Exigen seguir la ruta del dinero para esclarecer la autoría intelectual del asesinato de Juan López
Expertos nacionales e internacionales señalaron que la investigación debe centrarse en la labor de defensa ambiental que realizaba Juan López, seguir los flujos financieros y profundizar en los nexos políticos y empresariales detrás del crimen.
Tegucigalpa, Honduras. – «Mientras los autores intelectuales no rindan cuentas, y sobre todo, mientras las estructuras que se benefician del miedo permanezcan intactas, los asesinatos seguirán repitiéndose», afirmó Ana María Briceño, coordinadora para América de CIVICUS Monitor, al referirse a los crímenes contra personas defensoras del ambiente y territorio, como el caso de Juan López en el Aguán, zona norte de Honduras.
En el marco del foro Justicia para Juan López: Autoría intelectual, impunidad y obligaciones del Estado, desarrollado por Radio Progreso, Briceño señaló que desde CIVICUS Monitor califican a Honduras con un espacio cívico represivo, la segunda peor escala de cinco. Esto implica, explicó, que la sociedad hondureña opera en un entorno hostil y marcado por altos niveles de violencia, caracterizado por la frecuencia e intensidad de ataques contra quienes defienden derechos humanos, incluyendo asesinatos, amenazas, hostigamiento, campañas de desprestigio, vigilancia indebida y procesos de criminalización.
Ana María Briceño, coordinadora de CIVICUS Monitor para América, planteó que existe una cadena de violencia contra quienes han levantado la voz o levantan la voz en defensa de la tierra y el ambiente en la región.
El caso del asesinato de Juan López, apuntó la coordinadora de CIVICUS Monitor, se enmarca en un conflicto con un patrón continuo de violencia, impunidad y desprotección en el que un año antes ya se habían registrado los asesinatos de Alí Domínguez junto a Jairo Bonilla, así como Oquelí Domínguez, quienes al igual que López formaron parte de los procesos de defensa del río Guapinol y el Parque Nacional Carlos Escaleras frente a proyectos extractivos energéticos altamente cuestionados por las comunidades del Bajo Aguán.
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Briceño remarcó que la violencia que sufren las personas defensoras no puede verse únicamente como una suma de ataques o casos aislados, sino que deben entenderse desde las fallas estructurales en la protección estatal, la ausencia de investigación efectiva que permita identificar y procesar tanto a autores materiales como autores intelectuales de los ataques, el debilitamiento de los procesos organizativos en esos contextos de violencia y hostilidad, y del deterioro del espacio cívico para la sociedad civil.
Previo a su asesinato Juan López, fue objeto de amenazas, hostigamiento, criminalización, pese a ser beneficiario de medidas de protección. Lo que muestra la brecha entre el reconocimiento formal del riesgo que enfrentan las personas defensoras y las medidas efectivas para prevenirlo.
LECCIONES DEL CASO BERTA CÁCERES
Lucas Martinelli, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en Mesoamérica, ahondó en que Honduras continúa sin cumplir con las medidas de no repetición tras los fallos por los asesinatos de los ambientalistas Jeanette Kawas, Carlos Luna López y Carlos Escaleras Mejía, todos con sentencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Carlos Martinelli, CEJIL Mesoamérica, planteó que tanto Juan López como Berta Cáceres contaban con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que muestra que Honduras como Estado no logra proteger a los defensores del ambiente.
Durante su intervención, Martinelli enfatizó que la investigación del asesinato de Juan López debe estar guiada por el analisis de la labor de defensa ambiental que realizaba y de los intereses que pudieron verse afectados por su trabajo. En esa línea recordó que uno de los hallazgos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instalado en 2025 para coadyuvar la investigación del Ministerio Público, establece que este tipo de crímenes debe analizarse como una operación criminal compleja, en la que convergen factores económicos, empresariales y estatales.
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Añadió que la experiencia del caso Berta Cáceres dejó lecciones relevantes para el esclarecimiento del crimen de Juan López, entre ellas la necesidad de seguir la ruta del dinero, evitar hipótesis que desvían la investigación de su labor como defensor, garantizar la independencia de los equipos investigadores y agotar todas las líneas de investigación hasta identificar a los autores intelectuales.
LA RUTA PARA IDENTIFICAR A LOS AUTORES INTELECTUALES
Sobre las obligaciones del Estado de Honduras en el caso, Camilo Sánchez, de la Clínica de Derechos Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Virginia, expuso que en primer lugar es responsable de investigar, judicializar y sancionar a todos los responsables.
Sobre cómo se debe encaminar la investigación agregó a lo expuesto por Martinellí, compartiendo que desde 2004, la CIDH publicó el documento sobre Directrices básicas para la investigación de delitos contra personas defensoras de derechos humanos en el Triángulo Norte.
“El móvil de la defensa de los derechos humanos tiene que usarse como la brújula del caso. Es decir, las tesis de investigación, las hipótesis, las teorías de la investigación todas tienen que estar conectadas a preguntarse: ¿cómo la defensa de los derechos humanos hacía incómoda la vida a alguien o a algunos grupos?” planteó Sánchez.
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Agregó, que un segundo punto es que la investigación debe partir de un análisis de contexto y macrocriminalidad. Algo, que según explicó, ya habría iniciado el sistema de justicia de Honduras con la emisión de las nuevas decisiones, en las que la fiscalía admite que un grupo organizado macro criminal habría estado detrás de toda la violencia contra Juan López y sus compañeros y compañeras. Este contexto, ahondó, deberá ser usado para mapear los flujos financieros, las cadenas de mando y los nexos político-empresariales.
Finalmente, en tercer lugar, Sánchez remarcó que la investigación debe priorizar diligencias clave para identificar a los autores intelectuales del crimen, entre ellas el rastreo de la ruta del dinero. “Los autores intelectuales no disparan, pagan. Se debe auditar contratos, transferencias bancarias, registros de propiedad”, apuntó.
Asimismo, señaló la importancia de analizar las comunicaciones vinculadas al caso, incluyendo el cruce de llamadas telefónicas, registros de geolocalización y la extracción de información de dispositivos móviles, para establecer posibles vínculos entre quienes ordenaron el crimen y quienes lo ejecutaron.
LA RESPONSABILIDAD ESTATAL Y LA EXIGENCIA DE JUSTICIA INTEGRAL
Joaquín Mejía, doctor en Derechos Humanos e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), retomó sus planteamientos de su artículo “Un decálogo para la reflexión sobre el asesinato de Juan López” y sostuvo que el Estado no puede desligarse de su responsabilidad atribuyendo el crimen únicamente a sicarios, al crimen organizado o a conflictos territoriales.
Señaló que en un contexto marcado por amenazas y ataques contra personas defensoras, la responsabilidad estatal también surge por la falta de prevención, protección e investigación efectiva.
Por su parte, Emily Yozell, del Comité Internacional del Gremio Nacional de Abogados (NLG) de Estados Unidos, afirmó que el caso de Juan López es emblemático a nivel internacional porque refleja los patrones de violencia e impunidad que enfrentan quienes defienden los bienes comunes en Honduras.
Asimismo, recordó que López y otros integrantes del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa contaban con medidas cautelares de la CIDH y urgió al Estado a garantizar justicia integral, incluyendo la identificación y sanción de los autores intelectuales del crimen, así como la transparencia e independencia del juicio previsto a iniciar el próximo 15 de junio. Conoce más: Escuchas y testigos protegidos implicarían a Adán Fúnez en asesinato de Juan López
