Desde el inicio del proyecto las comunidades denunciaron la destrucción progresiva de fuentes de agua, zonas boscosas y áreas protegidas del Parque Nacional Carlos Escaleras, declarado como tal por su valor ecológico y social, por el funcionamiento del megaproyecto minero.
La organización recordó que el defensor del territorio Juan López, quien denunció públicamente estas irregularidades, fue criminalizado por su activismo. Antes de su asesinato, ocurrido el 14 de septiembre de 2024, había presentado denuncias que fueron ignoradas por el Estado.
Tegucigalpa, Honduras. –El Comité para la Defensa de los Bienes Comunes (CDBM) exigió públicamente la inclusión del alcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, en el requerimiento fiscal emitido contra ejecutivos de las empresas Inversiones Los Pinares y Ecotek, así como contra la secretaria municipal Norma Agripina García, por falsificar documentos.
Según la investigación de la fiscalía los acusados utilizaron documentos falsificados para justificar ilegalmente un proyecto minero en el Parque Nacional Montaña de Botaderos «Carlos Escaleras».
El requerimiento fue presentado por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), que señala a los representantes legales José Ernesto Vindel Wainwright (Ecotek) y Kenia Patricia Cortés Rico (Los Pinares) por haber falsificado actas municipales de cabildo abierto en complicidad con la entonces secretaria de la Municipalidad de Tocoa, Colón, Norma Agripina García, a fin de obtener licencias ambientales ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA).
La documentación cuestionada incluye actas que supuestamente certifican la aprobación comunitaria de un megaproyecto minero en el Parque Nacional Montaña de Botaderos «Carlos Escaleras». Sin embargo, dichas actas no aparecen registradas en los libros oficiales de la municipalidad, lo que evidencia su falsedad, según lo expuesto en el comunicado emitido por el Comité para la Defensa de lo Bienes Comunes.
Por otro lado, el acta principal fue fechada el 15 de octubre de 2019, pero presentada el 30 de octubre del mismo año por Vindel Wainwright. Afirmaba que 101 líderes comunitarios participaron y dieron su aval al proyecto. Investigaciones posteriores confirmaron que no hay constancia oficial de dicha reunión ni respaldo ciudadano a esa supuesta decisión.
Posteriormente, en abril de 2020, una nueva versión de esa misma acta fue utilizada por Vindel Wainwright para justificar una planta de energía de 50 megavatios a base de coque de petróleo. En marzo de 2021, Kenia Cortés volvió a emplear la misma acta para solicitar una licencia ambiental a nombre de Los Pinares.
Estos hechos se enmarcan en una serie de acciones que el CDBM califica como parte de una confabulación entre funcionarios municipales y empresarios para imponer un proyecto que ha sido rechazado por al menos siete comunidades del área de influencia del parque nacional.
Pese a ello, la municipalidad ha impulsado su avance en complicidad con las empresas, ignorando la voluntad popular. “Este caso revela la profundidad de la confabulación entre funcionarios municipales y las empresas para imponer un megaproyecto que ha provocado la destrucción de fuentes de agua, montañas y bosques dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras”, cita el comunicado.
Enfatizaron que “sin estas acciones ilegales, y otras actualmente bajo proceso judicial, el avance del proyecto habría sido imposible”.
El pasado 9 de abril de 2025, un Juzgado de Jurisdicción Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción condenó a otro exfuncionario de la Municipalidad de Tocoa, Colón involucrado en el daño al Parque Nacional Montaña de Botaderos «Carlos Escaleras».
Se trata de Otoniel Flores Mira, exempleado de la Unidad Ambiental Municipal de Tocoa, se le condenó a 18 meses de reclusión por el delito de usurpación de funciones públicas, tras admitir que extendió ilegalmente permisos que permitieron a las empresas Ecotek y Pinares realizar talas ilegales en el parque nacional.
Lea: Condenan a exempleado municipal de Tocoa por permisos ilegales en megaproyecto Pinares/Ecotek
FISCALÍA EMITE REQUERIMIENTO CONTRA INVERSIONISTAS DE ECOTEK Y PINARES
En septiembre de w2024, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra Lenir Pérez y personas vinculadas a las empresas Inversiones Los Pinares, S.A. de C.V. e Inversiones Ecotek S.A. de C.V. por su supuesta responsabilidad en daños ambientales al Parque Nacional Montaña de Botaderos «Carlos Escaleras», ubicado en Tocoa, Colón. Defensores cuestionan la tardanza de la fiscalía para actuar contra las empresas involucradas.
Los imputados son: Lenir Alexander Pérez Solís, en su condición de representante legal y presidente del Consejo de Administración de ambas empresas; Víctor Lorenzo Bernárdez Ramos, Fernando Manaces Padilla Diaz y Douglas Alexis Alvarenga Mendoza y Domingo Pineda Puerto.
Mientras que a César Noel Padilla Alcántara se le acusa de dos delitos ambientales responsabilidad de funcionario o empleado público; Mario Antonio Martínez Padilla (por tres delitos ambientales responsabilidad de funcionario o empleado público); José Santos Antúnez Zavala, Víctor Alfonso Romero Molina y Santos Didi Haylock Amaya (por daños agravados); y Otoniel Flores Mira, Mizraim Ebiazaf Tábora Izaguirre y Filemón Flores Mira.
Los delitos incluyen explotación ilegal de recursos naturales, daños agravados, abuso de autoridad, usurpación de funciones públicas y violaciones a normativas ambientales. Según las investigaciones, el proyecto minero habría causado deforestación masiva, afectando la vegetación nativa y los ecosistemas locales.
