Mientras el proceso judicial en su contra permanece estancado en Honduras, el empresario Lenir Pérez fortalece sus vínculos con figuras de poder en Estados Unidos y la élite política hondureña.
Analistas advierten que el retraso refleja el peso de las redes económicas y de cabildeo que blindan los intereses extractivos, pese a las denuncias por daños ambientales y violencia contra comunidades en Tocoa, norte de Honduras.
Tegucigalpa, Honduras. – Las reuniones ya no son en territorio hondureño. Ahora se organizan extraterritorialmente, específicamente en la Florida, ya sea en el resort de Mar a Lago del presidente Donald Trump o la residencia en Palm Beach del empresario minero Lenir Pérez.
A casi cuarenta días de su audiencia de presentación de imputado y a 20 de la suspensión de la audiencia inicial por daños y explotación de un parque nacional, el yerno del fallecido terrateniente Miguel Facussé Barjum presumió este fin de semana su influencia sobre las elites políticas de Estados Unidos y Honduras.
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En compañía de la congresista republicana de la Florida, María Elvira Salazar; el político y ahora presentador Matt Gaetz, ligado al movimiento Make America Great Again (MAGA); y el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano; Pérez afianza su relación con el poder mientras en Honduras se retrasa el proceso judicial iniciado en su contra desde septiembre de 2024. Aunque ni Pérez ni Zambrano mencionaron haber coincidido en el evento, las imágenes muestran el mismo lugar y ornamentos.
LOS HILOS DEL CAPITAL TRANSNACIONAL
Para Juana Esquivel, integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), el mensaje detrás de las fotos publicadas por el presidente del Poder Legislativo en Honduras y Lenir Pérez es claro y muestra el control que ejerce el poder económico sobre los intereses y los derechos de los pueblos.
“Creo que el mensaje es claro. Primero de a quién obedece y a qué intereses responde el actual gobierno de Honduras, que es un gobierno impuesto por toda la lógica ultraderecha que están imponiendo en América Latina”, planteó la defensora que, junto a Juan López, líder ambientalista asesinado en 2024, denunciaron por más de diez años los abusos y arbitrariedades producidas desde las empresas de Pérez en el territorio de Tocoa.
Esquivel planteó que Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, ambas filiales de Grupo Emco Holding dirigida por Pérez, no son solo una empresa minera y siderúrgica local, respectivamente, sino que forman parte de un entramado transnacional que blinda sus intereses ante la justicia detrás del poder.
“Sabemos que Pinares Ecotek es una empresa que opera en el territorio nacional, que opera en el municipio de Tocoa, pero esto solo es un eslabón local que tiene una base legal en otros países […] Aquí en Honduras lo que tenemos son las consecuencias que sufrimos las comunidades, la violencia, las violaciones a derechos humanos, los asesinatos, el daño ambiental, mientras en Estados Unidos buscan proteger el capital bajo sus leyes”, explicó.
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Lucía Vijil, asesora en justicia ambiental y ecológica del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), expuso que el retraso en el proceso judicial contra Lenir Pérez no es coincidencia y responde al reacomodo de las élites políticas y económicas, así como al lobbying o cabildeo que se realiza desde Estados Unidos a favor de las grandes empresas.
Vijil planteó que ante este escenario es necesario recordar el papel de Lenir Pérez a lo largo de los años, especialmente su impacto en la dinámica extractiva de Honduras.
El 27 de marzo, el juez dictó a Pérez medidas cautelares distintas a la prisión, sin imponer como medida cautelar la prohibición de salir de Honduras, luego que su defensa ofreció una caución de arraigo por tres millones de lempiras y una vivienda valorada en más de 5 millones.
Lenir Pérez, junto a otras doce personas –entre ejecutivos de sus empresas y funcionarios públicos– fue requerido en septiembre de 2024 por su supuesta responsabilidad en daños ambientales, apenas nueve días después del asesinato del líder ambientalista Juan López, quien había denunciado las irregularidades detrás del proyecto minero impulsado por Pérez y su esposa, Ana Facussé.
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¿JUAN ORLANDO EN LA FLORIDA?
Según reportes, vía redes sociales, de hondureños que viven en Estados Unidos, el narco expresidente Juan Orlando Hernández se encuentra residiendo en la Florida, aunque aún se desconoce el lugar exacto.
Aproximadamente hace dos semanas salieron a la luz las grabaciones de Hondurasgate, en las que supuestamente actores políticos como Juan Orlando Hernández y Tomás Zambrano entre otros, planificarían desde juicios políticos contra funcionarios del opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), reuniones en Mar a Lago organizando el retorno de Hernández, expansión de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico y Roatán como sitio para la construcción de una nueva base estadounidense.
De acuerdo con esos audios, que aún no han tenido una verificación independiente, Zambrano sería la mano derecha de Juan Orlando Hernández. Curiosamente, durante los juicios políticos contra el entonces fiscal general Johel Zelaya y el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, el presidente del Poder Legislativo no soltó su teléfono, entre llamadas telefónicas y mensajes.
