Aura Minerals dice tener prórroga por 30 años; Inhgeomin niega existencia de resolución

Inhgeomin niega que se haya emitido una resolución que amplie la concesión minera de Aura Minerals por 30 años en territorio indígena y considera que el documento refleja las expectativas de la minera

En un reporte técnico de divulgación continua, presentado ante el Sistema Nacional de los Administradores de Valores Canadienses (SEDAR+), Aura Minerals alega que concesión minera de San Andrés I fue “oficialmente renovada por 30 años, extendiendo su vigencia hasta 2051” a través del mecanismo de Afirmativa Ficta

Tegucigalpa, Honduras. – La transnacional Aura Minerals, que opera en Honduras a través de la empresa Minerales de Occidente S.A. (Minosa), informó a sus inversionistas que la concesión minera de San Andrés fue “oficialmente renovada por 30 años, extendiendo su vigencia hasta 2051”.

La controversial empresa afincada en territorio maya chortí, específicamente Azacualpa en La Unión, Copán, es el epicentro de un conflicto socioambiental marcado por desplazamiento, criminalización, interrupción al libre tránsito de las personas y exhumaciones de cadáveres incumpliendo fallos judiciales, entre otros. El último incidente fue la detención de una persona cuando se oponía a la tala del bosque en la zona de amortiguamiento de la mina.

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La información está contenida en el Reporte Técnico NI 43-101 Mina de San Andrés, presentado ante el Sistema Nacional de los Administradores de Valores Canadienses (SEDAR+) el pasado 31 de marzo. De acuerdo, al documento “[L]a concesión minera San Andrés I fue oficialmente renovada por 30 años, extendiendo su vigencia hasta 2051, bajo el mecanismo administrativo de Afirmativa Ficta”.

Carlos Maradiaga, director del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) desde mayo de 2023, negó a Criterio.hn que exista una resolución que otorgue a Minosa una ampliación de concesión por 30 años, como afirma la empresa Aura Minerals. Señaló que, aunque la afirmativa ficta es una figura jurídica vigente, su aplicación no implica automáticamente la aprobación de solicitudes sin antes pasar por un proceso técnico y legal exhaustivo.

Aclaró que no se han emitido autorizaciones de ese tipo recientemente y que aún está pendiente la revisión completa del expediente de Minosa por parte de las unidades técnicas del instituto (ambiental, geología, mina, desarrollo social, fiscalización, entre otras). Además, mencionó que lo expresado por la empresa parece ser más una expectativa unilateral que una resolución oficial, y que no puede confirmar ni negar una renovación hasta concluir el proceso.

¿QUÉ ES UNA AFIRMATIVA FICTA?

La afirmativa ficta está contemplada en el artículo 29 de la Ley de Procedimiento Administrativo, mediante el cual se establece que en caso de que una solicitud escrita no sea respondida dentro del plazo legal, se entenderá por aprobada automáticamente, siempre que el peticionario cumpla con los requisitos. A la vez que el funcionario que omita respuestas puede ser responsable de los daños causados al Estado.

Según la relación de hechos en el documento de Aura Minerals, la renovación de la concesión fue realizada en 2021. Sin embargo, el abogado Pedro Mejía, del Bufete Estudios para la Dignidad (BED) precisó que la solicitud de prórroga habría sido ingresada al Inhgeomin durante el último año de la administración de Juan Orlando Hernández, y correspondía responderla a los funcionarios de la administración de la presidenta Xiomara Castro en 2022.

Mejía especificó que desde el BED no tienen conocimiento de la existencia de una resolución formal que declare con lugar la afirmativa ficta.

A la prórroga de la concesión minera se suma la expansión de varios proyectos, entre ellos la plataforma de las pilas de lixiviación. Aura Minerals también aduce que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) habría guardado silencio ante la solicitud de los permisos, lo que interpreta como una aprobación tácita.

Incluso el asesor legal de Aura Minerals en Honduras es citado en el informe, afirmando que, en virtud del principio de silencio administrativo positivo, las licencias ambientales y permisos seguirían vigentes si la autoridad no responde dentro del plazo legal.

INACCIÓN DEL GOBIERNO PERMITE RENOVACIÓN TÁCITA DE CONCESIONES MINERAS

La herramienta legal que facilita la afirmativa ficta es el silencio administrativo positivo, basado en la obligación que tienen las instituciones del Estado de responder, en un plazo razonable, a las solicitudes ciudadanas. En caso de no hacerlo, se entiende automáticamente que la solicitud fue aprobada, aunque no se haya pronunciado oficialmente, explicó el abogado Pedro Mejía a Criterio.hn.

Este silencio administrativo positivo ya había sido denunciado por la analista socioambiental Lucía Vijil en un análisis de coyuntura publicado por el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad).

Vijil advirtió que la mina de Sapadril en Puerto Cortés, operada por la empresa Agregados del Caribe S.A. de C.V. (Agrecasa), se buscaba amparar en el silencio administrativo positivo para legitimar la renovación de su licencia ambiental y obtener un permiso de operación municipal, a pesar de no contar con las autorizaciones correspondientes.

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Antes de conocerse el informe de Minosa, Criterio.hn contactó a Vijil quien explicó que existe un patrón a través del cual tanto Inhgeomin como Serna aseguran que no otorgarán nuevas concesiones ni licencias, pero luego no se pronuncian formalmente, abriendo la puerta al uso del silencio administrativo, en beneficio de las empresas y pese a la oposición ciudadana.

Tanto en el caso de Minosa en Copán como en el de Agrecasa en Cortés, ambas concesiones mineras a cielo abierto no cuentan con el apoyo de las comunidades locales, que denuncian afectaciones a la salud y a la infraestructura por las detonaciones y el uso de químicos en la zona, entre otras violaciones a sus derechos humanos.

Lo planteado por la compañía a sus inversionistas implica que, mientras públicamente se afirmaba “no más minería a cielo abierto” y se prometía no extender licencias ni concesiones, la institucionalidad no respondió a una solicitud de prórroga, lo que según Aura Minerals, dio paso a la ampliación de la concesión hasta 2051, así como a la validez de otros permisos ambientales.

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En conclusión, señaló Mejía, el gobierno no está denegando ni resolviendo formalmente las solicitudes, sino que simplemente guarda silencio. Este vacío permite que las empresas usen el silencio administrativo a su favor y alegar que tácitamente se ha admitido sus solicitudes de prorrogas en concesiones mineras y licencias ambientales.