Tras años de denuncias ignoradas, desplazamiento forzado y asesinatos, justicia hondureña comienza a actuar en el caso de falsificación de un acta clave para el otorgamiento de licencias de un megaproyecto minero en Tocoa
La causa por falsificación se suma a otro proceso abierto por explotación ilegal y daños ambientales contra ejecutivos de Los Pineras y Ecotek, ambas filiales del Grupo Emco Holding, mientras su presidente, Lenir Pérez, continúa prófugo
Tegucigalpa, Honduras. – Por años denunciaron la adulteración del acta de un cabildo abierto en Tocoa, Colón, sin que la justicia los escuchara. Ahora, tras el asesinato del defensor Juan López, se demuestra que existían indicios racionales sobre la comisión del delito.
Esta semana, el Juzgado de Letras Penal en San Pedro Sula resolvió auto de formal procesamiento contra Norma Agripina García, secretaria municipal de Tocoa, por suponerla responsable del delito de falsificación de documentos públicos. Mientras que, a Kenia Patricia Cortes Rico, exabogada deInversiones Los Pinares, y José Ernesto Vindel Wainwright, abogado de Inversiones Ecotek, por uso de documentos públicos falsos.
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Rita Romero, apoderada legal del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), dijo a Criterio.hn que el auto de formal procesamiento implica que existe suficiente indicio racional de que se cometió la falsificación de un documento público y que el mismo fue usado en reiteradas ocasiones para obtener licencias ambientales de la planta peletizadora, la planta termoeléctrica y el componente minero ASP2.
La abogada Romero lamentó que, pese a años de denuncia y presentación de documentos, el proceso inició hasta después del asesinato de Juan López. Indicó que, aunque el juicio oral y una posible sentencia condenatoria serían importantes, lo esencial es que la sentencia permita avanzar hacia la reparación de los daños causados por la red de corrupción, aun cuando muchos son irreparables.
Romero destacó que a través de esta resolución se constatan las primeras evidencias de una multiplicidad de actos mediante los cuales una red de corrupción logró implantar y sostener por más de diez años el megaproyecto minero de Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek. Lo que a su vez causó graves daños sociales, ambientales y humanos, incluyendo desplazamientos forzados, asesinatos de defensores y detenciones ilegales.
Para la profesional del derecho, los delitos no son cometidos para el beneficio personal de los sindicados en la causa actual, sino como instrumentos para que las empresas obtuvieran licencias sin cumplir con la socialización obligatoria, por lo que considera que es el momento de que el Ministerio Público amplíe el requerimiento fiscal al delito de fraude.
En un proceso judicial paralelo, a mediados de mayo se dictó auto de formal procesamiento contra tres ejecutivos de Inversiones Los Pinares, quienes enfrentan cargos por explotación ilegal de recursos naturales y daños ambientales agravados. En esta causa la audiencia preliminar fue fijada para el próximo 11 de junio de 2025 a las 9:00 de la mañana.
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Asimismo, la audiencia preliminar en la causa contra tres de los supuestos autores materiales en el asesinato de Juan López fue reprogramada para el 14 de agosto en espera del análisis de la extracción de más de 30 aparatos telefónicos que se encuentran bajo peritaje.
