de forma arbitraria, organizaciones sociales, campesinas o de derechos humanos que realicen acciones de reivindicación de derechos o control territorial sean catalogadas bajo esa figura, exponiendo a sus integrantes a persecución y sanciones penales.
A esta reforma se suman las discusiones en el Poder Legislativo orientadas a endurecer las penas por el delito de usurpación mediante nuevas modificaciones al Código Penal.
El Congreso se encuentra a las puertas de aprobar, en tercer y último debate, la iniciativa de “ley para el Fortalecimiento y Protección en el Sector Agroindustrial de Honduras”, impulsada por el Partido Nacional. Diversos sectores la consideran un nuevo retroceso para la Reforma Agraria, al blindar tierras agroindustriales, priorizar los monocultivos y facilitar mecanismos de criminalización contra movimientos campesinos y pueblos indígenas y afrodescendientes.
