La llegada de Guillermo Peña Panting a la gerencia de la ENEE, y de Héctor Corrales Agüero a la presidencia de la CREE, coincide con el impulso de una reforma que ampliará la participación del sector privado y redefinirá las reglas del mercado eléctrico hondureño.
La reforma que plantea dividir la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en tres sociedades mercantiles para la generación, transmisión y distribución, avanza mientras la conducción del sector energético queda en manos de funcionarios con vínculos directos e indirectos con la industria eléctrica y sectores empresariales que históricamente han participado del negocio de la energía.
Tegucigalpa, Honduras. –La conducción del sector energético hondureño ha quedado en manos de funcionarios ligados directa e indirectamente con la industria eléctrica y sectores empresariales que históricamente han tenido intereses directos en el negocio de la energía, y que hoy, avalan la reforma energética que escindirá –dividiría— en tres sociedades mercantiles la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Los nombramientos de Guillermo Peña Panting, como gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), quien fungió como secretario técnico de la ZEDE Orquídea, y de Héctor Luis Corrales Agüero, ex asesor de la presidencia del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), al frente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), sugiere la inclinación del actual gobierno hacía los intereses privados.
La llegada de las dos personas en mención surgió precisamente previo a la discusión en el Congreso Nacional del anteproyecto de ley que transformaría la estructura de la ENEE y otorgaría mayores facultades regulatorias a la CREE, institución que tendría un papel determinante en la supervisión del nuevo esquema del mercado eléctrico.
Lea: Ruta hacia la privatización: Congreso impulsa reforma que fragmenta en tres partes la ENEE
¿EN MANOS DE QUIÉN ESTÁ EL GABINETE DE ENERGÍA?
A inicios de mayo de 2026, el presidente Nasry Asfura Zablah designó como gerente general de la ENEE a Guillermo Peña Panting, un libertario y economista especializado en temas energéticos, quien hasta 2021 se desempeñó como director del Operador del Sistema (ODS), un ente ligado a la estatal eléctrica, encargado de administrar el mercado mayorista de la energía. Su nombramiento no ha estado exento de controversias debido a su vinculación con la ZEDE Orquídea, donde fungió como secretario técnico.
Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) fueron promovidas durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández y posteriormente declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en septiembre de 2024, al considerar que vulneran principios fundamentales de soberanía nacional. Pese al conflicto legal, estos regímenes especiales siguen operando e incrementando sus operaciones.
Para diversos sectores, la participación de Peña Panting en el nuevo esquema energético representa una señal de afinidad con modelos de gestión que privilegian la participación privada en áreas estratégicas del Estado. Esta instancia fue advertida por el exgerente de la ENEE, Erick Tejada Medrano, al adelantar que la llegada de Peña Panting, a la gerencia de la estatal eléctrica, en mayo pasado, representaba el inicio de un proceso de privatización de la ENEE.
Mientras tanto, la entidad encargada de regular y fiscalizar el mercado eléctrico también está dirigida por el exasistente de la presidencia del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) Héctor Luis Corrales Agüero, hijo de la canciller Mireya Agüero y del empresario del sector camaronero Héctor Luis Corrales Barahona. Su nombramiento es parte del cuestionado nepotismo que gira alrededor del presente gobierno por su parentesco con la canciller.
Pero, además Héctor Luis Corrales Agüero, que fue nombrado en febrero de 2026 como comisionado presidente de la CREE, es pariente cercano de Arturo Corrales Álvarez, pues este, es primo hermano de su padre Héctor Luis Corrales Barahona.
Arturo Corrales Álvarez, un personaje influyente en las esferas políticas, ha sido asesor de varios gobiernos liberales y nacionalistas. Pero a raíz del golpe de Estado de 2009 su influencia se radicalizó hacia el Partido Nacional, ocupando varios cargos de relevancia durante las administraciones de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y Juan Orlando Hernández (2014-2018), cuando fue canciller y ministro de Seguridad, en ambos gobiernos.
La influencia de Corrales Álvarez no se queda en el poder político. También se extiende a la empresa Servicio de Medición Eléctrico de Honduras (Semeh) de la cual era uno de los principales accionistas, según una publicación del medio digital Revistazo.
Semeh fue favorecida con la concesión de los servicios de lectura y facturación del sistema de energía, pero su contrato fue suprimido en mayo de 2016, tras casi 17 años desde su primer contrato con la estatal eléctrica, con la entrada en operaciones del consorcio hondu-colombiano Empresa Energía Honduras (EEH).
Héctor Corrales Agüero, comisionado presidente de la CREE, fungió, hasta 2024, como asistente ejecutivo de la Presidencia y Dirección Ejecutiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
El fenómeno de la “puerta giratoria”
Para el economista y exasesor del Congreso Nacional, Claudio Salgado, la presencia de funcionarios con vínculos o historial con el sector privado en instituciones públicas responde a una práctica histórica en Honduras.
Según Salgado, grupos empresariales y económicos han procurado mantener influencia dentro de las entidades estatales mediante el nombramiento de personas afines a sus intereses.
Durante una entrevista brindada a Criterio.hn, precisó que este fenómeno puede observarse en instituciones como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el Banco Central de Honduras y otras instituciones, donde frecuentemente convergen actores provenientes del sector privado que, una vez concluyen sus funciones públicas, regresan a sus puestos en la empresa privada.
El economista describe esta dinámica como un fenómeno de «puerta giratoria», mediante el cual funcionarios transitan de manera recurrente entre cargos públicos y posiciones dentro de empresas privadas, situación que, según señala, genera dudas sobre la independencia de las decisiones adoptadas desde el Estado.
En los mismos términos se refirió a las y los diputados del Congreso Nacional, que en muchas ocasiones llegan a ese poder del Estado para promover legislaturas favorables a los empresarios, como ocurrió hace unos meses con la aprobación de la Ley a Tiempo Parcial y la Ley para el Fortalecimiento y Protección del sector Agroindustrial, ambas orientadas a proteger los intereses empresariales y en detrimento del pueblo hondureño.
Por su parte, el abogado e ingeniero eléctrico Armando Godoy Andino considera que los nombramientos dentro del sector energético no necesariamente constituyen el elemento central detrás de las reformas impulsadas en el rubro, pero advierte que pueden reflejar decisiones influenciadas por intereses particulares.
«Estas personas pueden llegar con sesgos derivados de sus vínculos previos y arrastrar potenciales conflictos de interés», señaló a Criterio.hn.
Aunque afirmó desconocer en detalle la trayectoria profesional de los funcionarios mencionados, sostuvo que sus perfiles podrían generar confianza entre los sectores interesados en impulsar las transformaciones actualmente planteadas para el sistema eléctrico nacional.
De interés: Respaldo del BID, BCIE, BM y CAF no disipa dudas sobre privatización de la ENEE
¿REGULADOR O CALCULADOR DE TARIFAS?
La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) posee amplias facultades otorgadas por la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), entre ellas aprobar tarifas, supervisar licitaciones, sancionar incumplimientos, prevenir prácticas monopólicas y garantizar la protección de los consumidores.
No obstante, críticos del sector cuestionan si el organismo ha ejercido plenamente esas atribuciones. El ingeniero eléctrico y docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Dennis Rivera, considera que la CREE no ha desempeñado el papel fiscalizador que le corresponde.
Durante una entrevista brindada semanas atrás a Criterio.hn, el docente explicó que la principal función de la CREE debería ser proteger a los consumidores mediante la supervisión efectiva del mercado, promoviendo licitaciones competitivas y verificando que los costos de generación reflejen condiciones reales y eficientes.
Sin embargo, considera que la institución ha limitado su actuación a la aprobación de tarifas y la emisión de reglamentos, sin ejercer una vigilancia efectiva sobre los actores del sector.
“Vemos un organismo regulador que sirve para calcular las tarifas, pero no vemos un organismo regulador que fiscalice y que esté protegiendo al consumidor”, cuestionó el también ingeniero eléctrico.
Rivera cuestionó, además, la función de la CREE, al indicar que tampoco observa acciones de sanción contra incumplimientos dentro del sistema eléctrico.
Las críticas adquieren mayor relevancia debido a que la reforma energética, actualmente en discusión en el Congreso Nacional, otorgaría a la CREE un papel aún más determinante para regular las condiciones bajo las cuales operarían las futuras empresas de generación, transmisión y distribución.
Según el anteproyecto de ley la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) estaría conformada por tres comisionados seleccionados por la Presidencia de la República a partir de propuestas realizadas por una Junta Nominadora.
El borrador de la reforma al subsector eléctrico señala que la Junta Nominadora estará integrada por representantes de las universidades públicas y privadas, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras (CIMEQH), el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Colegio de Economistas, la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia y la Secretaría de Energía (SEN).
Mientras el gobierno sostiene que los cambios buscan sanear financieramente la ENEE y modernizar el mercado energético, las voces críticas y especialistas en temas de energía advierten que la discusión no puede desligarse de quiénes serán los encargados de administrar y regular un sector que mueve miles de millones de lempiras y resulta fundamental para el desarrollo económico del país.
