El informe “Situación de defensoras en Honduras 2024” revela que más del 50% de los ataques son perpetrados por fuerzas estatales, en un contexto de creciente criminalización y despojo territorial que afecta principalmente a quienes defienden la tierra, el territorio y los bienes comunes
Tegucigalpa, Honduras. – En Honduras, las mujeres defensoras de derechos humanos enfrentan múltiples formas de violencia, siendo el Estado el principal agresor.
De acuerdo con el informe “Situación de defensoras en Honduras 2024”, presentado por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, sólo en el 2024 se registraron 2,735 ataques.
Ana Leverón, integrante de la Red, explicó a Criterio.hn que estas agresiones han ido en aumento progresivo, especialmente desde el golpe de Estado de 2009, que marcó un antes y un después para el movimiento social y las comunidades organizadas. “Hemos visto cómo las agresiones incrementan año con año”, señaló Leverón,
En 2024, las agresiones contra las defensoras de derechos humanos aumentaron un 1.8 %. En ese sentido, Leverón enfatizó que la mayoría de estos ataques son colectivos, ocurridos en contextos de plantones, manifestaciones y exigencias de justicia ante problemas estructurales.
El informe advierte sobre una tendencia de crecimiento progresivo en este tipo de ataques, especialmente dirigidos contra quienes defienden la tierra, el territorio y los bienes comunes, que concentran más del 80% de los casos registrados.
En cuanto a la comparación con otros gobiernos, Leverón afirmó que el incremento de agresiones es una realidad que se sostiene en el tiempo, y que la mejora en el sistema de registro ha permitido documentar con mayor precisión esta situación. “Estos últimos cuatro años, bajo un gobierno que generó esperanza al principio, se siguen perpetrando agresiones”, afirmó, y añadió que, aunque las manifestaciones públicas multitudinarias han disminuido, las agresiones en plantones y movilizaciones persisten, así como la violencia institucional desde el sistema de justicia.
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EL ESTADO, PRINCIPAL PERPETRADOR DE AGRESIONES CONTRA DEFENSORAS EN HONDURAS
Durante los últimos 15 años, el Estado hondureño ha sido identificado como el principal agresor de las mujeres defensoras de derechos humanos, responsable de aproximadamente la mitad de las violencias documentadas.
Katerin Cruz, de la Red Nacional de Defensoras, enfatiza que “el Estado son la policía nacional, las fuerzas armadas, las autoridades municipales y otras instituciones que ejercen violencia contra las defensoras”. Esta violencia estatal se manifiesta en hostigamientos, amenazas, desalojos forzados y procesos judiciales que buscan criminalizar la labor legítima de defensa de derechos.
Las agresiones perpetradas por el Estado no solo tienen un carácter político, sino que también están atravesadas por la discriminación de género y la violencia estructural. Cruz señala que esta violencia se dirige a las defensoras “por el hecho de ser mujeres y parte de las disidencias sexuales”, lo que agrava su vulnerabilidad y limita su acceso a la justicia.
Este patrón de agresiones estatales se refleja en las cifras más recientes; en 2024, más del 50% de las agresiones registradas contra defensoras fueron atribuidas a actores estatales, incluyendo policías y militares, quienes actúan muchas veces en defensa de intereses económicos y extractivistas.
La persistencia de esta violencia institucional evidencia que, a pesar de discursos y promesas oficiales, “no hay impartición de justicia” real, y el sistema judicial “persigue a las defensoras en lugar de protegerlas”, enfatiza Cruz.
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NO HAY CONFIANZA EN EL SISTEMA JUDICIAL
La impunidad y la falta de protección institucional refuerzan un clima de riesgo permanente para quienes defienden la tierra, el territorio y los bienes comunes.
La criminalización y judicialización de las defensoras también es una constante preocupante. Ana Leverón explicó que el sistema de justicia hondureño, lejos de proteger a quienes defienden derechos, ha intensificado procesos legales en su contra, incluyendo acusaciones de usurpación.
“Este año el sistema de justicia ha adquirido una relevancia interesante porque ya no solo se abren procesos desde la Corte Suprema o el Ministerio Público, sino también desde la Procuraduría General y otras instituciones estatales”, indicó. Como ejemplo, mencionó el caso de Nolbia Obando, defensora cuyo proceso legal sigue abierto pese a contar con un recurso de amparo a su favor.
Un factor que agrava la situación es la desconfianza de las defensoras hacia el sistema judicial, lo que limita la denuncia de muchas agresiones, incluyendo casos graves como violaciones sexuales. Leverón señaló que “muchas defensoras no denuncian por desconfianza en el aparato estatal y el sistema de justicia, que revictimiza y responde a intereses de los agresores”. Esta falta de credibilidad en las instituciones estatales dificulta la protección efectiva y perpetúa la impunidad.
