La relatora Astrid Puentes Riaño, apoyo la postura de la relatora de las personas defensoras, Mary Lawlor, quien llamó al gobierno de Honduras a cumplir las recomendaciones del GIEI en el caso Berta Cáceres.
Tegucigalpa, Honduras. – La relatora especial de la ONU sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, Astrid Puentes, respaldo el llamado realizado por la relatora de las personas defensoras, Mary Lawlor, para que el gobierno de Honduras de cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI) en el caso por el asesinato de Berta Cáceres.
A través de un comunicado, publicado por Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, Lawlor calificó como de “importancia capital” el informe final del GIEI presentado en enero de 2026. A la vez que expresó “grave preocupación sobre las amenazas” que enfrentan las personas defensoras en Honduras.
Lawlor manifestó que el documento elaborado por los expertos del GIEI en el caso Berta Cáceres muestra las brechas sistémicas que persisten en la protección de las personas defensoras, así como las causas estructurales detrás de su inseguridad.
La relatora de las personas defensoras manifestó que, aunque el sistema de justicia hondureño dictó condenas definitivas para los autores materiales del asesinato de Cáceres, los autores intelectuales, así como quienes estuvieron involucrados en el financiamiento del crimen continúan sin ser investigados.
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Entre las conclusiones presentadas por el GIEI el 12 de enero destaca que el asesinato de la lideresa indígena lenca fue un crimen con motivación económica, previsible y prevenible, facilitado por una estructura de crimen organizado y por graves omisiones del Estado hondureño.
Roxanna Marie Altholz, quien lideró el GIEI y dirige la clínica de derechos humanos de Berkeley Law, declaró que “[e]l asesinato de Berta Cáceres fue prevenible”, que el “Estado sabía de la planificación del crimen desde el 4 de enero” y que en el informe se traza con claridad cómo se financió el crimen.
Lawlor expresó en el comunicado que el informe final del GIEI evidenció que el asesinato de Cáceres estuvo marcado por la violencia estructural hacia personas defensoras de los derechos indígenas, territoriales y medioambientales, problemática que persiste en el país.
“El Estado tiene la obligación de sancionar, reparar y asegurar las garantías de no repetición, incluso la modificación de estructuras que permite la continuación de amenazas, hostigamiento y ataques contra las personas defensoras”, afirmó Lawlor.
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La relatora de las personas defensoras advirtió sobre un preocupante aumento de la violencia y amenazas contra personas defensoras en Honduras, especialmente indígenas, y subrayó que el Estado debe sancionar, reparar y garantizar la no repetición, incluyendo cambios estructurales que frenen estos ataques.
Además, urgió implementar medidas de protección colectivas e integrales con enfoque de género y atención a riesgos ligados a proyectos extractivos, así como a cumplir plenamente las recomendaciones del Grupo de Expertos, sobre las cuales mantienen seguimiento con el gobierno.
El GIEI se instaló en Honduras en febrero de 2025 por invitación del gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Tras el cambio de administración, la Procuraduría General de la República (PGR), bajo el mandato del presidente Nasry Asfura, tomó posturas que generaron cuestionamientos en el marco de la audiencia pública de seguimiento al informe GIEI, al coincidir con argumentos de la defensa de una persona imputada y prófuga en el caso del asesinato de Cáceres.
En el marco del décimo aniversario del asesinato de la lideresa ambiental lenca y tras la presentación del informe GIEI, Bertha Zúniga Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) sostuvo reuniones con congresistas de Estados Unidos, entre ellos el representante Jesús “Chuy” García. Así como el embajador colombiano, Luis Silva, presidente del Consejo Permanente de la Organización de Estado Americanos (OEA), Luis Silva.
