La propuesta impulsada desde el Poder Ejecutivo para dividir la ENEE en tres sociedades mercantiles cuenta con el respaldo de organismos financieros internacionales. Pero sectores sociales, técnicos y políticos advierten riesgos de una privatización disfrazada y demandan una consulta más amplia con la ciudadanía.
Tegucigalpa, Honduras. –Mientras organismos financieros internacionales, sectores empresariales y funcionarios del gobierno respaldan la reforma al subsector eléctrico impulsada por el Poder Ejecutivo, crecen los cuestionamientos sobre si la iniciativa representa una modernización necesaria de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) o el paso previo a una privatización encubierta de uno de los activos estratégicos más importantes del Estado hondureño.
Durante el fin de semana, representantes de la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Banco Mundial expresaron su respaldo a la propuesta que plantea escindir la estatal eléctrica en tres sociedades mercantiles encargadas de la generación, transmisión y distribución de energía. Sumándose a esta línea de apoyo, se pronunció este lunes el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Dicho anteproyecto remitida al Congreso Nacional a finales de mayo, contempla la derogación del decreto 46-2022 contentivo de la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como Bien Público y de Seguridad Nacional, aprobada en 2022, y establece un nuevo modelo para el funcionamiento del sistema energético hondureño.
Entre los cambios más relevantes se encuentra el artículo 6 en el que se explica que la escisión o separación funcional de la ENEE en sociedades mercantiles que se encargará de la generación, transmisión y distribución.
Para sectores críticos, este apoyo internacional es una señal de que la reforma ya cuenta con el aval de los principales actores económicos y políticos, mientras que la discusión pública se mantiene limitada a espacios técnicos, empresa privada y organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Sin embargo, se ha dejado a un lado a la población, que en su mayoría desconoce términos técnicos, y no se ha consultado la opinión de más de 2.1 millones de abonados de la ENEE, de los cuales 1.94 millones son clientes residenciales.
Según especialistas e ingenieros eléctricos, de aprobarse esta reforma los principales afectados serían los clientes residenciales, pues terminarían asumiendo costos regulatorios asociados al sistema, entre ellos los cargos por respaldo de potencia, regulación de frecuencia, líneas regionales de interconexión, pagos al mercado eléctrico centroamericano y obligaciones financieras pendientes.
La reforma energética es apoyada por las bancadas de los partidos Nacional y Liberal que desde el inicio de esta administración mantienen un pacto unificador. De momento la oposición ha surgido únicamente de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) que ha advertido que la reforma representa una privatización gradual de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y afirma que la iniciativa no es modernización para favorecer la estatal, sino que representa una privatización por partes, disfrazada de reforma técnica.
Mediante un comunicado solicitaron al oficialismo que el tema sea sometido a una consulta popular para que sea la ciudadanía quien decida el futuro de la estatal eléctrica.
La dirigencia de Libre se reunió este lunes en su sede de Tegucigalpa donde se acordó instar a su militancia, gremios profesionales, organizaciones campesinas y la población en general a organizarse en asambleas para programar movilizaciones hasta lograr un paro nacional en defensa de la ENEE.
Lea: Ruta hacia la privatización: Congreso impulsa reforma que fragmenta en tres partes la ENEE
SE DEBE REALIZAR LAS SALVAGUARDAS NECESARIAS
Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica, considera que el principal problema de la ENEE no radica necesariamente en su estructura actual, sino en décadas de politización, corrupción, pérdidas económicas y falta de institucionalidad.
Rodríguez, quien aclaró a Criterio.hn que su postura es personal y no de la Coalición Patriótica, señaló que, aunque no se opone categóricamente a la escisión (división) de la estatal eléctrica, advierte que el proyecto requiere mayores garantías para evitar que la reforma termine facilitando intereses privados sobre activos financiados con recursos públicos.
Rodríguez explicó que, la discusión no debería centrarse en si el proceso es conveniente o no, sino en las garantías que se establezcan para proteger los activos públicos.
A juicio de Rodríguez la división de la ENEE en tres empresas podría contribuir a una administración más ordenada y especializada, especialmente en el área de distribución, identificada como la principal responsable de las pérdidas financieras de la estatal eléctrica.
Y a pesar de las advertencias que han realizado especialistas en el tema energético y académicos sobre el riesgo de una privatización disfrazada, Juan Carlos Rodríguez cree que las nuevas sociedades mercantiles continuarían siendo propiedad estatal y que el modelo podría asemejarse al utilizado por otras empresas públicas que operan bajo esquemas administrativos más flexibles.
Sin embargo, reconoció que existe desconfianza ciudadana debido a experiencias previas como el contrato con el consorcio colombo-hondureño Empresa Energía Honduras (EEH) y advirtió que cualquier reforma debe incorporar mecanismos claros que, enfatizó, impidan la privatización de activos estratégicos.
Lectura recomendada: ENEE interpone denuncia ante la Uferco contra EEH por corrupción en adjudicación de contrato
ESTADO DEBE GARANTIZAR LA ENERGÍA COMO UN BIEN PÚBLICO
Desde organizaciones sociales también se cuestiona el rumbo de la reforma y el papel que jugaría el Estado hondureño en el futuro del sistema eléctrico y como garante de la energía como bien público.
Al respecto, el exdirector de Radio Progreso y miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Ismael Moreno Coto, sostiene que la energía debe mantenerse como un bien nacional bajo control estatal y considera que la división de la ENEE representa una amenaza para la soberanía energética del país.
En conversación con Criterio.hn el sacerdote jesuita externó que la fragmentación o escisión de la estatal eléctrica podría convertirse en la antesala de una privatización gradual, especialmente en las áreas de transmisión y distribución, donde se generan ingresos estratégicos para el sistema eléctrico.
A su juicio, el discurso oficial que descarta cualquier privatización no resulta suficiente para disipar las dudas. «La intención de privatización de la ENEE es bastante clara», recalcó el entrevistado.
Asimismo, advirtió que una eventual privatización tendría efectos directos sobre la población más vulnerable mediante el incremento de tarifas y la reducción del acceso al servicio para quienes no puedan asumir los costos.
Vea: Subsidio a combustibles en Honduras: opacidad, dudas y ningún alivio en el bolsillo
SOCIALIZACIÓN LIMITADA Y DECISIONES YA TOMADAS
Uno de los cuestionamientos más recurrentes gira en torno al proceso de socialización del anteproyecto. Aunque los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CREE) y la Comisión de Energía del Poder Legislativo aseguran que la iniciativa ha sido ampliamente discutida con sectores técnicos, empresarios y organizaciones de sociedad civil, diversos actores consideran que la población en general ha permanecido al margen de la discusión.
Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica, reconoce que han existido reuniones con sindicatos, gremios técnicos y organizaciones especializadas, pero considera insuficiente el proceso de consulta ciudadana.
En ese sentido, planteó que la población hondureña también debe ser incluida en el debate, mediante espacios abiertos que permitan a la ciudadanía expresar sus opiniones, plantear inquietudes y conocer a profundidad el contenido de la normativa.
Según indicó, esto contribuiría a generar confianza y tranquilidad sobre los alcances de la ley. «La población tiene temor y necesita conocer exactamente qué contiene la ley y cuáles son las garantías para evitar una privatización», expresó.
Asimismo, manifestó su preocupación de que el proceso de consulta se convierta en un mero trámite, recordando experiencias anteriores en las que, pese a realizarse jornadas de socialización con distintos sectores, las propuestas fueron aprobadas con cambios mínimos respecto a los proyectos originales.
En tanto, Ismael Moreno, exdirector del ERIC-SJ, va más allá y cuestiona incluso el concepto de socialización utilizado por los representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo. «Una cosa es informar lo que se va a hacer y otra cosa es consultar a la ciudadanía y recoger su parecer», señaló.
Según el religioso, las consultas se han realizado principalmente con sectores que respaldan la iniciativa, mientras organizaciones campesinas, feministas, comunitarias, sindicatos y otros sectores populares han quedado excluidos del debate.
De interés: Empresas noruegas retiran demandas contra Honduras por más de L10,500 millones
LAS DUDAS TAMBIÉN HAN SIDO PLANTEADAS DESDE SECTORES ESPECIALIZADOS.
El Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras (CIMEQH) emitió un comunicado en el que advirtió que varios artículos del anteproyecto requieren una revisión más profunda antes de ser aprobados.
Entre las observaciones destaca el artículo 5, que establece que los bienes de las empresas subsidiarias no estarán sujetos a los mecanismos tradicionales de administración y control patrimonial del Estado.
Para el gremio, esta disposición podría implicar que activos estratégicos financiados con deuda soberana y recursos públicos, como centrales hidroeléctricas, líneas de transmisión y subestaciones, queden bajo un régimen distinto al que actualmente protege el patrimonio estatal.
Asimismo, el CIMEQH cuestiona que la reforma no incorpore mecanismos vinculantes para enfrentar los problemas estructurales que han provocado la crisis financiera de la ENEE, entre ellos las pérdidas técnicas y no técnicas de energía y el manejo de la deuda acumulada del sector.
También advierte que abrir el mercado eléctrico sin resolver previamente los problemas de confianza, incumplimientos contractuales y atrasos históricos podría traducirse en mayores costos para los consumidores, menor inversión en infraestructura y un aumento del riesgo financiero para el sistema.
