Masacres, militarización, reformas penales y discursos que criminalizan la protesta configuran un escenario que, según analistas, busca moldear la conducta social, debilitar la participación ciudadana y erosionar los controles democráticos en Honduras.
Tegucigalpa, Honduras. – El miedo tiene muchas formas. Puede llegar con una masacre, con la presencia de militares en las calles o con una ley que amplía castigos y restringe derechos. En Honduras, en los últimos meses ha llegado de todas esas maneras.
En cuatro meses del gobierno de Nasry Asfura, Partido Nacional, se han reportado más de ocho masacres. Una de las más sangrientas ocurrió en Rigores, Trujillo, Colón donde 20 campesinos –entre ellos mujeres, hombres y niños– fueron asesinados cuando se aprestaban a iniciar su jornada.
Paralelamente, el Congreso Nacional ha aprobado o discutido reformas que endurecen penas y amplían delitos como terrorismo y asociación terrorista. Diversos sectores alertan que estas modificaciones podrían utilizarse para criminalizar organizaciones legalmente constituidas e incluso equiparar las luchas por el acceso a la tierra y las recuperaciones territoriales con acciones vinculadas al terrorismo.
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Previamente, también se impulsaron juicios políticos contra funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia electoral (TJE) ligados al Partido Libertad y Refundación (Libre), además del desmantelamiento de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco), creado durante el gobierno de Xiomara Castro.
A primera vista, estos acontecimientos podrían parecer hechos inconexos. Sin embargo, para el sociólogo Engels López forman parte de una estrategia más amplia que combina punitivismo y neoconservadurismo. Según el académico, se trata de una visión que busca defender un orden social jerárquico y centralizado mediante formas autoritarias de ejercer el poder y el control sobre las instituciones y la sociedad.
López sostiene que ese control opera en tres dimensiones: sobre el cuerpo y la mente de las personas, sobre las formas de organización e interacción social, y sobre los mecanismos de expresión política y resistencia. Desde esa perspectiva, el endurecimiento penal, la militarización y la construcción de amenazas permanentes no serían fenómenos aislados, sino herramientas orientadas a moldear la conducta social.
El investigador considera que el punitivismo parte de esa idea de que existe una amenaza constante sobre la comunidad nacional. Esa amenaza puede estar representada por estructuras criminales, pero también por grupos sociales y colectivos organizados. En ese contexto ubica las reformas al Código Penal, los cambios relacionados con la usurpación y la insistencia en vincular conflictos agrarios y organizaciones campesinas con estructuras criminales
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DEL MIEDO INDIVIDUAL AL DETERIORO DEMOCRÁTICO
Dulce Davis, psicóloga e integrante del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), advierte que el miedo no solo afecta a quienes sufren directamente la violencia. También transforma la forma en que una sociedad se relaciona consigo misma.
A su juicio, la exposición constante a amenazas, discursos de criminalización y mecanismos de control puede generar parálisis, autocensura y retraimiento social, llevando a las personas a priorizar la protección individual sobre la participación colectiva y debilitando progresivamente la capacidad de organización y resistencia de las comunidades.
Bertha Oliva, coordinadora del Comité de familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), advierte que el efecto de estas dinámicas trasciende a las personas afectadas y alcanzan el funcionamiento mismo de la democracia.
A su juicio, cuando el miedo se instala en la sociedad, se reducen los espacios para el debate, la denuncia y la participación ciudadana, generando condiciones propicias para la concentración del poder y el debilitamiento de los controles democráticos.
Pese a ese panorama, Oliva considera que el miedo no debe asumirse como una condición inevitable. La defensora de derechos humanos sostiene que la principal respuesta frente a los intentos de limitar derechos o reducir los espacios democráticos pasa por la participación ciudadana, la organización social y el ejercicio activo de las libertades fundamentales.
A su juicio, cuando la población deja de involucrarse en los asuntos públicos o renuncia a denunciar abusos por temor, se debilitan los mecanismos democráticos que permiten controlar el poder. Remarca que la defensa de la democracia requiere ejercer una ciudadanía informada, critica y dispuesta a ejercer sus derechos incluso en contextos adversos.
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Dulce Davis del Cespad coincide en que el miedo no debe asumirse como una condición permanente. Considera que una de las principales formas de enfrentarlo es fortaleciendo los vínculos comunitarios y recuperando los espacios de participación colectiva que suelen debilitarse en contextos de violencia y polarización.
La psicóloga advierte que una de las consecuencias más profundas del miedo es que desplaza a las personas de una ciudadanía activa hacia una lógica de supervivencia. Cuando eso ocurre, explica, la protección individual suele imponerse sobre la participación colectiva y la defensa de derechos.
