Con la aprobación de la reforma energética –impulsada por la administración de Nasry Asfura Zablah– se plantea la derogación de la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica y Social.
Especialistas en temas de energía sostienen que la reforma no resolverá los problemas estructurales de la ENEE, como el endeudamiento y las pérdidas técnicas y no técnicas, pero sí podría facilitar la participación de la estatal que pasaría a manos privadas.
La propuesta legislativa permitiría que grandes consumidores negocien directamente con generadores privados, mientras la ENEE quedaría concentrada en los usuarios residenciales, un escenario que analistas consideran riesgoso para la estabilidad financiera de la estatal.
Tegucigalpa, Honduras. –Con el argumento de sanear las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el Congreso Nacional se apresta a aprobar una ley especial que conlleva a la privatización del sector eléctrico con la partición de la estatal eléctrica en tres sociedades mercantiles.
Analistas y especialistas en el sector energético consultados por Criterio.hn advierten que la iniciativa podría abrir la puerta a una privatización encubierta de la estatal energética y transformar radicalmente el modelo eléctrico hondureño.
La propuesta, enviada por el Poder Ejecutivo durante la última semana de mayo de 2026, plantea la derogación de la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como Bien Público –que provocó un quiebre en las relaciones entre Honduras y Estados Unidos— aprobada en 2022, y establece una nueva estructura para el funcionamiento del sector energético nacional.
Entre los principales cambios figura la separación funcional de la ENEE en tres áreas: generación, transmisión y distribución de energía. Asimismo, contempla la creación de un Operador del Sistema y Mercado (OSM) independiente y fortalece las facultades regulatorias de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).
No obstante, el artículo 6 del proyecto ha despertado las mayores alarmas entre analistas y académicos del sector. Dicho apartado ordena la transformación y escisión de la ENEE en sociedades mercantiles que asumirán las funciones de generación, transmisión y distribución.
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UNA PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA
Según el anteproyecto de ley, estas nuevas empresas subsidiarias seguirán siendo propiedad del Estado a través de la ENEE, como empresa matriz. Sin embargo, especialistas consideran que la figura jurídica escogida deja abierta la posibilidad para una futura participación accionaria privada.
El docente de la carrera de ingeniería eléctrica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) , Dennis Rivera, dijo a Criterio.hn que la utilización del concepto de «sociedades mercantiles«, dentro del borrador del anteproyecto de ley, constituye una señal preocupante.
El ingeniero eléctrico remarcó que las sociedades mercantiles operan bajo esquemas accionarios que permiten la incorporación de inversionistas privados, situación que podría derivar en el control efectivo de activos estratégicos por parte de actores particulares.
Rivera recuerda que durante la aprobación de la Ley General de la Industria Eléctrica, en 2014, se eliminó deliberadamente la figura de sociedades anónimas debido a los cuestionamientos relacionados con una eventual privatización de la estatal eléctrica.
“Si se crean sociedades mercantiles, inevitablemente habrá acciones y accionistas. El riesgo es que los privados terminen controlando empresas que administrarán activos públicos sin que exista una venta formal de los mismos”, advirtió el entrevistado.
En esa línea se expresó el exgerente de la ENEE y extitular de la Secretaría de Energía (SEN), Erick Tejada, quien explicó que esta normativa vendría a “destruir la estatal eléctrica” y ser “la antesala de la privatización de los activos de la ENEE”.
Desde su cuenta de X,el exfuncionario señaló que uno de los aspectos más preocupantes de la iniciativa es la privatización del despacho de energía, una función que en la mayoría de países está bajo control estatal debido a su importancia para la seguridad nacional y la soberanía energética.
Según Tejada, la propuesta trasladaría esa responsabilidad al sector privado mediante la creación del Operador del Sistema y el Mercado (OSM), una nueva entidad jurídica que asumiría la administración del Centro Nacional de Despacho.
Asimismo, señaló que esta transformación implicaría la privatización de activos públicos valorados en aproximadamente 1,000 millones de lempiras, adquiridos con recursos del Estado, a través de modificaciones al artículo 9 de la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), la derogación del artículo 10 del Decreto 46-2022 y la ampliación de los alcances de la reforma contenida en el artículo 5 de la denominada contrarreforma.
Para los analistas, la reforma no implica una privatización tradicional basada en la venta directa de bienes estatales, sino una transferencia progresiva del control operativo y estratégico de la estatal eléctrica a estructuras corporativas.
La iniciativa otorga amplias facultades a la Junta Directiva de la ENEE para definir cómo se repartirán los activos, las deudas, el personal y los contratos entre las empresas que surgirán tras la división de la estatal. Asimismo, le permite determinar el valor del capital inicial de cada subsidiaria en función de los bienes que recibirá.
La separación de la ENEE tendrá validez legal una vez que la Junta Directiva apruebe el acuerdo de escisión y este sea inscrito en el Registro Mercantil de Francisco Morazán. Todo el proceso será conducido por el Poder Ejecutivo bajo la supervisión de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).
Otro aspecto relevante es el artículo 9 del proyecto, el cual establece que los bienes de las nuevas empresas subsidiarias estarán regulados únicamente por la nueva ley, la Ley General de la Industria Eléctrica, el Código de Comercio y las disposiciones civiles.
En la práctica, esto significa que dichos activos dejarían de estar sujetos a las normas que regulan los bienes del Estado, incluyendo el Sistema de Administración de Bienes Nacionales y los controles aplicados al patrimonio público. Los expertos consideran que este cambio podría reducir los mecanismos de supervisión estatal sobre bienes que actualmente pertenecen a la nación.
Además, cualquier aumento o reducción de capital relacionado con bienes muebles o inmuebles de las subsidiarias se regirá por las normas del Código de Comercio aplicables a las sociedades mercantiles, reforzando el carácter empresarial que tendrán estas nuevas entidades.
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REFORMA ENERGÉTICA GOLPEARÁ A CLIENTES RESIDENCIALES
Actualmente, la ENEE concentra la compra y distribución de energía para la mayoría de consumidores del país. Con el nuevo esquema, grandes usuarios podrían abandonar la estatal y contratar directamente con generadores privados, mientras que el sector residencial quedaría como único abonado de la ENEE.
Entre los potenciales beneficiarios figuran industrias, maquilas, centros comerciales, hospitales privados y grandes comercios que podrían negociar contratos más favorables con empresas generadoras.
Dennis Rivera, catedrático universitario e ingeniero, indicó que los consumidores residenciales serían los más vulnerables ante cualquier distorsión tarifaria, ya que “no tendrán posibilidad de negociar contratos directos”.
“La empresa perdería a sus mejores clientes y se quedaría con las obligaciones financieras, las deudas históricas y los usuarios de menor capacidad económica”, explicó.
El también ingeniero eléctrico, Juan José Arita, alertó que, en virtud que la nueva ley eliminaría el marco normativo que declaró la energía eléctrica como derecho humano, se estaría eliminando cualquier posibilidad de otorgar subsidios como el que el gobierno anterior aprobó para los consumidores residenciales cuyo consumo era inferior a 150 megavatios hora el mes. Asimismo, proyectos de electrificación rural y otros programas sociales.
Un análisis realizado por profesionales de la ingeniería eléctrica señala que con la aprobación del proyecto de ley, la estatal eléctrica quedaría sin clientes y la expansión de la generación se detendría.
Según el análisis, la masiva salida de consumidores calificados podría comprometer la expansión futura del sistema eléctrico. En ese sentido, los especialistas argumentan que sin una empresa distribuidora sólida que garantice demanda suficiente, se dificultará la contratación de nuevos proyectos de generación de energía a gran escala, especialmente plantas de gas natural que permitan sustituir la dependencia de combustibles derivados del petróleo.
De acuerdo con los profesionales de la ingeniería eléctrica, Honduras podría continuar dependiendo de generación basada en búnker y diésel, siendo las más costosas y contaminantes del mercado energético.
Asimismo, advierten que la expansión de las redes de transmisión y distribución podría verse afectada si no se establecen mecanismos claros para que los consumidores que abandonen la ENEE continúen contribuyendo al financiamiento de la infraestructura eléctrica nacional.
La preocupación también alcanza a diversos costos regulatorios asociados al sistema, entre ellos los cargos por respaldo de potencia, regulación de frecuencia, líneas regionales de interconexión, pagos al mercado eléctrico centroamericano y obligaciones financieras pendientes.
Si estos costos no son distribuidos adecuadamente, terminarían siendo absorbidos por los usuarios que permanezcan como abonados de la estatal. En consecuencia, los especialistas consideran probable un aumento en las tarifas para los consumidores residenciales.
Según el informe Estadístico Anual del Subsector Eléctrico Nacional de 2024, el sector residencial representa un 46.53% del consumo entre todos los sectores.
Aunque los demás sectores representan menos del 1% de los usuarios, su consumo de energía sigue siendo significativo dentro de la demanda nacional.
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REFORMA ENERGÉTICA NO ES LA RESPUESTA A PROBLEMAS DE LA ENEE
Los entrevistados también cuestionan que la reforma se presente como una solución a los problemas históricos de la estatal eléctrica como la deuda acumulada, porque ni las pérdidas de energía, que rondan el 38%, desaparecerán con la simple apertura del mercado.
Por el contrario, consideran que la iniciativa evita abordar las causas estructurales que han debilitado financieramente a la ENEE durante décadas.
Entre ellas mencionan la falta de combate efectivo al hurto de energía, la ausencia de inversiones sostenidas, problemas de gestión administrativa y la falta de voluntad política para enfrentar redes de fraude eléctrico.
Según el informe Estadístico Anual del Subsector Eléctrico Nacional de 2024, las pérdidas eléctricas en el sistema de distribución de la ENEE cerraron en el año 2024 en 34.5%, una reducción de 2.4 puntos porcentuales respecto al 36.2% registrado en enero de ese año. Estas pérdidas, que incluyen componentes técnicas y no técnicas, continúan teniendo un fuerte impacto en las finanzas de la empresa estatal.
En 2016, la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, puso en marcha el contrato suscrito entre el gobierno y el consorcio honduro-colombiano con la Empresa Energía Honduras (EEH) para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas que en ese entonces rondaban el 38%, sin embargo, esta alianza público-privada no dio los resultados esperados.
Sumado a ello, la administración de Xiomara Castro interpuso una denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público por presunta corrupción en la contratación de EEH, cuyo contrato fue rescindido en el año 2020.
Dennis Rivera asegura que los gobiernos han preferido evitar medidas impopulares para reducir pérdidas debido al costo político que representan. “La reforma abre un mercado, pero no resuelve ninguno de los problemas fundamentales que han llevado a la ENEE a su situación actual”, afirmó.
Las críticas también alcanzan a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), organismo que asumiría un papel determinante en la implementación de la nueva legislación y que en la actualidad su rol se limita a validar las tarifas energéticas.Según los especialistas, la CREE tendría la responsabilidad de definir qué usuarios podrán abandonar la ENEE, establecer los cargos regulatorios correspondientes y evitar desequilibrios que perjudiquen a los consumidores residenciales.
Sin embargo, consideran que el ente regulador no ha demostrado hasta ahora suficiente capacidad para proteger efectivamente los intereses de los usuarios.
Mientras el Congreso Nacional se prepara para discutir y eventualmente aprobar la reforma, el debate sobre el futuro de la ENEE se intensifica entre sectores empresariales, sindicatos, expertos y organizaciones sociales.
Para los defensores del proyecto, la apertura del mercado permitirá atraer inversiones, mejorar la eficiencia y reducir costos. Mientras que sectores independientes , exponen que la iniciativa representa el inicio de un proceso que podría terminar debilitando aún más a la estatal eléctrica y trasladando mayores costos a al menos 1.9 millones de hogares hondureños.
La discusión se produce en un momento clave para el sistema energético nacional, marcado por una elevada deuda, persistentes pérdidas operativas y crecientes presiones para modernizar la infraestructura eléctrica del país.
