Tegucigalpa .- En una carta dirigida al presidente Nasry Juan Asfura Zablah y al presidente del Congreso, Tomás Zambrano Molina, el Movimiento Ambientalista Social del Sur Por La Vida (MASSVida) y la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos (RADH) condenan la aprobación de la Ley de Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial.
Las organizaciones señalan que se trata de una normativa aprobada a espaldas del pueblo y en abierta complicidad con los grandes intereses corporativos. Desde las organizaciones defensoras de los bienes comunes y el territorio, advirtieron oportunamente los peligros de esta iniciativa; sin embargo, el pleno de diputados decidió ignorar la voz del Pueblo.
Las organizaciones sociales, campesinas e indígenas, denunciamos que este decreto porque desconoce los derechos históricos sobre los territorios, asesta un golpe mortal a la urgente necesidad de una Reforma Agraria Integral, justa y con enfoque de género.
Además consolida un régimen de privilegios exclusivo para el gran capital agroindustrial, debilitando drásticamente los controles ambientales y convirtiendo la justa lucha por el acceso a la tierra en un delito de alta peligrosidad.
Tambien denunciamos públicamente que, para imponer este nefasto marco jurídico, el poder político y empresarial ha utilizado como excusa y disfraz la supuesta persecución de «grupos invasores de tierras productivas» y «bandas armadas».
Advierte que detrás de esta narrativa de estigmatización, el verdadero objetivo es criminalizar la protesta social y perseguir judicialmente a las familias campesinas y al pueblo que cuidan legítimamente la tierra, los territorios y los bienes comunes. Este modelo se asemeja peligrosamente al esquema de despojo de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), ampliamente declaradas inconstitucionales.
PETICIONES
Al Presidente Nasry Asfura, piden, que, en su condición de Jefe de Estado y garante del bienestar social, le exigimos firmemente que ejerza su facultad constitucional y aplique el VETO TOTAL e inmediato a esta ley lesiva por razones de inconstitucionalidad e interés público.
Al Presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, le exigen que impulse de manera urgente un diálogo nacional, transparente y vinculante sobre la conflictividad agraria, cuyo eje central sea una verdadera política de redistribución de la tierra y protección ambiental, incorporando de forma efectiva las
organizaciones campesinas, pueblos indígenas, movimientos sociales, comunidades rurales, defensores de derechos humanos y el territorio
