El Congreso Nacional permanece a la espera de una iniciativa que busca redefinir la gobernanza judicial, mientras crecen los cuestionamientos sobre la independencia del sistema de justicia.
La demora en la remisión del proyecto ocurre a pocas semanas de la renuncia de la magistrada Rebeca Lizeth Ráquel Obanco a su cargo de presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tras amenazas de someterla a juicio político, cambios en la estructura del Poder Judicial y debates sobre la concentración de facultades administrativas.
Tegucigalpa, Honduras. –El plazo establecido en el Decreto 10-2026 para que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) remitiera al Congreso Nacional el proyecto de ley sobre la creación o reforma del Consejo de la Judicatura y la Ley de la Carrera Judicial venció el pasado 21 de abril, en medio de expectativas sobre una de las reformas más sensibles del sistema judicial hondureño.
La normativa, considerada clave para fortalecer la institucionalidad del Poder Judicial, ordena a la CSJ presentar en un período de 60 días una iniciativa orientada a establecer el órgano encargado de la administración, supervisión y disciplina de la judicatura.
De acuerdo con lo previsto, una vez que el Poder Legislativo reciba el documento, iniciará el proceso de análisis, discusión y eventual aprobación de la propuesta, en un contexto marcado por cuestionamientos históricos sobre la independencia judicial, movimientos en la presidencia del Poder Judicial y la integración de un quinto magistrado en la Sala de lo Constitucional de la CSJ.
En ese sentido, el magistrado de la Sala Penal, Mario Díaz, informó que el proyecto ha avanzado “con bastante celeridad” desde que el Legislativo notificó formalmente el plazo contenido en el decreto transitorio.
“Se conformó una comisión que ha estado trabajando fuertemente en ello. Hemos sostenido reuniones semanales y continuamos con ese ritmo, por lo que consideramos que, una vez vencido el plazo, estaremos listos para remitir el proyecto al Congreso para su análisis y aprobación”, explicó el togado a medios de comunicación.
“El punto más importante es precisamente determinar quién y cómo se administrará el Poder Judicial. La ley actual es de larga data y necesita modernizarse para ajustarse a las nuevas corrientes de administración judicial a nivel internacional”, afirmó el magistrado.
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CONGRESO REFORMÓ, DE MANERA DISFRAZADA, DECRETO 282-2010
La discusión sobre el Consejo de la Judicatura ha recobrado relevancia tras la entrada en vigor del Decreto 10-2026, aprobado por el Congreso Nacional el 17 de febrero de este año, el cual reformó el artículo 3 del Decreto Legislativo 282-2010.
Dicha reforma trasladó de manera temporal al pleno de magistrados de la CSJ las facultades administrativas del Poder Judicial, que anteriormente recaían en la presidencia de este poder del Estado, entonces encabezada por la magistrada presidenta Rebeca Ráquel Obando.
Con este cambio, la gestión institucional, los nombramientos, remociones y destituciones de jueces y personal administrativo, así como las decisiones disciplinarias, pasaron a ser responsabilidad del pleno de los 15 magistrados.
En paralelo, diversas asociaciones de jueces y empleados judiciales han presentado al pleno de magistrados distintos borradores de anteproyectos, con el objetivo de incidir en la estructura y funcionamiento del futuro Consejo de la Judicatura.
La falta de un órgano plenamente operativo en esta materia continúa siendo uno de los principales vacíos institucionales del sistema judicial hondureño. Este escenario, sostienen, limita la consolidación de la carrera judicial y mantiene abiertas posibilidades de interferencia política en la administración de justicia, un problema que ha sido frecuentemente señalado en informes nacionales e internacionales.
La eventual aprobación de la nueva ley podría marcar un punto de inflexión en la organización del Poder Judicial, al definir mecanismos más claros de gobernanza, control disciplinario y profesionalización de jueces y magistrados.
