Tegucigalpa, Honduras. – En el foro sobre el acceso a la anticoncepción de emergencia, conocida como la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE) y la prevención del embarazo adolescente, al que acudieron varias instituciones gubernamentales, sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y de derechos de la mujer y las niñas, entre los temas abordados es la evaluación o una radiografía de cómo está hoy el tema de anticoncepción de emergencia en Honduras.
Pese a todos los obstáculos históricos no se ha dejado de luchar porque hay un compromiso y el derecho lo asiste, pero también se requiere de la movilización de todos los sectores, médicos, académicos, estudiantes, comunidades, una acción colectiva, una acción masiva para defender estos derechos y no permitir las decisiones regresivas que ocurren en Honduras sigan flagelando los derechos sexuales y reproductivos.
Pavlova Polanco, médico con especialidad en salud sexual y reproductiva y educación sexual integral, , dijo en entrevista con Criterio.hn que, uno de los aspectos que se ha dialogado es el acceso real a la PAE, la cual solo se ha logrado centrar en las ciudades y de forma privada, aunque ya hay un decreto, que dice que el acceso debe ser gratuito en el área pública sin necesidad de receta, pero en la realidad en las áreas rurales no se encuentra o tienen que pasar por muchos procesos para acceder a la pastilla, es decir, hacer cita y recibir una consulta.
Por lo anterior, una de los planteamientos que se está haciendo desde hace varios años y que se está reforzando es el acceso libre, fácil y sin discriminación, aunque hay instituciones que tienen una vía rápida para acceder a la anticoncepción de emergencia, pero tal vez la población en general no lo sabe, por ejemplo, en Ciudad Mujer, la PAE se puede obtener de forma rápida y sin hacer todo el proceso de consulta al igual que en varios hospitales públicos.
No todas las farmacias venden la PAE, aunque legalmente esto es un derecho que tienen todas las mujeres.
La Secretaría de Salud ha tenido apertura hasta el momento, pero existe el temor de que perder estos derechos, por ejemplo, cuando hay cambios de gobierno y hay cambios de personal, se despidieron personas que se capacitaron hace 4 años, entonces entra un personal nuevo que no está capacitado ni formado en el protocolo de atención sobre el tema de la PAE, lo cual significa un retraso.
Además, tanto profesional de la salud como sociedad civil no tienen toda esa información, no se ha propagado en medios de comunicación toda la información clara sobre los beneficios de tener un derecho como la anticoncepción de emergencia.
Todos, independientemente del partido político, de la función y la profesión, deberían de buscar en pro de los derechos sexuales y reproductivos y, en este caso, sería para impulsar el derecho al acceso de la PAE. Lo que falta es más difusión, más empoderamiento y la importancia de seguir luchando por este derecho para evitar que sea arrebatando.
Se necesita una campaña masiva de comunicación desde los profesionales de la salud, Colegio Médico, Asociación de Ginecólogos, entre otros, para esclarecer tantas dudas y el miedo que tiene la población sobre la PAE, esclarecer por qué no es abortiva y cómo realmente funciona de una manera profesional y dirigida a los diferentes sectores.
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ADOLESCENTES Y NIÑAS SIENDO MADRES
Claudia Herrmannsdorfer, abogada y socia fundadora del Equipo Jurídico de los Derechos Humanos (EJDH), expresó que los derechos reproductivos deben generar todo un ambiente y condiciones para que se pueda tener acceso sin discriminación y en igualdad, es uno de los principios básicos torales en la Constitución de la República, y no se debería ir más allá para poder “invocarlos”.
Cualquier abordaje de las barreras para el acceso a la justicia social debe considerar una mirada integral de los distintos factores y causas estructurales y basarse en la interinstitucionalidad, considerar las realidades de los distintos adolescentes y su entorno.
Algunos desafíos básicos respecto a lo expuesto para garantizar esos derechos reproductivos en adolescentes son: la necesidad de un marco legal claro y justo, tomar en cuenta la diversidad y las diferentes realidades, porque aun cuando se tiene algunas normas de la Secretaría de Salud, existe contraste y dentro de todas las incoherencias dentro del Estado, existen prohibiciones y amenazas contra la PAE y los grupos Pro Vida no ceden y van en contra de este avance.
Todavía se debe un marco legal claro y justo con la reaprobación de la PAE, que se base en que el acceso a la anticoncepción de emergencia es una herramienta clave para el ejercicio de los derechos reproductivos, sobre todo en una manera reforzada en aquellas personas en situaciones vulnerables, se habla de proteger su derecho a la vida, a la salud y su propia dignidad.
La perspectiva social implica abordar los derechos reproductivos enfrentado esas barreras económicas, culturales que limitan el desarrollo integral de los adolescentes en Honduras.
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RETROCESOS Y SUS RESULTADOS
Es oportuno recordar que, durante el gobierno de Xiomara Castro Sarmiento (2021-2026), había varias promesas de campaña en el tema de género, entre ellas: promesas de campaña sobre los derechos sexuales y reproductivos, como recuperar la venta, distribución y uso de la anticoncepción de emergencia, despenalizar el aborto en sus tres causales e implementar la educación sexual integral en el sistema educativo.
De esas promesas, solo se alcanzó el decreto que derogó el Acuerdo Ejecutivo Número 2744 de año 2009, lo cual se logró por medio de la firma y publicación número 36,174 de La Gaceta del Acuerdo Ejecutivo Número 75-202318. Por tal razón es que la PAE ya está autorizada en el país para su uso, distribución y venta.
Cabe mencionar que una de las primeras acciones del gobierno de facto luego del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, aquel 21 de octubre de 2009, a través de la Secretaría de Salud, fue prohibir la promoción, uso y venta de la PAE. Así como su distribución pagada o gratuita y comercialización de fármacos de anticoncepción de emergencia, en farmacias, droguerías o cualquier otro medio de adquisición.
Según registros de COIPRODEN, en lo que va del 2026, el Registro Nacional de las Personas (RNP), ha reportado casos de niñas de 8, 10 y 11 años como madres. Asimismo, 4 niñas de 12 años, 41 niñas de 13 años, 218 de 14 años y más de 2,500 embarazos adolescentes en niñas entre los 15 y 17 años, lo que da un vistazo de lo alarmante de la situación de salud sexual y reproductiva, y lo preocupante de la situación de país que se está ignorando y permitiendo que las niñas se conviertan en madres.
Cristina Alvarado, coordinadora del Movimiento de Mujeres por La Paz “Visitación Padilla”, compartió en entrevista con Criterio.hn que, en materia de violencia sexual, del 2022 al 2025, se presentaron más de 5, 500 denuncias ante el Ministerio Público (MP), por violencia sexual contra niñas, de las cuales apenas existen 665 requerimientos fiscales.
“Es un asunto de respuesta institucional extremadamente deficiente que pone en riesgo la vida, no se está garantizando ni protegiendo la vida de las niñas ni de las mujeres y no se apuesta a la prevención”, expresó Cristina Alvarado. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn
