La defensa legal, a través del Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos, catalogó el fallo como ilegal y racista. Tras conocerse la resolución, anunciaron que presentarán un recurso de casación y llevarán el caso ante instancias internacionales, exigiendo además que se garantice la integridad física de los afectados.
Para la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, el fallo no sólo afecta a cuatro defensores lencas, sino que también podría sentar un precedente con implicaciones para otras comunidades indígenas que mantienen disputas territoriales en distintas regiones del país.
Tegucigalpa, Honduras. – El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula dictó una sentencia condenatoria por el delito de usurpación contra Yadira Mendoza Flores, Berta Lidia Izaguirre, Tomás Díaz Cruz y José Ismael López Izaguirre, todos ellos integrantes del Consejo Indígena Lenca de la comunidad de El Cacao, en Santa Cruz de Yojoa.
Organizaciones de derechos humanos cuestionaron el fallo del Tribunal de Sentencias de lo Penal, el cual calificaron como ilegal, racista y contrario a los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
La resolución judicial fue emitida por la jueza Mary Elizabeth Mazzoni, del Tribunal de Sentencia de lo Penal de San Pedro Sula, y afecta a cuatro defensores del territorio, entre ellos la presidenta del Consejo Indígena Lenca de El Cacao, Berta Lidia Izaguirre.
Tras conocerse la sentencia, el Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos anunció que presentará de inmediato un recurso de casación y que llevará el caso ante instancias internacionales de protección de derechos humanos, al considerar que se han violentado garantías fundamentales reconocidas en la legislación nacional e instrumentos internacionales.
Según la defensa legal, la condena desconoce la posesión histórica que la comunidad indígena ha mantenido sobre el territorio durante más de siete décadas y omite valorar pruebas relacionadas con la ancestralidad de las tierras en disputa.
El conflicto que derivó en la judicialización de los defensores indígenas se remonta a junio de 2017, cuando el Ministerio Público presentó requerimientos fiscales a favor de la familia Vanegas Peña, pese a que la comunidad sostiene contar con derechos históricos sobre el territorio y procesos de reconocimiento estatal de la propiedad colectiva.
La controversia adquirió una nueva dimensión en 2025, después que el Instituto Nacional Agrario (INA) otorgó el título legal de propiedad de las tierras al Consejo Indígena Lenca de El Cacao, reconocimiento que, según las organizaciones acompañantes, debió ser considerado de forma determinante dentro del proceso judicial que culminó con una sentencia condenatoria en contra de los integrantes del consejo.
No obstante, los representantes legales de la comunidad afirman que la jueza ignoró tanto el título emitido por el Estado como la evidencia relacionada con la ocupación ancestral del territorio.
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SENTENCIA CONTRA CONSEJO INDÍGENA LENCA, ES UN PRECEDENTE PELIGROSO
El abogado e integrante del Bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tábora calificó la sentencia como un precedente peligroso para los derechos de los pueblos indígenas en Honduras.
“Este fallo es totalmente ilegal y racista. Desconoce la ocupación que han tenido estas tierras por más de 70 años, desconoce el reconocimiento que ha hecho el Estado al emitir un título de propiedad a favor de este consejo y desconoce la prueba presentada sobre la ancestralidad del territorio”, manifestó el jurista en un video compartido en redes sociales.
Tábora cuestionó que la jueza –incluso— instó al Ministerio Público a investigar las razones por las cuales el Estado otorgó personería jurídica al Consejo Indígena Lenca y emitió el respectivo título de propiedad, una situación que considera especialmente grave.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que los pueblos indígenas no requieren un documento estatal para acreditar la propiedad de sus territorios ancestrales, ya que estos derechos existen con independencia del reconocimiento formal del Estado”, recordó el abogado Edy Tábora.
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La sentencia también reavivó cuestionamientos sobre los desalojos ejecutados contra la comunidad en los últimos años. De acuerdo con la defensa, en 2020 una Corte de Paz emitió una resolución que ordenaba desalojar únicamente a las personas que enfrentaban procesos judiciales específicos, prohibiendo expresamente la expulsión de toda la comunidad.
Sin embargo, denuncian que dicha disposición fue ignorada cuando posteriormente se ejecutó un desalojo que afectó de manera generalizada a los habitantes de El Cacao.
En junio de 2023, la Policía Nacional ejecutó una nueva orden de desalojo contra la comunidad indígena, integrada por aproximadamente 24 familias. En aquel momento, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que la acción estatal estuvo acompañada de uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos fundamentales de los pobladores.
En ese momento organizaciones defensoras de derechos humanos y del territorio documentaron denuncias de agresiones físicas contra mujeres defensoras y niñas, amenazas de muerte, destrucción de viviendas, quema de cultivos y decomiso de materiales utilizados por las familias para sus actividades productivas.
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CUESTIONAN SENTENCIA CONTRA CONSEJO INDÍGENA LENCA
A raíz de la reciente sentencia, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos manifestaron su rechazo al fallo judicial. A su vez, señalaron que este representa un cuestionamiento a la autodeterminación de los pueblos indígenas y a su derecho sobre los territorios ancestrales.
“Repudiamos el papel del Tribunal de Sentencia de lo Penal de San Pedro Sula por cuestionar la autodeterminación de los pueblos indígenas y su derecho al territorio ancestral”, expresó la organización mediante un pronunciamiento en sus redes sociales.
De igual manera, denunciaron que mientras las comunidades indígenas enfrentan procesos judiciales por defender sus tierras, el Estado facilita concesiones y proyectos económicos en territorios ancestrales a favor de empresarios, terratenientes y grandes corporaciones.
Asimismo, criticó el uso recurrente del delito de usurpación para judicializar a defensores de la tierra y del ambiente que reclaman derechos históricos sobre sus territorios.
Las organizaciones sostienen que la figura penal se ha convertido en una herramienta utilizada para criminalizar conflictos agrarios y disputas territoriales donde existen reclamaciones indígenas pendientes de resolución. En ese sentido, exigen la absolución de los cuatro defensores condenados y el cierre definitivo del proceso penal.
Además, hicieron un llamado a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, movimientos sociales y organizaciones feministas para mantenerse vigilantes ante las posibles consecuencias que podría generar la sentencia.
La preocupación se centra especialmente en los riesgos para la integridad física y la seguridad de las personas condenadas, así como de los habitantes de la comunidad de El Cacao.
