El acta adulterada de un cabildo abierto en 2016 es uno de los pilares detrás del conflicto socioambiental que resultó en el asesinato de Juan López, Jairo Bonilla y los hermanos Alí y Oquelí Domínguez, el desplazamiento forzado de decenas de familias, así como la destrucción de una reserva natural
Esta semana Emco Holding –grupo empresarial ligado a este caso a través de sus filiales Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek– anunció una demanda internacional contra el Estado de Honduras, alegando ser víctima de “conducta arbitraria y discriminatoria en contra de las compañías” que la conforman
Tegucigalpa, Honduras. – Con problemas de audio, en un espacio reducido y una transmisión pública incompleta, se realizó la audiencia inicial por falsificación de documentos públicos por la alteración del acta de un cabildo abierto del municipio de Tocoa, Colón, que dio paso al megaproyecto minero instalado en el Parque Nacional Carlos Escaleras.
Los imputados son: Norma Agripina García, secretaria municipal de Tocoa; José Ernesto Vindel Wainwright, representante legal de Inversiones Ecotek; y Kenia Patricia Cortés Rico, exapoderada legal de Inversiones Los Pinares. Ambas empresas son filiales del Grupo Emco Holding, presidido por el empresario y prófugo de la justicia, Lenir Pérez, acusado por explotación ilegal de recursos naturales y daños ambientales agravados.
Noticia relacionada: Secretaria municipal de Tocoa a audiencia por presunta falsificación de acta en favor de minera
La audiencia –celebrada en el Juzgado Penal de San Pedro Sula– fue publicitada mediante dos transmisiones desde las redes sociales del Poder Judicial. La primera, entre las 10:00 AM y las 12:35 PM, tuvo una duración de dos horas y 35 minutos. Mientras que la segunda, que inició a la 2:31 PM, fue transmitida por una hora, cuarenta y seis minutos con fallas de audio, después de lo cual fue interrumpida sin explicación alguna. Durante la segunda parte de la audiencia inicial, se escucharon los testimonios brindados por el sacerdote Gregorio Vásquez y Orbin Nahúm Hernández Hernández.
INTIMIDACIÓN Y HOSTIGAMIENTO CONTRA LA OPOSICIÓN
El sacerdote de la Parroquia San Isidro Labrador en Tocoa, Colón, Gregorio Vásquez, declaró la relación de intereses al interior de la Alcaldía de Tocoa con respecto al megaproyecto minero de Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek. Las declaraciones de Vásquez fueron interrumpidas un par de veces por un audio sobrepuesto.
De estas 18 personas, 13 eventualmente fueron requeridas por la Fiscalía con orden de captura y quienes fueron privados de su libertad durante nueve días. Tras la audiencia inicial, fueron liberados con un sobreseimiento definitivo que el Ministerio Público impugnó. Posteriormente, serían detenidos arbitrariamente por 900 días un segundo grupo de ocho defensores, entre quienes estaba Orbin Nahúm Hernández Hernández.
De interés: Defensores del agua pasaron más de 900 días privados de libertada y jueza implicada es promovida
Vásquez también contó que Juan López, defensor asesinado el 14 de septiembre de 2024, también recibió una visita similar y bajo los mismos términos, por parte de Filemón Flores, esposo de Norma Agripina García. Flores, dijo el sacerdote, fungía como asesor del alcalde Adán Fúnez. Igual visita recibió Esly Banegas, otra lideresa, por parte de Otoniel Flores, hermano de Filemón y cuñado de García.
EL CABILDO Y LA ALTERACIÓN DEL ACTA
Orbin Nahúm Hernández Hernández –residente del sector San Pedro en Tocoa y quien en ese entonces era auxiliar comunitario– narró los inicios de los reclamos de las comunidades por la contaminación del agua en 2014 y el establecimiento del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) en 2015 ante la opacidad promovida desde la Alcaldía Municipal de Tocoa.
Hernández relató que desde el CMDBCPT y ante la contaminación del agua se pidió a la Corporación Municipal de Tocoa la realización de un cabildo abierto en el Sector San Pedro para dar a conocer a los residentes qué estaba ocurriendo. Finalmente, la reunión comunitaria fue agendada para abril de 2015, pero fue suspendido en dos ocasiones y eventualmente se celebró otro en la comunidad de La Ceibita.
El defensor contó que en ese entonces asistían a todos los cabildos abiertos por el ambiente de desconfianza ante una alcaldía que no proporcionaba datos de lo que estaba ocurriendo en la montaña de Botaderos [Parque Nacional Carlos Escaleras]. Temían que se abordara el tema de explotación de recursos naturales –pues en ese entonces no había claridad si el proyecto consistía en tala de árboles o minería–, sin que estuvieran las comunidades afectadas por la contaminación del agua.
Conoce más: Cortometraje Prisioneros por el Agua
Orbin Nahum Hernández estuvo presente en calidad de veedor durante el cabildo abierto realizado el 29 de junio de 2016 en La Ceibita, donde la agenda a tratar era la construcción de una escuela y un cerco para esa comunidad y otras cercanas. Toda la reunión giró en torno a proyectos sociales y en ningún momento se socializaron proyectos extractivos como ASP y ASP2, termoeléctricas o fábricas, declaró.
El cabildo en La Ceibita que refiere Hernández es el mismo por el que es acusada Norma Agripina García de falsificación de documentos públicos por la alteración del acta, en la que según el testigo no se tocó el tema de socialización y aprobación de un proyecto minero. Sin embargo, el documento que entrega García al Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) incluye el punto 8, que correspondería a la alteración realizada.
Después de esto, se anunció como medio de prueba un video y se suspende la transmisión que realizaba el Poder Judicial en sus redes sociales. La abogada Rita Romero, quien escuchó el resto de la audiencia desde una galería, dijo desconocer el motivo de la interrupción, pero que llama la atención que se dejó de transmitir justo en el momento en que se estaba presentando el video del alcalde Adán Fúnez.
EL RASTRO DE LA ADULTERACIÓN
Rita Romero, representante legal del CMDBCPT, relató que la primera adulteración de acta es la entregada al Conadeh, también utilizada el 30 de octubre de 2019 por el abogado José Ernesto Vindel Wainwright, apoderado legal de Ecotek, para la licencia de la planta peletizadora óxido de hierro. Las adulteraciones consistirían en agregar en el punto 8 que participaron 101 personas, y mencionando a la empresa Emco, lo cual no estaba en el acta original.
En 2020, el 4 de mayo en la solicitud de la licencia para la termoeléctrica y el 11 de diciembre tras un requerimiento de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Vindel Wainwright presenta un acta que no solamente fue adulterada, sino que su contenido en el punto 8 es cambiado por completo, relató Romero.
Lea también: Piden investigar red de corrupción, daños ambientales en Tocoa y asesinato de Juan López
Es así como el documento ya no solamente indica la participación de 101 personas y menciona a la empresa Emco, sino que nombran a las comunidades de la zona de influencia del proyecto. Además, se agrega un tercer acuerdo, cuando originalmente solo eran dos, en el que se establece que se socializaron los componentes ASP, ASP 2, planta peletizadora y planta termoeléctrica. Es esta misma acta la que habría utilizado la abogada Kenia Patricia Cortés Rico al solicitar la licencia para el componente minero ASP 2.
RED DE CORRUPCIÓN
La abogada Rita Romero afirmó a Criterio.hn que en la audiencia quedó evidenciada la corrupción con la que se instaló el megaproyecto minero y calificó como “impresionante” la lectura sobre el conflicto de intereses de los funcionarios de la alcaldía municipal que generó el mismo.
“[E]l testimonio de Gregorio Vásquez, lo expresa claramente, el interés indebido de la funcionaria pública [Norma Agripina García] en querer implantar este megaproyecto con toda la estructura municipal, el interés compartido”, comentó Romero con relación a cómo García, su esposo y cuñado se acercaron a liderazgos sociales para presionar y amedrentar la oposición.
En total, Romero especificó que el Ministerio Público presentó más de una decena de medios probatorios que culminaron en “un video que termina de amarrar este conflicto de intereses, evidenciado en el primer testimonio [Gregorio Vásquez]”. El video, según especificó la abogada, constata el interés del alcalde Adán Fúnez en el megaproyecto minero.
El Poder Judicial anunció que la resolución de la audiencia inicial se celebrará el próximo lunes 2 de junio.
Esta semana Emco Holding –grupo empresarial ligado a este caso a través de sus filiales Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek– anunció una demanda internacional contra el Estado de Honduras, alegando ser víctima de “conducta arbitraria y discriminatoria en contra de las compañías” que le conforman.
En su comunicado mencionan los casos de Palmerola International Airport y Alutech, pero también remarcan que no permitirán “que el actual gobierno siga abusando de su poder y tratando a las empresas del Grupo de manera arbitraria y discriminatoria para satisfacer su agenda política de izquierda radical”.
