De constructor en Tocoa a anfitrión de políticos republicanos en Palm Beach, el empresario Lenir Pérez construyó un conglomerado que abarca minería, aeropuertos, energía y logística. Su ascenso económico, sin embargo, ha estado acompañado de denuncias por daños ambientales, criminalización de opositores y procesos judiciales aún siguen abiertos.
Tegucigalpa, Honduras. – Pasó de “andar a pie” en Honduras a ser anfitrión en su mansión de Palm Beach de políticos como María Elvira Sálazar y Matt Gaetz, ambos del Partido Republicano en Estados Unidos, y el presidente del Congreso Nacional en Honduras, el nacionalista Tomás Zambrano. Hablamos del empresario sampedrano Lenir Alexander Pérez, quien enfrenta un proceso por daños y explotación de un parque nacional en el país centroamericano.
“Yo he estado […] desde las facetas de andar a pie, andar en bus y andar en alto nivel, y yo sé qué es lo que pasa cuando uno dice: necesito ir a un lado y no tengo ni como moverme” dijo Pérez en junio de 2022, cuando recibió un reconocimiento del Centro de Rehabilitación Integral de Colón (Cricol) en Tocoa por dos donativos que sumaron USD un millón: USD 500 mil a nombre de su familia y USD 500 mil por Inversiones Los Pinares.
El empresario que siempre es captado en video sonriendo, incluso cuando se presentó a la tres veces reprogramada audiencia de presentación de imputado en los tribunales capitalinos, está casado con Ana Isabel Facussé Madrid, hija del extinto latifundista Miguel Facussé Barjum, ligado al crimen del líder sindical y ambiental Carlos Escaleras Mejía, por el que el Estado de Honduras fue condenado en septiembre de 2018.
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Él podría ser el personaje central de la historia de superación que todo hondureño desea vivir, excepto por las consecuencias que sus “inversiones” han tenido. A Tocoa, Colón, según él, llegó por primera vez en 2002 cuando su compañía constructora ganó un proyecto de infraestructura en la Finca El Tumbador, en ese momento explotada por Corporación Dinant, propiedad de quien terminó convirtiéndose en su suegro.
La efervescencia empresarial de Pérez ocurrió durante los gobiernos del expresidente indultado, Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 por delitos ligados al narcotráfico. También fue financista de la campaña de Nayib Bukele en El Salvador, resultando beneficiado a través de Alutech con el otorgamiento de la ampliación y administración de la terminal de carga del aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.
INTERESES EMPRESARIALES Y CONTROVERSIAS
Poco se conoce sobre la vida personal y familiar de Lenir Pérez. La información disponible está ligada a sus empresas y la criminalización contra actores en oposición a sus proyectos extractivistas como la minera Inversiones Los Pinares y la siderúrgica Inversiones Ecotek, ambas ubicadas en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, en Tocoa, Colón.
A estas dos empresas se suman la concesión aeroportuaria Palmerola International Airport (PIA); la comercializadora de techos y materiales de construcción, Alutech; el operador logístico Adimex S.A. de C.V. que tiene a su cargo la operatividad de las terminales de carga de los aeropuertos Toncontín, Ramón Villeda Morales y Palmerola en Honduras, y San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez en El Salvador.
Asimismo se menciona el proyecto Puente Alto Energy, como su incursión al sector de generación de energía térmica a base de coque de petróleo que tendría como ubicación Puerto Cortés. Sin embargo, el proyecto energético por el que se dio a conocer y provocó rechazó fue Tocoa Energy, ubicado en las instalaciones de la planta siderúrgica de Ecotek.
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La operación de Ecotek también vinculó a Pérez con el mercado siderúrgico estadounidense. Una investigación de la alianza periodística liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), en la que participó el medio hondureño Contracorriente, reveló que la siderúrgica estadounidense Nucor mantuvo vínculos societarios con empresas relacionadas al proyecto minero Los Pinares y figuraba entre los destinos del hierro procesado en Honduras.
La relación cobra relevancia porque Nucor realizó importantes aportes a las campañas presidenciales de Donald Trump en 2016 y 2020, además de respaldar públicamente algunas de sus políticas económicas orientadas a proteger la industria siderúrgica estadounidense.
Todas estas empresas, exceptuando Nucor, son filiales del Grupo Emco Holding que preside Lenir Pérez. En junio de 2022, durante una visita a la Fundación Cricol, el empresario afirmó a medios de comunicación que Grupo Emco tenía diez proyectos en Centroamérica e incluso habló de crear un proyecto junto al centro de rehabilitación.
“Si me cumple la junta directiva (Cricol), si Dios me sigue dando la bendición, este va a ser uno de los legados que quiero dejar para que toda la gente de Tocoa, Sabá y Trujillo y los pueblos aledaños puedan beneficiarse”, dijo Pérez en esa ocasión, sin dar más detalles del tema.
Actualmente, Grupo Emco Holding mantiene una demanda por USD 300 millones contra el Estado de Honduras ante instancias internacionales. El holding alega el supuesto incumplimiento de los derechos del contrato de concesión de Palmerola International Airport, así como daños causados por conducta discriminatoria y arbitraria en contra de otras de sus empresas filiales, entre ellas Alutech, que cuenta con capital del Instituto de Previsión Militar (IPM), según una investigación publicada en alianza por Reportar sin Miedo y Radio Progreso, entre otros medios.
Previamente, Emco, a través de Palmerola International Airport, ya había demandado por USD 10 millones a Honduras ante el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). No obstante, el caso fue archivado y, según un comunicado de la Procuraduría General de la República, el tribunal condenó en costas a PIA, obligándolo a restituir USD 443,265.42 al Estado de Honduras.
Las demandas internacionales presentadas por Grupo Emco durante la administración de Xiomara Castro se produjeron en un contexto de cuestionamientos sobre la concesión de Palmerola, otorgada durante el gobierno del ahora indultado expresidente Juan Orlando Hernández.
Diversos sectores han señalado que el contrato otorgó condiciones favorables al operador privado, en este caso PIA, pese a que gran parte de la inversión provino de recursos públicos, mientras que el gobierno de Castro denunció presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución del proyecto.
EL COSTO HUMANO Y AMBIENTAL DE LAS INVERSIONES
Las inversiones mineras vinculadas a Lenir Pérez estuvieron en el centro de uno de los conflictos socioambientales más emblemáticos de Honduras. La disputa enfrentó durante más de una década a comunidades locales, empresas extractivas y autoridades estatales. El origen de la disputa se remonta a 2013, cuando fue modificada la zona núcleo del entonces Parque Nacional Montaña de Botaderos, lo que abrió las puertas al otorgamiento de dos concesiones mineras a Emco Mining Company, posteriormente denominada Inversiones Los Pinares.
La oposición comunitaria creció con los años y alcanzó su punto más alto en 2018, cuando centenares de pobladores instalaron durante tres meses el campamento por el Agua y la Vida para exigir la salida de la mina de óxido de hierro a cielo abierto. Las protestas fueron seguidas por amenazas, una operación de desalojo ejecutada por fuerzas represivas del Estado y la judicialización de decenas de defensores ambientales. Ocho de ellos permanecieron detenidos de forma arbitraria durante más de 900 días, en medio de la pandemia de covid-19 y mientras eran presentados públicamente como criminales.
La conflictividad tampoco terminó con la liberación de los defensores. A las campañas de estigmatización siguieron asesinatos como el de Arnold Joaquín Morazán Erazo en 2020, Jairo Bonilla y Alí Domínguez en enero de 2023, y Óscar Oquelí Domínguez meses después. Los crímenes provocaron el desplazamiento forzado de integrantes de familias vinculadas a la defensa del río Guapinol.
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Pese a la violencia, el movimiento logró una importante victoria en 2024. Con el impulso del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, coordinado por Juan López, el Congreso Nacional aprobó el Decreto Legislativo 18-2024, que ordenó la restauración del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía. La normativa sirvió de base para que el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) rechazara las solicitudes de prorrogas de las concesiones mineras ASP y ASP2.
Sin embargo, el conflicto alrededor de Pérez está lejos de concluir. Juan López, uno de los principales opositores a Los Pinares y Ecotek, fue asesinado el 14 de septiembre de 2024. Dos años después, la captura del exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez, por su presunta participación en el crimen reavivó las demandas para que las investigaciones alcancen no solo a los autores materiales e intermediarios, sino también a las estructuras políticas y económicas que se beneficiaron de las concesiones cuestionadas por las comunidades
PROCESOS JUDICIALES EN SU CONTRA
Las denuncias impulsadas durante años por Juan López y el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa terminaron trasladándose a los tribunales. Sin embargo, antes de ser requerido por la justicia hondureña, Lenir Pérez ya había llamado la atención de autoridades estadounidenses.
En abril de 2023, la Oficina Federal de Investigación (FBI), en cumplimiento de una orden emanada de una Corte estadounidense, tocó las puertas de la residencia de Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé en el condado de Palm Beach en Florida. Hasta la fecha no se ha esclarecido públicamente qué motivó el allanamiento, aunque alimentó especulaciones sobre la ausencia prolongada del empresario en Honduras.
El 23 de septiembre de 2024, nueve días después del asesinato del lider socio ambiental Juan López, Pérez fue requerido, en su condición de representante legal y presidente del Consejo de Amdinistracion de Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, por su supuesta responsabilidad en la comisión de daños ambientales al Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”.
Además de Pérez, también fueron requeridos otros cuatro ejecutivos de Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, así como funcionarios de la Alcaldía de Tocoa. Entre los ejecutivos de las empresas estaban Víctor Lorenzo Bernárdez Ramos, Fernando Manases Padilla Díaz, Douglas Alexis Alvarenga Mendoza y Domingo Pineda Puerto.
Los casos se construyeron a partir de al menos 25 denuncias interpuestas a lo largo de diez años por López junto a sus compañeras y compañeros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMPDBCPT).
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Además de Pérez y los ejecutivos de sus empresas, también se dictó auto de formal procesamiento por falsificación de acta contra Norma Agripina García, secretaria municipal de Tocoa, asimismo por uso de documentos públicos falsos a la abogada Kenia Patricia Cortés Rico y exrepresentante legal de Inversiones Los Pinares, y a José Ernesto Vindel Wainwright, abogado de Inversiones Ecotek. Este caso parte de la falsificación de un acta de un cabildo abierto celebrado en 2016 y que fue usada en el otorgamiento de licencias del megaproyecto minero denunciado por López, junto a las y los integrantes del Comité.
El proceso avanza lentamente. Aunque el requerimiento fiscal fue presentado en septiembre de 2024, Pérez no compareció ante la justicia sino hasta después del cambio de gobierno, cuando Xiomara Castro entregó el poder y Nasry Asfura asumió la presidencia. Tras ofrecer una caución de arraigo de tres millones de lempiras y una vivienda valorada en más de 5 millones, obtuvo medidas cautelares distintas a la prisión. Entre ellas no figuró la prohibición de salir del país, circunstancia que le permitió regresar a Palm Beach. Desde allí continuó recibiendo figuras del Partido Republicano estadounidense, mientras en Honduras la audiencia inicial de su proceso fue reprogramada por segunda vez, pese a haber declarado como lugar de residencia la ciudad de San Pedro Sula.
