El letargo, la complicidad y la normalización de los entes persecutories del delito y de la justicia impiden la resolución de los femicidios, lo cual ha provocado la desesperanza en la población, al punto de condenar a las familias de las víctimas a vivir con una herida abierta, y permitir que la impunidad y el paso de los años favorezcan a los femicidas.
Tegucigalpa, Honduras. – La normalización de la violencia contra la mujer y los femicidios arropados por la falta de justicia, han ocasionado el repudio de gran parte de la población, pero también un ambiente de desesperanza que deja esa herida abierta.
Con un mensaje de desaliento, resignación y sin credibilidad en la justicia de Honduras, la madre y la prima de la joven Cinthia Melissa Hernández Cruz de 18 años, retiraron su cuerpo de la morgue del Ministerio Público (MP), en un escenario en que el endurecimiento de la pena contra el femicidio entró en vigencia, pero este delito sigue pasando por encima de cualquier ley escrita pero no accionada.
El martes 30 de junio, la Policía Nacional encontró el cuerpo de Cinthia semienterrado en el patio de su propia casa en colonia La Sosa de Tegucigalpa. Este escenario ocurre en medio de la puesta en vigencia del endurecimiento de la pena contra el femicidio y la creación de los Juzgados Especializados, publicado el 4 de julio en Diario Oficial La Gaceta.
Cabe destacar que la pareja de Cinthia Hernández permanece prófugo de la justicia, solo tenían seis meses de conocerse cuando ella se fue a vivir con él recientemente a esa vivienda en La Sosa.
Frente a un medio de comunicación local, María Cruz, madre de Cinthia, señaló que ella espera que, “Dios se encargue de todo, él sabe a quién le va a pedir cuentas de esto, yo no puedo hacer nada”.
Mientras que Lesly Zelaya reprochó el letargo de los operadores de justicia y la impunidad que impera en Honduras, al denunciar: “No espero nada de la Policía porque esos casos quedan impunes, no sé en qué circunstancias estamos en este país que las autoridades pasan cuando los crímenes ya están hechos”.
En otra entrevista, reiteró que pedir una respuesta de los entes de seguridad y persecutores del delito es perder tiempo, gastar saliva, porque solo dan largas para finalmente no resolver nada.
La madre de Cinthia tenía 22 días desde que la vio por última vez, su hija antes residía en la colonia San Miguel y habían quedado pendientes de verse para llevarla a conocer la casa a la que se había mudado con su pareja.
El portavoz del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, Edgardo Cruz, señaló que los resultados de la autopsia de la joven son información confidencial y que Medicina Forense y la Fiscalía Especial de delitos Contra la Vida se encargarán de dicha información.
Según la información, las autoridades han dirigido las investigaciones hacía la pareja, de quien desconocen su paradero. Se compartió que fue él quien llamó a la madre de la joven para decirle que Cinthia había salido de la casa sin avisarle y que no había regresado.
Luego de esa noticia, la familia de la víctima inició a buscarla y la reportaron como desaparecida desde el 22 de junio. Los familiares colocaron afiches en varias zonas del Distrito Central y solicitaron ayuda para encontrarla a través de los medios de comunicación.
No fue hasta el 30 de junio que se supo de Cinthia, cuando residentes de colonia La Sosa contactaron a la Policía para reportar un olor que provenía desde una casa de la zona. Lo extraño es que, al llegar, la vivienda estaba cerrada con un candado externo y no había nadie dentro, tampoco la pareja de la joven. Al salir al patio de la vivienda se percataron que había tierra removida, luego de revisar encontraron el cuerpo de la joven.
EL CONTEXTO DEL FEMICIDIO OBLIGA A IR MÁS ALLÁ
Durante una entrevista sobre este caso, Cristina Alvarado, coordinadora actual del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, comentó a Criterio.hn que supuestamente vivimos en un Estado de derecho.
Sin embargo, las familias de las víctimas no desconocen que se enfrentan a un proceso largo en el cual es más probable que la mujer asesinada sea criminalizada y culpabilizada, mientras los femicidas viven libres y se mueven en la sociedad en libertad, pese a ser personas eminentemente peligrosas.
“La señora habla desde la desesperanza, desde su realidad. Las mujeres a diario están gestionando la sobrevivencia rodeada de niveles violencia, ella tenía 18 años y que su propia pareja la haya asesinado, dice que ella viene de una constante de violencia en su vida”, analizó Cristina Alvarado.
Probablemente muchos factores sociales y económicos la obligaron a sostener una relación de pareja a muy temprana edad, sin saber qué implicaciones tiene una vida de pareja y si ese fue el mecanismo de salida de otra situación más terrible.
En general, todas las circunstancias que envuelven los casos de femicidio son producto de lo que el Estado dejó de hacer, lo que llama a un abordaje integral y multidisciplinario para ver las raíces de la violencia, que es una estructura sostenida por un sistema y patrones culturales que normalizan la violencia.
Alvarado comparó este caso con el de Lesbia Perdomo, que sucedió en Siguatepeque, Comayagua, ella fue asesinada por su exnovio, cuatro años después, cada vez que hay una audiencia la postergan y no se mantiene al tanto de nada a la madre de la víctima, ni a los interesados en la resolución del caso. Mientras el tiempo pasa, el femicida se defiende en libertad, además que aún se desconoce cuándo será la audiencia para dictar la sentencia firme.
Sobre las últimas estadísticas, compartió que, según un informe reciente de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), de 2019 al 2025 se registraron oficialmente 2,278 femicidios y, en ese periodo según la data del Poder Judicial, se judicializaron 150 de esos casos y solo 67 recibieron una sentencia condenatoria.
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CRIMINALIZAN A LA VÍCTIMA Y MIENTRAS EL AGRESOR ES UN PELIGRO EN LIBERTAD
Lo dicho por la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre, en consenso con el ministro de Seguridad, Gerzon Onán Velásquez Aguilera, ha generado malestar en organizaciones de derechos de la mujer, porque siendo la defensora del pueblo, sentenció que hay femicidios que se dan porque las mujeres se meten a estructuras criminales.
Lo anterior, contradice lo que dicen los estudios y cifras oficiales del Observatorio de la violencia (ONV), del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que revela que la mayoría de las muertes son por alguien dentro del círculo íntimo, es decir, la pareja o una persona dentro del vínculo familiar.
Según el IUDPAS, solo entre el 3% y 6% están involucradas en actividad criminal, por lo cual en lugar de culpabilizar a la mujer se debe investigar más a fondo y poner la lupa sobre los responsables.
Isla destacó que al culpar a la mujer se le quita la responsabilidad al Estado de garantizar seguridad, leyes y políticas públicas que se cumplan e ir más allá de reformas que quedan escritas en papel. Mientras haya hombres y mujeres operadores de justicia cómplices de los agresores no se resolverá el problema del femicidio.
Al contrario, Isla comentó que a través de las noticias observó que ha reportado un aumento en las agresiones contra las mujeres. Mencionó que se debe hacer una revisión de las buenas prácticas que se han logrado y las que están pendientes. Por ejemplo, mencionó que no se ha logrado la entrega del presupuesto al Ministerio Público (MP) para que se investigue y se reduzca la impunidad.
Datos recolectados a través de monitoreo de prensa escrita y electrónica a nivel nacional, del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), contabiliza 117 muertes violentas de mujeres y femicidios, del 01 de enero al 31 de mayo de 2026, según los medios de comunicación impresos y digitales.
