El caso, que incluye pruebas de sobornos y falsificación de documentos. Además, evidencia la deuda histórica del sistema penal hondureño en investigar y judicializar casos de corrupción de alta complejidad
Tegucigalpa, Honduras. – La Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (UFERCO), presentó un requerimiento fiscal contra 12 personas, incluyendo exfuncionarios del Fondo Vial y representantes de empresas vinculadas al cartel de «Los Cachiros«, por defraudar al Estado con más de 34 millones de lempiras mediante contratos irregulares para el mantenimiento de carreteras en Colón.
Luis Javier Santos, titular de UFERCO, detalló que el requerimiento fiscal incluye medios de pruebas, como correos electrónicos que evidencian sobornos a funcionarios entre ellos una funcionara del Congreso Nacional, así como solicitudes de soborno a diputados para agilizar adjudicaciones fraudulentas. Los contratos investigados fueron otorgados entre 2012 y 2013.
Entre los acusados figuran Hugo Alfredo Ardón Soriano, Hugo Edgardo Álvarez Martínez, José Efraín Peñalba Lizardo, Walter Noé Maldonado Maldonado, Luis Armando Ortiz, Danilo Cervantes Suazo y Juan Carlos Aguilar Mazzoni, todos exfuncionarios del Fondo Vial.
Asimismo, se señala a Devis Leonel Rivera Maradiaga (alias «Cachiro») –condenado en Estados Unidos por delitos relacionados al de narcotráfico— Edgardo Pérez Martínez, Luis Manuel Turcios Galeas, Efraín de Jesús Maradiaga Turcios y José Manuel Aguilar Matute, representantes de las empresas Inmobiliaria Rivera Maradiaga (INRIMAR) y Empresa Técnica de Ingeniería S.A. de CV. (TECNISA), favorecidas con los contratos fraudulentos.
De acuerdo con el Ministerio Público, las irregularidades documentadas incluyen falsificación de firmas en procesos de licitación, sobrevaloración de precios, pagos ilegales, uso de materiales de baja calidad y omisiones graves en la supervisión de las obras, sin que se implementaran medidas correctivas.
Además, mediante peritajes de extracción de información, se evidenció que Edgardo Pérez Martínez, representante de la empresa INRIMAR vinculada al cartel de Los Cachiros, gestionó pagos irregulares y bonos a funcionarios públicos, incluyendo a una diputada suplente del Congreso Nacional, como contraprestación para agilizar adjudicaciones ilegales de contratos entre 2012 y 2013
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DEUDA HISTÓRICA EN INVESTIGACIÓN POR CORRUPCIÓN
El requerimiento fiscal por un fraude de 34 millones de lempiras cometido entre 2012 y 2013 evidencia la mora crónica del sistema penal hondureño en la investigación de casos de corrupción
Javier Acevedo, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), advierte que casos con una década de antigüedad apenas llegan a juicio, lo que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. “Es crucial perseguir no solo a autores materiales e intelectuales, sino recuperar los bienes malversados”, subrayó, al tiempo que enfatizó que apenas se recupera entre el 10% y 20% de los fondos defraudados.
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SE DEBE FORTALECER EL MP
Superar la deuda histórica en investigación de delitos de corrupción exige priorizar el fortalecimiento de la UFERCO y el Ministerio Público, garantizando no solo presupuestos suficientes, sino también mecanismos de rendición de cuentas.
En ese sentido, Javier Acevedo destacó la urgencia de fortalecer la capacidad del Ministerio Público para rastrear el flujo de dinero ilícito, especialmente ante la vinculación el narcotráfico.
Para ello, refiere la importancia de investigaciones paralelas a los procesos judiciales extranjeros. «La infiltración de estructuras criminales en el Estado no fue un hecho aislado, sino un patrón que requiere revisar hasta los casos cerrados en otros países», afirma.
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