La acción será presentada ante Inhgeomin por representantes de las comunidades de Azacualpa, quienes argumentan que la afirmativa ficta utilizada por Minosa para extender la concesión San Andrés 1 incumplió requisitos legales y vulneró derechos de la población maya chortí.
Tegucigalpa. – Pobladores mayas chortí de Azacualpa en La Unión, Copán, occidente de Honduras, presentarán una acción de nulidad absoluta contra la afirmativa ficta sobre la que Minerales de Occidente S.A. (Minosa) opera y sustenta una ampliación por 30 años más para la concesión minera de San Andrés 1.
La afirmativa ficta es una figura legal del derecho administrativo que establece que si una autoridad no responde a una solicitud o petición escrita dentro del plazo legal establecido, esta se considera aprobada o aceptada automáticamente. Su objetivo es proteger a los ciudadanos frente a la inactividad o el silencio de las instituciones
La acción administrativa será presentada ante el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) por el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), que representa a la población afectada por la expansión minera que ha desplazado a comunidades y destruyó el histórico camposanto de San Andrés pese a dos sentencias judiciales emitidas por la Sala de lo Constitucional y la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán.
El coordinador del BED sostuvo que la forma en que Minosa adquirió la afirmativa ficta viola las normas esenciales de procedimiento establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo. Además, argumentó que la Ley General de la Administración Pública establece que ningún acto de la administración puede considerarse válido cuando reduce, limita o vulnera derechos fundamentales, incluidos los relacionados con las garantías del debido procedimiento.
Minosa habría solicitado la renovación de la concesión de San Andrés tras su vencimiento en 2021. Según Fernández, durante el trámite algunas instancias de Inhgeomin consideraron que la empresa no cumplía los requisitos para obtener la prórroga, mientras otras plantearon que antes de resolver debía recabarse la opinión del departamento legal. En ese proceso, el BED presentó una oposición formal a la renovación. Pese a que no existió una resolución definitiva, la empresa interpretó el silencio de la institución como una afirmativa ficta y respaldó esa posición mediante un acta notarial.
Fernández argumentó que la figura de la afirmativa ficta no podía aplicarse en este caso porque Minosa no acreditó el cumplimiento de obligaciones sociales y comunitarias ni los impactos asociados a la concesión. Además, señaló que el trámite fue promovido ante una instancia que considera incompetente y que el silencio administrativo positivo no puede operar cuando existe una controversia entre partes, como ocurrió con la oposición formal presentada por las comunidades maya chortí.
El abogado también alegó la violación al derecho de consulta previa, libre e informada. Sostuvo que la población de Azacualpa desconoce aspectos fundamentales de la concesión, entre ellos el alcance del proyecto y sus impactos sociales y ambientales. Asimismo, rechazó los argumentos que niegan la presencia indígena en la zona y afirmó que el carácter maya chortí del territorio ha sido reconocido por el Estado hondureño mediante resoluciones judiciales e informes oficiales. En ese contexto, argumentó que la afirmativa ficta no puede operar en una concesión cuestionada por comunidades indígenas que mantienen una oposición formal al proyecto.
En mayo del año pasado, Criterio.hn publicó el artículo “Aura Minerals dice tener prórroga por 30 años; Inhgeomin niega existencia de resolución”, en el que se reveló que la transnacional Aura Minerals, que opera en Honduras a través de Minosa, informó a sus inversionistas que la concesión minera había sido “oficialmente renovada por 30 años, extendiendo su vigencia hasta 2051” mediante una afirmativa ficta.
Sin embargo, al ser consultado por Criterio.hn, el entonces director del Inhgeomin, Carlos Maradiaga, negó la versión de la trasnacional y remarcó que si bien la afirmativa ficta es una figura vigente, su aplicación no implica la automática aprobación de solicitudes sin antes pasar por un n proceso técnico y legal exhaustivo.
