A ocho días del inicio del plantón contra la reactivación del proyecto minero de Agrecasa, pobladores y equipo legal denuncian inacción del Estado pese a los daños ambientales comprobados
Foto portada: Bufete Estudios para la Dignidad (BED)
Tegucigalpa. – Ante la reactivación de operaciones de una minera no metálica a cielo abierto, pobladores de las comunidades que conforman el municipio de Puerto Cortés, en el noroccidente de Honduras, mantienen desde hace ocho días un plantón en oposición al proyecto extractivo.
La protesta inició el martes 22 de abril afuera de la entrada principal del plantel de la cantera Sapadril, operada por la empresa Agregados del Caribe S.A. de C.V. (Agrecasa), ubicada en Brisas de Tramades en el Sector Medina de Puerto Cortés.
Walter Díaz, del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), indicó que Agrecasa realiza actividades de explotación minera en la zona desde hace aproximadamente 20 años. Estas incluyen el uso de dinamita y maquinaria pesada, lo que provoca fuertes vibraciones en los territorios aledaños.
Olvin Narváez, residente de la comunidad de Campana y uno de los participantes en el plantón, contó a Criterio.hn que, además de los daños ambientales, las operaciones mineras han causado afectaciones a la salud de la población y a la infraestructura de las viviendas.
Narváez detalló que la concesión minera a cielo abierto abarca mil hectáreas. Aunque la actividad se ha concentrado en el Sector Medina, las afectaciones han alcanzado las comunidades de Baracoa, Campana, Las Delicias y Comunidades Unidas.
Según el poblador, las operaciones mineras iniciaron en 2007 sin que el proyecto fuera socializado con la población y sin un estudio de impacto ambiental previo.
Celedonio Cantarero, otro residente afectado, afirmó que el plantón continuará hasta que se cancele de forma definitiva la concesión –otorgada por tiempo indefinido– y se cierren por completo las operaciones de Agrecasa.
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Según información proporcionada por Walter Díaz, en mayo de 2024 el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) emitió la resolución 151-2024 mediante la cual resolvió suspender las actividades de la empresa por un año, debido a las afectaciones provocadas en la zona. Sin embargo, pese a la suspensión de permisos mineros, la empresa habría continuado operando, amparándose en un permiso que solo le autoriza a remover y trasladar el material ya extraído antes de la suspensión.
Al respecto, Lestter Castro, abogado del BED, denunció la incapacidad del Estado para detener de manera definitiva los proyectos extractivos que generan daños ambientales y violaciones de derechos, como en el caso de Agrecasa.
Castro señaló que, a pesar de existir dictámenes técnicos del Inhgeomin, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) que confirman daños al río Medina, afectaciones a fuentes de agua y a la población, ni el Ministerio Público ni la Procuraduría de la República (PGR) han presentado requerimientos. Ambas instituciones se excusan en la ausencia del dictamen final de la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), lo que permite que la empresa continúe operando sin consecuencias.
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