Daniel Molina tiene evidentes conflictos de interés ya que su esposa Belinda Castillo fue nombrada recientemente como directora de Medicina Forense del Ministerio Público
Tegucigalpa, Honduras. –El gobierno de Nasry Asfura Zablah ordenó la disolución de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) y creó en su lugar la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas, una nueva estructura que estará bajo el mando del comisionado Jorge Daniel Molina Gálvez, un oficial que fue requerido por la fiscalía en dos ocasiones por presuntas violaciones a derechos humanos y abuso de autoridad.
En medio de una escalada de violencia que ha dejado al menos tres masacres, asesinatos de abogados, transportistas y la muerte de agentes policiales en las últimas semanas, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), determinó suprimir la Dipampco, una institución creada en julio de 2022, para combatir las estructuras criminales vinculadas a la extorsión, las maras y el crimen organizado.
El subsecretario de Seguridad, comisionado general en condición de retiro Mésil Marín Aguilar Amaya, informó que la nueva División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas quedará adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y que el personal de la extinta Dipampco será sometido a evaluaciones y pruebas de confianza antes de ser reasignado.
La reestructuración ocurre en uno de los momentos más complejos para la seguridad nacional. En las últimas semanas se registró la masacre de 20 campesinos en la comunidad de Rigores, en el municipio de Trujillo, Colón; el asesinato de tres jóvenes en El Progreso, Yoro, y la muerte de cinco agentes de la Dipampco durante un operativo antidrogas en la frontera de Corinto, municipio de Omoa, Cortés.
Sin embargo, más allá del cambio institucional, el nombramiento de Molina Gálvez ha despertado cuestionamientos debido a los antecedentes judiciales que pesan sobre el funcionario.
El 31 de marzo de 2022, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra Jorge Daniel Molina Gálvez y otros tres agentes policiales por los supuestos delitos de detención ilegal, vejámenes y abuso de autoridad en perjuicio de un ciudadano.
De acuerdo con la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2017, cuando la víctima regresaba de una manifestación relacionada con las denuncias de fraude electoral surgidas tras las elecciones generales de ese año.
Según la acusación fiscal, el ciudadano fue interceptado por varias patrullas policiales en el desvío a Yarumela, departamento de La Paz. Los agentes lo habrían rodeado, golpeado con toletes y patadas y posteriormente lo trasladaron a una posta policial sin que existiera una orden judicial o una causa legal que justificara su detención.
La denuncia también señala que el ciudadano fue encerrado en una celda y amenazado por los policías con lanzarle bombas lacrimógenas dentro del recinto.
La investigación del Ministerio Público sostiene que las acciones ocurrieron bajo el consentimiento del entonces jefe policial Jorge Daniel Molina Gálvez, quien además habría amenazado a la víctima con enviarlo a la cárcel de máxima seguridad conocida como “El Pozo” si volvía a encontrarlo en la calle.
Para la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, los hechos configuraban delitos relacionados con la detención ilegal del ciudadano, actos vejatorios y el incumplimiento de deberes por parte de los funcionarios involucrados.
Sin embargo, este no es el único proceso judicial que ha enfrentado el ahora director de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas. En agosto de 2019, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) presentó un requerimiento fiscal contra Molina Gálvez, junto a tres exfiscales y un funcionario del Poder Judicial.
De acuerdo con una publicación de un medio de comunicación escrito, Molina Gálvez habría incurrido en el delito de abuso de autoridad cuando se desempeñaba como comandante departamental de la Policía Nacional en La Esperanza, Intibucá.
Según la acusación Molina Gálvez, ordenó de manera arbitraria la liberación de dos fiscales que habían sido detenidos por agentes policiales tras presuntamente agredir a varios uniformados que atendieron una denuncia ciudadana.
Los hechos habrían ocurrido en febrero de 2018, cuando los tres funcionarios protagonizaban un escándalo en un restaurante de la ciudad, situación que motivó la intervención policial y posteriormente derivó en el proceso judicial.
Pese a estos antecedentes, Molina Gálvez ha sido designado para dirigir una de las nuevas estructuras de seguridad creadas por la administración de Nasry Asfura Zablah.
El nombramiento ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos que consideran que este tipo de decisiones envían mensajes contradictorios respecto al fortalecimiento institucional y el respeto al Estado de derecho.
A juicio del director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, es inconcebible que continúe recurriéndose a funcionarios que arrastran señalamientos o controversias para ocupar cargos de alta responsabilidad pública.
“Pareciera que no hay otras personas sin tachas o con menos tachas que las que tenemos actualmente en muchos de los puestos. Pareciera que uno de los requisitos esenciales para llegar a la función pública tiene que ser tener algún tipo de señalamiento”, manifestó Acevedo al ser consultado por Criterio.hn sobre el nombramiento de Molina Gálvez.
No obstante, el jurista aclaró que todas las personas tienen derecho a reivindicarse y rehacer sus trayectorias profesionales, pero sostuvo que el Estado debe ser más cuidadoso al momento de seleccionar funcionarios para puestos de alta sensibilidad.
Además, señaló que la nueva división debe operar bajo estrictos controles institucionales para evitar abusos y garantizar que sus actuaciones se apeguen a la Constitución de la República y a los estándares internacionales de derechos humanos.
LAS CONTROVERSIAS ALREDEDOR DEL NOMBRAMIENTO NO TERMINAN ALLÍ
Molina Gálvez está casado –según se observa en sus publicaciones en redes sociales— con Belinda Bárbara Castillo Fuentes, quien fue nombrada el pasado 13 de mayo de 2026 como directora de Medicina Forense del Ministerio Público, cargo para el que, según denuncian, no estaría facultada al no tener un título académico en Medicina con especialización en el área forense.
La coincidencia de ambos nombramientos ha despertado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, considerando que las instituciones que dirigen podrían coincidir en investigaciones penales complejas donde intervienen tanto cuerpos de investigación policial como peritos forenses.
Jorge Daniel Molina ha compartido diversas fotografías en sus redes sociales fotografías con la nueva titular de Medicina Forense, Belinda Castillo Fuentes.
En abril de 2026, el medio Reporteros de Investigación denunció que la funcionaria no cumplía con los requisitos profesionales exigidos para dirigir Medicina Forense, al no ser especialista en esa área ni contar con los requisitos de carrera fiscal que demanda el artículo 54 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Del mismo modo, cuestionaron su supuesta vinculación política con el Partido Nacional y su participación previa como perito de la defensa en procesos relacionados con exfuncionarios investigados por corrupción.
A criterio del jurista y director ejecutivo de Ciprodeh, Javier Acevedo, el vínculo matrimonial entre ambos funcionarios –Jorge Molina y Belinda Castillo— representa un riesgo institucional que no debe ser ignorado.
“Es un riesgo alto. Creo que el gobierno debe tener más creatividad al momento de identificar a sus funcionarios. En Honduras existen otras personas que pueden desempeñar estos cargos sin poner en riesgo elementos tan importantes como la independencia, el buen juicio y el profesionalismo”, afirmó.
Del mismo modo, sostuvo que las labores policiales y forenses son especialmente delicadas debido a que pueden incidir directamente en procesos de criminalización y privación de libertad de las personas.
Asimismo, cuestionó que la nueva administración esté recurriendo nuevamente a figuras vinculadas a estructuras de gobiernos anteriores en lugar de promover nuevos perfiles técnicos y especializados.
