Por: Filiberto Guevara Juárez
El debacle de las elecciones primarias e internas, y las generales, evidentemente tiene culpables. Pero, para encontrarlos, se tiene que hacer memoria de todo lo que sucedió antes, durante y después de dichas elecciones.
Recordemos que, preelectoralmente, se presentaron crisis en dichas elecciones: hubo problemas con el cronograma, incumplido prácticamente; problemas con la tecnología a implementarse, tanto con la empresa a contratarse para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), y también problemas con la biometría facial a implementarse, que garantizara que no hubiera duplicidad de votantes; problemas logísticos con el transporte de material electoral de ida y vuelta; problemas con la impresión de material electoral; y hasta con la inscripción de movimientos de partidos políticos, así como de precandidatos y candidatos a diferentes cargos de elección popular; incertidumbre con la asunción de responsabilidad de la presidencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte de la consejera Ana Paola Hall (hasta presentó renuncia condicionada).
Problemas entre la entonces presidenta del CNE, Cossette López, y el Jefe del Estado Mayor Conjunto durante las elecciones primarias; y hasta serio problema de salud con la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona, cuya gravedad irresponsablemente no se dio a conocer, porque hasta al magistrado Mario Morazán del TJE se le ocultó, ya que la postura de la hoy difunta Miriam Barahona (QDDG) era diferente a la de su suplente, y prácticamente la obligaron a trabajar en vez de concederle una licencia con goce de sueldo. ¡Qué barbaridad haberle dado una gran responsabilidad tan conflictiva en ese momento!
Viéndolo todo minuciosamente y en retrospectiva, se puede llegar a la siguiente conclusión: todo salió mal porque todos los miembros del CNE y TJE tuvieron algo de culpa en lo sucedido en ambos procesos electorales, y las principales responsables de esa debacle fueron quienes presidieron el CNE y el TJE en cada proceso electoral, y, por lo tanto, se les debió haber hecho juicio político a todos, y no a unos pocos.
La ley electoral de Honduras contempla 30 días para dar a conocer resultados de ganadores, y de manera maliciosa retrasaron ese proceso, con las atípicas caídas del TREP, dejando todo para los últimos días, mientras el pueblo hondureño sospechaba que estaban fraguando un fraude electoral.
Para colmo de males, de manera ilegal e inconstitucional, quienes presidían el CNE y el TJE, con complicidad de otros miembros de esos órganos electorales partidizados, decidieron nombrar diputado al Sr. Jorge Cálix, violando flagrantemente el artículo 189 de nuestra Constitución Política, que dice expresamente que los diputados serán elegidos mediante sufragio directo del pueblo.
Además, el artículo 2 de nuestra Constitución dice, taxativa o expresamente, que “la soberanía corresponde al pueblo, del cual emanan todos los poderes del Estado…”, lo cual significa que el poder soberano de elegir a quienes representarán al pueblo en el Poder Ejecutivo y Legislativo solo corresponde al pueblo como único soberano político, y no al CNE y al TJE, que abusivamente nombraron diputado al Sr. Jorge Cálix. ¡Inaudito que en Honduras tengamos un diputado en el Congreso Nacional nombrado por organismos electorales francamente partidizados, y no electo en sufragio directo por el pueblo hondureño!
Por todo lo anteriormente expuesto, se puede concluir que a todos los miembros del CNE y TJE se les debió haber hecho juicio político.
Además, los miembros del CNE y TJE que nombraron diputado del Congreso Nacional al Sr. Jorge Cálix cometieron el delito imprescriptible de traición a la patria, y cuando en un próximo Poder Legislativo cambie la correlación de fuerzas políticas, hasta contar con la mayoría calificada de 86 votos, se podrá destituir a los recién electos funcionarios y elegir nuevo fiscal general, por ejemplo, para deducirle responsabilidades a las hoy “heroínas” Ana Paola Hall y Cossette López.
