Mientras ambas organizaciones respaldan la iniciativa que dividiría la ENEE en tres sociedades mercantiles, analistas consultados por Criterio.hn advierten que CNA y ASJ han moderado sus cuestionamientos al gobierno de Nasry Asfura, pese al estancamiento de la promesa de instalar un mecanismo internacional anticorrupción en el país.
En medio de un proceso legislativo que avanza sin una consulta amplia a sectores sociales, sindicatos, organizaciones comunitarias y consumidores, la posición asumida por ASJ y CNA ha pasado a formar parte del debate sobre quién representa realmente a la sociedad civil y qué tan independientes son los actores llamados a fiscalizar al poder.
Diseño de portada: Ruth Moncada/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. –El respaldo expresado por organizaciones como la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) a la reforma energética impulsada y el silencio ante un gobierno que no ha mostrado interés público en retomar las negociaciones con la Organización de Naciones Unidas (ONU) para instalar un mecanismo internacional anticorrupción, ha despertado cuestionamientos entre analistas y sectores sociales, que consideran que estas organizaciones han reducido su nivel de exigencia a la actual administración de Nasry Asfura Zablah.
Analistas consultados por Criterio.hn han cuestionado que estas organizaciones de sociedad civil han abandonado su papel de vigilancia y control ciudadano frente a prácticas corruptas en la administración pública y la aprobación de leyes lesivas a la población.
La reforma energética, que propone la escisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en tres sociedades mercantiles encargadas de la generación, transmisión y distribución de energía, es vista por diversos sectores, entre ellos ingenieros y expertos del sector eléctrico, como un primer paso hacia la privatización de la estatal.
Mientras organizaciones como ASJ y CNA han participado en espacios de discusión y han expresado su apoyo a la iniciativa, que se encuentra en su segundo debate en el Congreso Nacional. Incluso han señalado que con este decreto se “crea un primer marco para avanzar hacia un sector eléctrico más moderno”.
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No obstante, voces críticas sostienen que el proceso no ha sido suficientemente socializado con la ciudadanía y que existe un riesgo de que se transfiera a actores privados el control efectivo de un servicio estratégico para el país.
El sociólogo y analista político Engels López considera que el respaldo de estas organizaciones de sociedad civil no otorga legitimidad social al proceso, aunque sí contribuye a fortalecer la narrativa oficial alrededor de la reforma energética y otros proyectos aprobados por el Congreso Nacional a iniciativa del Poder Ejecutivo.
“Estas organizaciones históricamente han defendido y promovido los intereses de la clase dominante. Hoy se convierten en actores importantes al momento de adoptar la narrativa oficialista, especialmente porque cuentan con una amplia capacidad de influencia mediática”, dijo a Criterio.hn el entrevistado.
Sostuvo que la posición asumida por estas organizaciones forma parte de una reconfiguración política que las acerca cada vez más a las élites políticas y a los sectores de poder.
Pie de foto: Engels López, manifestó que “no es casualidad que salgan respaldando leyes como la reforma energética de la ENEE, promovieron el juicio político y legitimaron la ley de empleo parcial. Esa una sociedad civil vasalla”.
A este cuestionamiento se sumó el exdirector de Radio Progreso y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Ismael Moreno Coto, quien puso en tela de juicio la independencia de organizaciones que se presentan como representantes de la sociedad civil, pero que, según dijo, han mostrado una cercanía histórica con sectores partidarios y grupos de poder.
“No veo independencia, sino subrogación. Su independencia está completamente condicionada por compromisos con sectores empresariales y políticos”, señaló el entrevistado.
Moreno advirtió que, aunque formalmente la empresa continúe siendo propiedad estatal, la privatización puede materializarse en la práctica si la administración de áreas clave queda en manos privadas.
“Cuando la generación, distribución o transporte de la energía pasa a ser administrada por entes privados, entonces en la práctica eso se llama privatización, aunque se le quiera llamar de otra manera”, expresó.
El sacerdote jesuita también cuestionó que organizaciones que se presentan como representantes de la sociedad civil respaldan una reforma que, según diversos sectores, no ha sido ampliamente socializada con la ciudadanía.
Pie de foto: Ismael Moreno, sacerdote jesuita, adelantó que existe el riesgo de que estas organizaciones sean utilizadas para validar decisiones previamente acordadas entre actores políticos y económicos.
El exdirector de Radio Progreso indicó que Honduras atraviesa un debilitamiento de sus mecanismos de control institucional, al considerar que se han perdido los contrapesos que sostienen una democra
cia.
A su juicio, el país ha llegado a un nivel preocupante de deterioro democrático, ya que tanto la democracia como el Estado de derecho se fundamentan en la existencia de pesos y contrapesos que permitan limitar el poder y garantizar el equilibrio entre las instituciones.
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SILENCIO TOTAL ANTE EL DESINTERES DEL GOBIERNO PARA INSTALAR LA CICIH
Los cuestionamientos también alcanzan el papel que estas organizaciones han desempeñado frente a otros temas que anteriormente ocuparon un lugar central en su agenda pública.
Analistas consultados por este medio digital señalan un cambio en el manejo de la lucha contra la corrupción y el silencio del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), frente a la paralización de las negociaciones para instalar una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
Durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro Sarmiento (2022-20226), tanto ASJ como CNA exigieron de manera constante la instalación de la CICIH, reprochando los pocos avances que se realizaron en temas de lucha contra la corrupción.
Para los críticos, esta cercanía con las instituciones del Estado plantea interrogantes sobre la capacidad de estas organizaciones para ejercer un control independiente sobre el poder público.
Engels López, analista y sociólogo, expone que la lucha contra la corrupción y la impunidad, son sólo es un mecanismo que utilizan, para desviar el debate y la narrativa sobre “los problemas estructurales que determinan la corrupción: estado oligárquico, economía criminal y una acumulación capitalista que se basa en el saqueo promovido desde el Estado”.
Por su parte, Ismael Moreno Coto considera que la diferencia en el trato que reciben distintos gobiernos por parte de organizaciones de sociedad civil termina afectando su credibilidad pública.
«A mí me parece que era válido que ASJ y CNA cuestionaran a la administración anterior. Era una crítica legítima, pero debía hacerse desde una posición independiente de los poderes políticos, militares, empresariales y partidarios», expresó el entrevistado.
Asimismo, reprochó que la actitud actual de ambas organizaciones genera la percepción de que sus críticas pasadas no respondían exclusivamente a una identidad autónoma de sociedad civil, sino también a afinidades o compromisos con sectores políticos opositores al gobierno anterior.
«Hoy da la impresión de que las críticas al gobierno se hacen con guante de seda. Es como cuando un hermano cuestiona a otro hermano, porque lo hace con amabilidad, con cuidado y hasta con una palmada en la espalda», señaló.
Para el religioso, cuando los señalamientos hacia la administración de turno pierden la firmeza mostrada en el pasado, las organizaciones pueden conservar su valor técnico, pero corren el riesgo de debilitar su legitimidad política ante la ciudadanía.
