Aunque el actual Congreso Nacional anunció que no se emitirían cheques directos a diputados, las ayudas sociales y subvenciones continúan entregándose en especie desde ese poder del Estado.
La distribución de canastas familiares coordinada por las y los diputados del Congreso Nacional reabrió cuestionamientos sobre el uso de programas sociales con fines políticos, especialmente en un contexto marcado por antecedentes de corrupción y manejo discrecional de subvenciones.
Tegucigalpa, Honduras. – En Honduras, el segundo domingo de mayo se convierte en una fecha marcada por celebraciones familiares, homenajes y actividades comunitarias por el Día de la Madre. Pero también vuelve a poner en escena una práctica recurrente dentro de la política hondureña, la entrega de ayudas sociales por parte de las y los diputados del Congreso Nacional.
Canastas familiares, bonos y otras ayudas en especie comenzaron a distribuirse en distintas zonas del país durante los días previo a la conmemoración, impulsadas principalmente por congresistas del Partido Nacional, Partido Liberal y algunos del Partido Libertad y Refundación (Libre) en medio de cuestionamientos históricos sobre el uso clientelar y proselitista de estos recursos.
La distribución de canastas quedó evidenciada en una nota de voz enviada por la diputada liberal Alia Kafati, que en el pasado cuestionó esta práctica, en la que explica que desde el Congreso Nacional se estaban entregando canastas familiares con productos básicos para repartirlas en escuelas, colegios y colonias.
“Fíjese que yo pensaba donar varias canastas que son grandecitas, pero no se dieron abasto hoy en el Congreso y pues van a seguir repartiendo mañana y el sábado”, expresó la legisladora en el audio difundido en medios de comunicación.
Criterio.hn realizó el monitoreo de redes sociales que permitió identificar publicaciones de varios diputados que participaron en actividades similares. Entre ellos destacó el diputado nacionalista Kilvett Bertrand, quien difundió videos junto a otros miembros de su bancada durante una entrega de canastas en el municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán.
En las imágenes aparecieron también los diputados Arnold Burgos, Lissi Matute Cano, María José Sosa y Frank Alley (suplente), además del alcalde de Santa Lucía, Luis Avilez.
Otro de los congresistas que se sumó a las actividades fue al jefe de la bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, y secretario del Congreso Nacional, Francis Cabrera, en un centro educativo en Santa Rosa de Copán, en el departamento de Copán.
La entrega de ayudas no se limitó únicamente a diputados. También se realizaron actividades desde el recién creado Despacho de Acción Social y Esperanza, dirigido por Yohana Estrada, esposa del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
Sobre el trabajo que realiza Yohana Estrada, directora del Despacho de Acción Social, Criterio.hn solicitó al Congreso Nacional si ella maneja un presupuesto y si eroga un sueldo, pero el departamento de Transparencia de ese poder del Estado no respondió la petición.
Lea: Congreso mantendrá subvenciones, pero sin cheques a diputados asegura Zambrano
SUBVENCIONES Y FONDO DEPARTAMENTAL, CONTINUÁN BAJO OTRO ESQUEMA
Las nuevas entregas ocurren apenas meses después de años de cuestionamientos públicos sobre el manejo discrecional de subvenciones y subsidios entregados a diputados durante la administración del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.
Aunque la nueva directiva legislativa aseguró que se modificaría el mecanismo de entrega de ayudas, la práctica continúa bajo un esquema distinto: en lugar de transferencias directas de dinero a diputados, ahora se entregan ayudas en especie administradas desde el Congreso Nacional.
En ese sentido, el diputado nacionalista Eder Mejía afirmó que el presidente del Legislativo Tomás Zambrano dejó claro que ya no se emitirán cheques a nombre de congresistas.
“El diputado no va a volver a administrar ni siquiera 50 centavos del Congreso Nacional”, manifestó Mejía. Según explicó, el Congreso cuenta con recursos propios destinados a acción y ayuda social, por lo que los diputados únicamente pueden gestionar canastas familiares físicas, las cuales posteriormente deben ser liquidadas ante la administración legislativa.
Durante años, organismos de sociedad civil y sectores de transparencia han advertido que las subvenciones manejadas desde el Congreso Nacional favorecieron prácticas de clientelismo político y opacidad administrativa.
Datos analizados por Criterio.hn señalan que entre diciembre de 2022 y diciembre de 2025 el Congreso Nacional erogó 842.4 millones de lempiras en subvenciones y ayudas sociales justificadas bajo el artículo 205 de la Constitución de la República.
A pesar de múltiples solicitudes de información pública, el Poder Legislativo no entregó informes detallados sobre qué diputados solicitaron subvenciones, quiénes fueron los beneficiarios ni cómo se ejecutaron los recursos.
Los registros disponibles en el Portal de Transparencia indican que solamente en febrero de 2026 el Congreso Nacional destinó más de 16.9 millones de lempiras a ayudas sociales, donaciones a organizaciones sin fines de lucro y municipalidades.
De interés: Resurgen subvenciones a diputados desde Casa Presidencial y reavivan cuestionamientos
DIPUTADOS DEBEN LIMITARSE A SU ROL CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR
Para el abogado penalista y especialista en temas anticorrupción, Luis Urbina, el problema radica en que los diputados han asumido funciones que no corresponden a su mandato constitucional establecido en el artículo 205 de la Constitución de la República.
De acuerdo al texto constitucional las y los congresistas un único rol, que es el de legislar, es decir, crear, reformar, interpretar y derogar leyes.
Durante una entrevista brindada a Criterio.hn el jurista señaló que existe una interpretación errónea del numeral 37 del artículo 205 constitucional, el cual establece que corresponde al Congreso Nacional aprobar mediante ley en los casos en que proceda el otorgamiento de subsidios y subvenciones.
Según Urbina, esa disposición no otorga facultades directas a diputados individuales para administrar fondos públicos o gestionar ayudas sociales de forma personal.
El abogado recordó que anteriormente existió el decreto 116-2019 (Fondo Departamental), normativa que permitía el manejo de fondos públicos por parte de diputados, pero que posteriormente fue derogada en agosto de 2023, y a través del cual derivaron en múltiples denuncias por corrupción, proyectos inconclusos y utilización de recursos públicos con fines de proselitismo político.
“Lo que sí pueden realizar es crear decretos o proyectos donde se destine dinero del Poder Ejecutivo para obras en favor de la ciudadanía. Eso sí es una buena práctica. Sin embargo, manejar directamente los fondos genera escenarios de corrupción”, manifestó el entrevistado.
Explicó que en muchos casos solo una parte mínima de los fondos llegaba a ejecutarse en obras o ayudas reales, mientras el resto quedaba sin liquidar o era utilizado para otros fines.
Por otro lado, cuestionó el papel fiscalizador del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), al considerar que durante años no ha existido una supervisión efectiva sobre el uso de subvenciones legislativas.
A su juicio, las ayudas sociales entregadas directamente por diputados “juegan con el hambre de la gente, con la salud y con la falta de educación. Eso genera una codependencia por parte de los actores políticos”.
La entrega masiva de canastas familiares previo a la celebración del Día de la Madre evidenció que las subvenciones legislativas continúan operando, aunque bajo mecanismos distintos a los utilizados en administraciones anteriores.
Pese a las promesas de mayor control y rendición de cuentas, el Congreso Nacional sigue sin publicar información detallada sobre beneficiarios y ejecución de millones de lempiras destinados a ayudas sociales.
