La persistencia de actividades extractivas no sólo contradice las promesas gubernamentales, sino que también profundiza la violencia y la criminalización contra defensores del ambiente y los derechos humanos en el país, consolidando a Honduras como uno de los territorios más hostiles para aquellos que luchan por los bienes comunes.
Tegucigalpa, Honduras. – La minería es una actividad extractiva que ha causado la criminalización, muerte y pérdida de los bienes comunes, ubicando a Honduras como uno de los países más violentos y letales para los defensores del ambiente.
En Honduras, la minería tuvo sus inicios en los tiempos precolombinos, siendo unos de los principales productores de oro y plata, y que en tiempos modernos a esta actividad extractiva se le sumó la explotación de otros metales preciosos con la ilusión de mejorar las condiciones de vida de las comunidades, sin embargo, la historia ha sido otra.
LA FRASE
“No más permisos de minas abiertas o explotación de nuestros minerales, no más concesiones en la explotación de nuestros ríos, cuencas hidrográficas, nuestros parques nacionales y bosques nublados”: Xiomara Castro, presidenta de Honduras, al discursar el 27 de enero 2022 en su toma de posesión
Durante la toma de posesión, en enero de 2022, la presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro, prometió que ya no se darían permisos para la extracción de minerales ni se continuaría con la explotación a cielo abierto. En ese sentido, Criterio.hn realiza una verificación sobre esta promesa que además forma parte del Plan de Gobierno para Refundar Honduras 2022-2026.
SIN INFORMACIÓN SOBRE EXPLOTACIÓN DE MINAS Y RECURSOS NATURALES
En un programa televisivo, el titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Lucky Medina, aseguró que durante la gestión de la presidenta Xiomara Castro, no se han aprobado concesiones de recursos naturales y además que no había actividad minera.
Con base a la afirmación de Medina, Criterio.hn realizó solicitudes de información a través del Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO) para conocer la cantidad y ubicación de minas activas en el país, y nuevos permisos de explotación minera y de otros recursos naturales.
Para el caso, se solicitó a la Sernael número de concesiones de recursos naturales, que respondió–obviando lo solicitado respecto a los recursos naturales como ríos, bosques, lagos, proyectos vinculados a energía renovable, entre otros— que dar respuesta a dicha petición le correspondía al Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin).
A razón de la sugerencia de la Serna, Criterio.hnsolicitó a Inhgeomin la lista de minas –por lugar, empresa y fecha— que están activas y si hay nuevos permisos de explotación. Dicha solicitud se realizó el 8 de febrero de 2024, pero hasta la fecha de esta publicación no se recibió respuesta.
Estas prácticas dilatorias y envío de información incompleta generan suspicacia sobre las acciones que el gobierno prometió emprender para declarar a Honduras territorio libre de minas.
Finalmente, la promesa gubernamental ha quedado en la redacción de un escueto comunicado del 28 de febrero de 2022 por parte de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Miambiente) –ahora Serna—, en el cual informaron que se cancelaba la aprobación de permisos de explotación extractivista, por ser lesivos en contra del Estado de Honduras, por ello declararon todo el territorio hondureño “libre de minería a cielo abierto”.
PROMESA INCUMPLIDA
La promesa de la presidenta Xiomara Castro surgió tras doce años de dictadura y abusos del Partido Nacional que había entregado un sinnúmero de concesiones mineras, de ríos y bosques y generó expectativas entre los hondureños, especialmente, en los defensores del territorio, ambiente y derechos humanos.
El abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, Carlo Jiménez lamentó que las actividades extractivas no han cambiado en el país pese a ser promesas del actual gobierno. “Tenemos ya más de dos años de este nuevo gobierno, en el que teníamos muchas esperanzas de ver cambios, sobre todo en estos aspectos sociales, sosteniéndonos en sus promesas que hicieron en campaña, incluso en el discurso de toma de posesión de la señora presidenta, quien dijo: ‘no a la minería’”
El abogado Carlo Jiménez sostiene que para mantener las actividades extractivas se ha observado una tendencia de imponer cabildos abiertos que limita la participación de las comunidades.
La promesa gubernamental, según Carlo Jiménez, representó esperanza para las comunidades afectadas que en la actualidad siguen siendo víctimas de procesos de criminalización y persecución por oponerse a los proyectos extractivos.
“Tristemente vemos que estas esperanzas se han visto desmoronarse cuando un gobierno que –por miedo o complicidad—no logra respaldar esas palabras que dieron durante campaña, recriminó Jiménez.
En este mismo orden de ideas, Xiomara Gaitán de la Red Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería en Honduras (Renacamih), cuestiona que en los últimos años la oposición a los proyectos extractivos se haya incrementado. “En este periodo que tantas promesas hizo es cuando más estamos siendo violentados y afectados” apuntó.
Para la representante de Renacamih, Xiomara Gaitán, las afectaciones de la minería a cielo abierto –tanto del tejido social como ambientales—son irreversibles dentro de las comunidades. (Foto: Horacio Lorca-Criterio.hn).
La defensora de derechos humanos recomendó a las autoridades hondureñas “medir las palabras”, para evitar el incumplimiento de las promesas. “el pueblo hondureño ya no es tonto, ya no se puede engañar con espejitos”.
Como prueba de que la situación sigue siendo la misma de cuando gobernó el Partido Nacional, el abogado Carlo Jiménez, denunció que, hasta la fecha, la empresa minera Inversiones Los Pinares del Grupo Emco Holding –presidido por el empresario Lenir Pérez—, sigue operando en la comunidad de Guapinol, en el municipio de Tocoa, Colón, donde se instaló un mega proyecto minero en el Parque Nacional Carlos Escaleras pese a no contar con ninguna licencia ambiental y que sólo en el 2023 cobró la vida de al menos tres defensores del ambiente. Entre ellos, el asesinato ocurrido en junio de Óscar Oquelí, hermano mayor de Alí Domínguez, también asesinado el 7 de enero de 2023 junto a Jairo Bonilla. Los defensores del parque y los ríos Guapinol y San Pedro, junto a otras 32 personas fueron criminalizados por la empresa extractiva.
El extractivismo y la instalación de dichos proyectos, que se han realizado sin consultar a la población o a través de cabildos abiertos impuestos o manipulados, han sido el caldo de cultivo de conflictos socioambientales y la criminalización de los defensores del territorio y de los ríos, como ocurrió con los ambientalistas de Guapinol quienes fueron sometidos a una detención y proceso ilegal por dos años y seis meses.
Otro caso de conflicto socioambiental, que representa repercusiones en los derechos humanos, es la concesión minera en Azacualpa, municipio de La Unión, en el departamento de Copán al occidente del país, donde se encuentra la población indígena Maya Chortí y que ha sido afectada por la empresa Minerales de Occidente S.A (Minosa) filial en Honduras de la transnacional Aura Minerals. Dicha empresa extractiva arrasó con el histórico cementerio de San Andrés, en su afán de explotar oro y plata en el camposanto.
Para realizar las exhimaciones de los cadáveres la empresa Minosa ha pagado cantidades importantes de dinero, con lo que ha divido a la población por las necesidades económicas que enfrenta esta población. Foto: Cortesía
Pese a que existen dos sentencias judiciales emitidas: una por la Sala de lo Constitucional y otra por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, las exhumaciones continuaron por parte de Minosa, luego que el juez de letras Rafael Rivera contraviniera las decisiones y ordenó la continuidad de las exhumaciones, argumentando que el cementerio no es patrimonio indígena del pueblo Maya Chortí.
Asimismo, en abril de 2023, el Bufete Estudios para la Dignidad (BED),denunció la pretensión de la empresa minera, de expandirse, amenazando con ello la principal fuente de agua en la comunidad de La Ceibita y que, además, suministra a otras comunidades aledañas en La Unión, Copán.
Por otro lado, Alexis Mondragón, autor del estudio ¿Quién paga los daños? La minería en Honduras, de las promesas a la desesperanza, del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) refirió en entrevista con Criterio.hn que la minería en el país centroamericano ha generado impactos negativos para las comunidades, debido al irrespeto de las normas mínimas del cuidado del ambiente y el irrespeto a los derechos de las personas que laboran en dicha actividad.
El investigador del Cespad, Alexis Mondragón, destaca que las actividades mineras forman parte de la economía de enclave que, en lugar de ser un factor de desarrollo, únicamente han representado la extracción y explotación de recursos naturales y fuerza de trabajo. (Foto: Horacio Lorca-Criterio.hn).
Además, remarcó que en su experiencia en la investigación en temas extractivos y su impacto, ha constatado que quienes se oponen a los proyectos extractivos no sólo se enfrentan a las transnacionales sino también a una parte de la población que está a favor de estos proyectos por representar la única entrada de dinero para sus empobrecidos hogares.
De acuerdo con el estudio ¿Quién paga los daños?, hasta el 2023, se habían concedido 366 derechos mineros a favor de concesiones y permisos asignados a proyectos clasificados como de pequeña minería, de estos, aproximadamente 135 correspondían a actividades de exploración y explotación de minería metálica. Además, destaca que la extensión total concedida para la extracción de minerales metálicos es de alrededor de 264,640 hectáreas.
Las empresas extractivas al llegar a las comunidades prometen el desarrollo comunitario, a manera de desviar la atención de los principales problemas que provocan. Sin embargo, el estudio del Cespad destaca que del total de los ingresos tributarios que genera la actividad minera sólo 1% se queda en las municipalidades donde se instalan los proyectos y que apenas el 5% de estos recursos se destina a la inversión social, esto último con base al canon establecido en la Ley de Minería para concesiones metálicas de exploración.
CRIMINALIZACIÓN DE LA DEFENSA
La defensa del ambiente, la tierra y el territorio conlleva un riesgo constante para quienes la ejercen, destacó la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Isabel Albaladejo, durante la reciente presentación del informe Situación de los Derechos Humanos en Honduras 2023.
El informe reveló que sólo en 2023 se registraron al menos 363 ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas, evidenciando con ello una débil institucionalidad y falta de protección efectiva por parte del Estado.
Además, el más reciente informe de Front Line Defender revela que al menos 401 defensores y defensoras de los derechos indígenas, la tierra, el territorio y el ambiente, fueron asesinados en 26 países, por su trabajo, en 2022. Sólo en Honduras se reportaron al menos 17 de estos asesinatos, ubicando a este país centroamericano en el quinto lugar a nivel mundial con el mayor número de personas defensoras asesinadas durante el 2022, antecedido por México, Brasil, Ucrania y Colombia.
El investigador Alexis Mondragón concluyó que con la criminalización ante la oposición a proyectos extractivos prevalece una cultura de impunidad. “Cuando hay una cultura de impunidad, las probabilidades que haya violencia, persecuciones y amenazas a la integridad física a los defensores es bastante elevada”.
Luego de cotejar el discurso gubernamental frente a fuentes documentales y orales, Criterio.hn concluye que la promesa de eliminar la explotación minera y recursos naturales es Falsa ya que, aunque no se tiene certeza que el gobierno haya otorgado nuevas concesiones mineras, se ha comprobado que las actividades extractivas continúan, dejando a su paso, destrucción, criminalización, violencia y muerte por defender los bienes comunes en Honduras, uno de los cinco países más hostiles a nivel mundial para los y las defensoras de derechos humanos.
Amante de la lectura y la naturaleza, una mujer con la convicción firme que todos podemos hacer cambios significativos en la sociedad, por eso mi objetivo es exponer las injusticias que adolece la ciudadanía.
Busco incidir, a través del periodismo, en la defensa y promoción de los derechos humanos, evitando caer en la complicidad de callar ante las injusticias y la corrupción.
