En Honduras vemos un Congreso Nacional (CN) caracterizado casi por un “culto” y una bandera Pro Vida. Se movilizan identidades alrededor de estos grupos conservadores, se forman esas alianzas políticas y religiosas, por lo tanto, estas alianzas tienen un fuerte impacto en la estructura del Estado, y cómo se moldea el Estado alrededor del cumplimento de los derechos de unos grupos u otros, analizó Dulce Davis.
Diseño de portada: Ruth Moncada/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. – El gobierno de Honduras se ha sumado a la reconfiguración acérrima internacional que prioriza el enfoque antigénero y fortalece la movilización y consolidación de proyectos políticos conservadores, orientados a construir identidades colectivas, delimitar adversarios políticos y promover visiones sobre el orden social, la familia y la ciudadanía.
Este jueves 18 de junio, en la presentación del informe de los Derechos de las Mujeres en Disputa: una mirada feminista de la reconfiguración del Estado hondureño, organizaciones de mujeres y feministas y de sociedad civil, expusieron las distintas aristas que desglosan la situación de los derechos de las mujeres, en el marco de la actual reconfiguración del Estado de Honduras.
Para empezar, persististe una brecha profunda entre el reconocimiento formal de los derechos y la capacidad efectiva del Estado para garantizarlos, particularmente en ámbitos como la prevención de la violencia, la autonomía económica, la participación política, el acceso a la justicia y los derechos sexuales y reproductivos.
Asimismo, los debates sobre igualdad de género, derechos sexuales y reproductivos, diversidad sexual y autonomía corporal dejan de ser considerados únicamente asuntos sectoriales. Por el contrario, se transforman en los principales espacios de disputa sobre el modelo de sociedad, ciudadanía y democracia que se pretende construir.
Como resultado, las demandas de las mujeres y de las diversidades sexuales adquieren una centralidad particular, dentro de los conflictos culturales y políticos impulsados por sectores conservadores.
Dulce Davis, investigadora, psicóloga y coordinadora de proyectos en el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), explicó que, cuando se habla de las derechas contemporáneas, destaca principalmente Donald Trump (presidente de Estados Unidos) o un Javier Milei (presidente de Argentina), y aquí, si lo traemos a nuestro contexto, está el presidente de Honduras, Nasry Asfura y, volviendo atrás, estaba Juan Orlando Hernández (expresidente y expresidiario), es decir, no es novedoso, es una agenda que ya lleva extendiéndose por mucho tiempo.
Estas dinámicas no responden de forma exclusiva a procesos nacionales; obedecen a configuraciones transnacionales y transreligiosas que articulan a actores políticos, organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento, fundaciones, movimientos religiosos y sectores económicos. Estas redes intercambian recursos, discursos, estrategias de comunicación y repertorios de movilización para difundir narrativas comunes sobre la familia, la sexualidad, la educación y los derechos de las mujeres.
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DEUDAS PENDIENTES, PREVENCIÓN SECUNDARIA Y RESPUESTA PUNITIVA
De manera paralela, las organizaciones feministas han advertido que continúa pendiente la aprobación de la Ley Especial Integral contra las Violencias hacia las Mujeres (LEI-CVM), una propuesta orientada a sustituir el enfoque limitado de la actual Ley Contra la Violencia Doméstica, por un marco integral que reconozca múltiples formas de violencia, que fortalezca las obligaciones estatales en materia de prevención, atención, protección, reparación y asignación de recursos, así como sigue pendiente la Ley especial contra la Violencia Política.
Según las organizaciones feministas, las reformas aprobadas privilegian una lógica de “mano dura” centrada en el castigo penal posterior a ldelito, en lugar de articular una política integral de prevención y protección. También sostienen que la reducción de la violencia requiere intervenciones sostenidas en edición para generar igualdad, autonomía económica de las mujeres, fortalecimiento institucional, formación especializada para operadores de justicia y construcción de redes integrales de protección y atención.
Las reformas aprobadas en el Congreso Nacional evidencian que la violencia contra las mujeres mantiene presencia dentro de la agenda pública y legislativa del Estado hondureño. Sin embargo, los cambios normativos aprobados en las reformas mencionadas, muestran una orientación clara hacia el fortalecimiento de los mecanismos de persecución penal, endurecimiento de sanciones y ampliación de herramientas judiciales para enfrentar la violencia contra las mujeres.
Diversas organizaciones feministas y de mujeres han cuestionado que estas reformas se concentran principalmente en el castigo y no formen parte de una estrategia integral pata abordar las caudas estructurales de la violencia.
Por tal razón, han expresado públicamente que el endureciendo de las penas, por sí solo, resulta ineficiente frente a problemas persistentes como la impunidad, las deficiencias en la investigación criminal, la ausencia de formación especializada en genero dentro del sistema de justicia y la revictimización de justicia y la revictimización institucional.
Dulce Davis, expresó que “es importante aclarar algo, Honduras es un país sumamente conservador y las derechas contemporáneas saben cómo capitalizar todo eso. El tema de género y sexualidad se convierte en disputa política, se lleva a un corte político, para construir adversario alrededor y ahí está ‘Con mis hijos no te metas’, ‘Por mis hijos’, y vemos todas esas alianzas que estos gobiernos han construido con grupos sumamente conservadores”.
Vemos un Congreso Nacional caracterizado casi por un “culto” y una bandera Pro Vida que inició con el gobierno actual. Se movilizan identidades alrededor de estos grupos conservadores, se forman esas alianzas políticas y religiosas, por lo tanto, estas alianzas tienen un fuerte impacto en la estructura del Estado, y cómo se moldea el Estado alrededor del cumplimento de los derechos de unos grupos u otros, analizó Dulce Davis.
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PERSISTENCIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Suyapa Martínez, directora del Centro de Estudios de la Mujer (CEM), dijo a Criterio.hn que el problema radica en que el Congreso Nacional no mira la violencia contra las mujeres desde la integralidad.
Para ver resultados efectivos en cuanto a la erradicación del femicidio, deben hacer reformas integradoras y altamente consultadas con las organizaciones para que en realidad les dé respuesta.
Lo anterior, debe estar sumado a la presupuestación tanto para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como para el Ministerio Público (MP) en lo que tiene que ver con las investigaciones. Al no existir prevención van a seguir matando mujeres, aunque se dicten sentencias contra femicidas.
“Se necesita hacer una reforma a la currícula educativa para trabajar desde la niñez y que estos niños no se creen pensando que, por ejemplo, golpear a las mujeres es normal, igual en el ámbito comunitario hay que hacer una amplia discusión en los territorios sobre la violencia contra las mujeres”, subrayó, Suyapa Martínez.
Entre las políticas públicas que aún no se han tomado en cuenta, están: el Tercer Plan de Justicia de Género, el Plan de Prevención de Femicidios, que aún no tiene recursos asignados y fue aprobado por la Comisión de Seguimiento de las Muertes Violentas de Mujeres. Recientemente las organizaciones conversaron con el secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, para manifestarle que era un tema prioritario para hacer una intervención integral y atender la problemática.
A pesar de la existencia de instituciones, de la creación de leyes y programas especializados, persiste un desfase profundo entre los compromisos normativos y la capacidad efectiva del Estado para garantizar protección y acceso a la justicia, esta situación ocurre en un contexto de persistencia de la violencia contra las mujeres de acuerdo con datos del Observatorio de la Violencia del Centro de Derechos de Mujeres (CDM): durante 2025 se registraron 262 muertes violentas de mujeres, equivalente a una mujer asesinada cada 33 horas.
Además, durante los primeros cinco meses de 2026, se registraron 111 asesinatos de mujeres, equivalente a una mujer asesinada cada 32 horas. El acceso a la justicia efectiva continúa enfrentando obstáculos críticos, aunque los juzgados contra la violencia doméstica constituyen el principal mecanismo especializado de atención, su cobertura territorial es sumamente limitada y se concentra principalmente en las principales ciudades del país.
En la mayoría de los municipios las mujeres deben acudir abogados de paz o no especializados, lo cual denota una clara desigualdad territorial en el acceso a la protección de la ley, sumado a eso, el sistema judicial adolece de insuficiencia de personal técnico, altas cargas de trabajo, morosidad procesal en la aplicación de medidas de protección y deficiencia severas para brindar acompañamiento psicosocial integral a las víctimas.
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AVANCES NORMATIVOS Y DESAFÍOS PENDIENTES
Pese a los avances normativos de 2026, la existencia de reformas legales no elimina las deudas históricas del movimiento social como la impunidad, la insuficiente cobertura territorial, capacidades institucionales, acceso a la justicia, disponibilidad de recursos especializados y coordinación interinstitucional. Dichas dificultades afectan especialmente a mujeres rurales, indígenas afrodescendientes y mujeres con discapacidad, ninguna condena sustituye la necesidad de desarrollar políticas integrales de prevención.
En la exposición, señalaron que la estrategia económica estatal otorga prioridad a sectores vinculados con minería, energía, infraestructura y conectividad, lo cual sitúa la discusión sobre los derechos territoriales y ambientales en un lugar estratégico dentro de la reconfiguración económica impulsada por el Estado.
Desde una perspectiva de género este modelo perpetúa la distribución desigual de recursos y oportunidades. Las mujeres rurales enfrentan barreras adicionales para acceder a la tierra, financiamiento y medios de producción. Asumen una parte importante de las responsabilidades vinculadas al sostenimiento cotidiano de la vida en los territorios.
Asimismo, la persecución contra las defensoras de territorio refleja que los conflictos por el uso del control de los recursos naturales también es un escenario donde se disputa el poder, el liderazgo y la participación política comunitaria.
LA EDUCACIÓN SEXUAL, DISPUTA SOBRE VALORES Y DERECHOS
En este sentido, la educación sigue siendo una prioridad presupuestaria para el Estado, sin embargo, el fortalecimiento financiero del sector no ha estado acompañado por una estrategia visible orientada a la igualdad de género o a la educación sexual integral, al mismo tiempo los hallazgos evidencian una mayor presencia de actores religiosos en debates y espacios vinculados en la política educativa.
El estudio reafirma que la influencia de actores religiosos y familiares adquiere una mayor visibilidad dentro del debate público, mientras que los enfoques centrados en igualdad de género y educación sexual integral aparecen menos visibles dentro de las prioridades identificadas.
El informe revela que en los primeros meses de la gestión del presidente Nasry Asfura Zablah (2026-2030), la tendencia predominante no es el desmantelamiento de la institucionalidad de género, sino su preservación formal en un plano secundario de la agenda pública, aunque continúan vigentes instituciones como SeMujer, la Política Nacional de la Mujer, el III Plan de Igualdad y Justicia de Género y otros mecanismos orientados a promover la igualdad, las verdaderas prioridades gubernamentales se concentran en el crecimiento económico, la atracción de inversiones, la generación de empleo, la seguridad y la gobernabilidad, explicó Dulce Davis, respecto a las conclusiones del informe.
