Por: Alex Navas Álvarez
Una sociedad comienza a perder su brújula moral cuando deja de indignarse frente a la corrupción y empieza a justificarla como una parte inevitable de la vida pública. Ese momento parece haber llegado hace tiempo en Honduras. La pérdida progresiva de referentes éticos y el debilitamiento de la confianza en las instituciones se reflejan en los principales indicadores internacionales, que desde hace varios años sitúan al país en posiciones rezagadas en materia de Estado de derecho, percepción de la corrupción, gobernanza, desarrollo humano y fortaleza institucional. Esta realidad ha incidido directamente en el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población, especialmente de quienes viven en situación de pobreza y vulnerabilidad. De acuerdo con las estimaciones más recientes, alrededor del 60 % de la población enfrenta condiciones de pobreza, mientras cientos de miles de niños y adolescentes permanecen fuera del sistema educativo, limitando sus oportunidades de desarrollo y perpetuando los ciclos de exclusión social.
En medio de esta profunda crisis institucional, económica y social, una parte importante de la responsabilidad recae en los distintos gobiernos que han dirigido la administración pública. En numerosos casos, la gestión del Estado ha privilegiado intereses políticos, partidarios o particulares por encima del interés general y de las obligaciones inherentes al pacto social, cuyo propósito esencial consiste en garantizar el bienestar colectivo, la igualdad de oportunidades y la protección efectiva de los derechos fundamentales. Sin embargo, esta realidad no puede atribuirse exclusivamente a la clase gobernante. Diversos actores políticos, económicos e incluso sociales han contribuido, mediante relaciones de complicidad, clientelismo e impunidad, a consolidar un sistema de privilegios que ha debilitado las instituciones democráticas. Como consecuencia, se ha construido un paradigma social distorsionado en el que, con frecuencia, quienes transgreden la ley o se benefician de prácticas ilícitas son admirados o tolerados, mientras que quienes denuncian la corrupción, defienden la legalidad o promueven el interés público suelen ser objeto de descalificación, persecución o descrédito.
La serie Better Call Saul, considerada por la crítica especializada como una de las mejores producciones televisivas de las últimas décadas y precuela de Breaking Bad, narra la transformación del abogado Jimmy McGill en Saul Goodman. A través de este personaje, la serie explora los dilemas éticos que surgen cuando la ambición personal y la búsqueda del éxito inmediato conducen a justificar la manipulación de la verdad, el abuso de los vacíos legales y la defensa de intereses contrarios a la justicia. Más que exaltar estas conductas, la obra evidencia las consecuencias que produce la normalización de los atajos, el oportunismo y la pérdida progresiva de los principios que deben orientar el ejercicio profesional.
Esta narrativa encuentra un preocupante paralelismo en diversas prácticas presentes en la administración pública y en otros espacios de poder. La obtención de un contrato o un cargo mediante favores políticos, relaciones de influencia o acuerdos clientelares, prescindiendo del mérito, la capacidad o la experiencia profesional, representa una de las manifestaciones más visibles de la captura institucional. Estas prácticas erosionan los principios de meritocracia, igualdad de oportunidades y profesionalización del servicio público, al tiempo que desalientan el esfuerzo y excluyen a quienes cuentan con las competencias necesarias, pero carecen de conexiones políticas o económicas. De esta manera, se consolida un sistema que premia la lealtad personal por encima de la excelencia, debilita la confianza ciudadana en las instituciones y transmite el mensaje de que el éxito depende más de las influencias que del talento, el trabajo y la integridad.
Estas prácticas no son nuevas en la historia del pensamiento político. Sócrates expresó profundas reservas sobre la democracia ateniense al advertir que, cuando una sociedad carece de una ciudadanía informada y de una sólida formación ética, el poder puede terminar en manos de quienes dominan el arte de persuadir antes que el de gobernar con sabiduría y virtud. Su preocupación no estaba dirigida contra la democracia como ideal político, sino contra la posibilidad de que la demagogia, el populismo y la manipulación sustituyeran al mérito, la capacidad y la integridad como criterios para acceder al poder.
Esta reflexión conserva vigencia en sociedades donde la cultura democrática aún enfrenta importantes desafíos. Cuando el clientelismo, el favoritismo y las alianzas basadas en intereses particulares prevalecen sobre la competencia y el servicio público, las instituciones tienden a reproducir liderazgos poco comprometidos con el bien común. En ese contexto, la metáfora de los Thénardier, los inescrupulosos antagonistas de Jean Valjean en la novela Los miserables de Victor Hugo, ilustra cómo el oportunismo y la ausencia de principios pueden llegar a normalizarse dentro de una sociedad. El riesgo es que los ciudadanos, por desinformación, resignación o dependencia política, terminen eligiendo a quienes menos preparados están para conducir el Estado, perpetuando un círculo de mediocridad institucional y debilitando la confianza en la democracia.
Hemos llegado a normalizar niveles de corrupción que, en una democracia consolidada, resultarían social y jurídicamente inaceptables. La apropiación indebida de recursos públicos por parte de algunos funcionarios, la persistencia de elevados índices de impunidad y la percepción de una justicia selectiva —que con frecuencia parece castigar con mayor severidad a los más vulnerables que a quienes detentan poder político o económico— han contribuido a erosionar la confianza ciudadana en las instituciones. A ello se suma una violencia persistente, particularmente contra las mujeres, la niñez y otros grupos en condición de vulnerabilidad, frente a la cual la respuesta estatal continúa siendo insuficiente.
Esta normalización también se manifiesta en la aceptación social de prácticas que deberían generar un amplio rechazo. Con frecuencia se considera natural que los funcionarios públicos reciban recursos ajenos a su remuneración para financiar campañas políticas o que los contratos estatales se sobrevaloren bajo el argumento de que esa es la única forma de ejecutar obras públicas. La expresión popular «roban, pero hacen» resume con crudeza esta lógica perversa: la corrupción deja de percibirse como una grave violación al interés público y pasa a ser tolerada como un costo inevitable de la gestión gubernamental. Sin embargo, esta narrativa no solo legitima el desvío de recursos destinados al bienestar colectivo, sino que también debilita la rendición de cuentas, deteriora la calidad de los servicios públicos y profundiza el desencanto ciudadano con la democracia y el Estado de derecho.
Superar esta realidad exige mucho más que reformas legales o cambios de gobierno; requiere la construcción de una auténtica cultura democrática y de una ciudadanía comprometida con los valores republicanos. Ello implica fortalecer la educación cívica, recuperar la ética pública y consolidar principios como la honestidad, la integridad, la responsabilidad y el respeto por la legalidad como pilares esenciales del Estado democrático de derecho. Mientras el éxito continúe asociado al oportunismo, al clientelismo o a la búsqueda de atajos, será difícil romper los ciclos de corrupción, impunidad y deterioro institucional que han limitado el desarrollo del país.
De igual manera, la sociedad civil debe asumir un papel más activo en la defensa de la democracia. La participación ciudadana no puede reducirse al ejercicio periódico del voto; debe traducirse en una vigilancia permanente sobre el ejercicio del poder público, exigiendo transparencia, rendición de cuentas y respeto al Estado de derecho. Como ya lo advierte la filósofa Hannah Arendt al reflexionar sobre de la democracia, el poder que carece de controles efectivos tiende a expandirse y a actuar en beneficio propio antes que en favor del interés general. Por ello, una sociedad crítica, informada y participativa constituye la principal garantía para preservar las libertades, prevenir los abusos de poder y construir instituciones al servicio de toda la ciudadanía.
Honduras no necesita únicamente mejores leyes, más instituciones o nuevos gobernantes; necesita, sobre todo, una ciudadanía que recupere la capacidad de indignarse frente a la corrupción y de exigir que el mérito, la honestidad y la integridad vuelvan a ser los principios que orienten la vida pública. Ninguna democracia puede consolidarse cuando el éxito depende de los atajos, las influencias o la impunidad. Mientras sigamos justificando lo injustificable y premiando a quienes degradan las instituciones, continuaremos atrapados en un círculo de pobreza, desconfianza y mediocridad. El verdadero cambio comenzará el día en que la sociedad deje de admirar a los «Saul Goodman» de la política y decida construir un país donde el respeto por la ley, la ética pública y la responsabilidad ciudadana sean el único camino legítimo hacia el desarrollo.
