Aunque el gobierno asegura absorber parcialmente el alza a los combustibles, economistas cuestionan la falta de transparencia y advierten que no hay forma de verificar si los recursos se ejecutan ni si realmente impactan el precio final al consumidor.
Al menos 20 millones de galones de combustible habrían sido traficados sin pagar impuestos mediante abusos en exoneraciones, según estimaciones de la SAR en 2023, evidenciando fallas en el control estatal.
Tegucigalpa, Honduras. – Llenar el tanque cuesta más, el pasaje sube y la comida alcanza para menos. Mientras tanto, el gobierno asegura que subsidia los combustibles, pero no hay claridad sobre cómo se aplican esos recursos ni por qué el alivio no se siente en el bolsillo.
En medio de cuestionamientos sobre la efectividad y transparencia de estos subsidios, Criterio.hn consultó a economistas sobre cómo funciona y qué limita su impacto en la economía.
“Aunque existe una lógica de que los precios no se siguen incrementando o que el gobierno ‘absorbe el incremento’, a ciencia cierta no se sabe cuál es el mecanismo para, o a quién se le otorga [cadena de importación, transporte, etc.]” el subsidio, advirtió el economista Ismael Zepeda.
Sumado a esto, el señaló que, pese a tratarse de un mercado regulado, existen distorsiones vinculadas a regímenes especiales de exoneración, utilizados por distintos sectores, entre ellos el energético, bajo los cuales algunas empresas pueden importar volúmenes de combustible exentos de impuestos superiores a los que utilizan y destinarlos a otros usos en el mercado nacional, generando condiciones de competencia desigual.
EXONERACIONES Y CONCENTRACIÓN DE BENEFICIOS
En marzo de 2023, la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (AHDIPPE) anunció estar a favor de que el gobierno de la entonces presidenta Xiomara Castro revisara los regímenes de exoneraciones, al señalar que, además de representar pérdidas fiscales, también generan condiciones de competencia desleal.
Por su parte, el Servicio de Administración de Rentas (SAR) estimó que los abusos en estos regímenes habrían permitido que “al menos 20 millones de galones de combustible se trafiquen en el territorio nacional sin pagar impuestos”. En ese contexto, el gobierno también anunció la revisión de los beneficios fiscales otorgados a la Zona Libre Turística de Islas de la Bahía (Zolitur) por irregularidades en su aplicación.
El doctor en economía Claudio Salgado no pone en duda la existencia del subsidio a los combustibles y sostiene que en la administración pasada incluso existía una partida presupuestaria para ello. Sin embargo, señaló que la actual administración ha planteado su eliminación, una intención que, según indicó, se refleja en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2026, aunque no ha revisado su versión final.
A su juicio, la principal opacidad no radica en el subsidio, sino en quiénes se benefician de este, y cuestiona que mientras los subsidios generalizados generan críticas, otros de carácter selectivo –como las exoneraciones fiscales– operan con menor escrutinio.
“Las exoneraciones fiscales son un subsidio tributario. […] Al final es un subsidio que solo lo recibe un grupo. Solo 10 familias lo reciben en Honduras. Si vamos a hablar de que vamos a eliminar los subsidios, entonces también eliminemos las exoneraciones que son un subsidio”, afirmó, al señalar que estos beneficios se concentran en pocos actores.
El doctor en economía apuntó que fue precisamente la revisión a los subsidios selectivos lo que provocó el rechazo a la iniciativa de ley de justicia tributaria, así como una “campaña de desinformación tan grande” que él como economista nunca había visto a lo largo de su carrera.
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Por su parte, el economista Martín Barahona apuntó que, si bien existe una partida presupuestaria para los subsidios, no hay certeza sobre su ejecución ni forma de comprobar que los recursos sean efectivamente transferidos a los importadores para contener el alza de los precios, ya que esa información no es publica y queda bajo manejo institucional.
Como alternativa planteó que una medida más transparente sería reducir la carga impositiva o revisar la fórmula con la que se calcula el precio de los combustibles, de manera que el impacto se refleje directamente en el precio final. Según indicó, este último mecanismo fue aplicado exitosamente durante el gobierno del expresidente Manuel Zelaya –antes de ser depuesto el 28 de junio de 2009– logrando una reducción en el precio.
Barahona cuestionó que, pese a los anuncios de subsidio, el precio del combustible en la bomba ha continuado al alza, lo que pone en duda su efectividad real. Además, advirtió que a las variaciones del mercado internacional se suma una dinámica interna de especulación que también incide en el incremento constante de los precios.
Mientras tanto desde la Comisión Reguladora de Energía (CREE) ya se habla sobre un segundo incremento a la tarifa de la energía eléctrica en Honduras a partir del 1 de julio de 2026. El comisionado presidente de esa entidad, Héctor Luis Corrales Agüero, atribuyó el ajuste al alza en el precio de los combustibles, influido por la guerra en Irán. Solo el 1 de abril, la tarifa ya había subido un 10.49%.
No obstante, parte de la energía eléctrica en Honduras se produce en plantas termoeléctricas que importan combustible exonerado de impuestos. Pese a ello, el alza en los costos continúa reflejándose en la tarifa que pagan los usuarios, sin evidencia de que estos beneficios fiscales se traduzcan en una reducción o al menos en la contención del precio.
