Esta drástica disminución genera preocupación entre defensores y organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de colapso institucional de la unidad encargada de protegerlos
Honduras cerró el año 2023 con el asesinato de 18 defensores de derechos humanos, muchos de ellos vinculados a causas ambientales. Esta cifra lo posiciona como el país con la tasa per cápita más alta de homicidios de defensores del ambiente, según organizaciones internacionales
Los asesinatos recientes de Juan López, defensor de los bienes comunes, ocurrido en septiembre de 2024, y de Juan Bautista Silva y su hijo Antonio Silva, en febrero de 2025, reflejan la vulnerabilidad extrema de este sector y la ausencia de justicia
Tegucigalpa, Honduras. -En los últimos tres años, la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH) ha experimentado drásticas reducciones presupuestarias: de un presupuesto de 20 millones de lempiras en 2021 a solo 7.3 millones en 2025.
Al respecto defensores de derechos humanos señalan que esta situación pone en entredicho la funcionalidad de la fiscalía y cuestiona el compromiso del Estado con la defensa de estos sectores vulnerables, especialmente en un país que, en 2023, registró el asesinato de 18 defensores, consolidando a Honduras como el país con la tasa per cápita más alta de asesinato de defensores del ambiente.
El asesinato del defensor de los bienes comunes Juan López, en septiembre de 2024, y de Juan Bautista Silva y Antonio Silva (padre e hijo respectivamente), en febrero de 2025, sólo profundizó el deterioro, la impunidad y el abandono estatal en el que están los defensores de derechos humanos.
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DRÁSTICAS REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS
Creada el 14 de marzo de 2018, esta unidad fue concebida como un mecanismo para garantizar la defensa del interés social, el reconocimiento, la promoción y la protección de los derechos humanos, así como la libertad de expresión en contextos de riesgo. Sin embargo, su crecimiento presupuestario ha sido revertido en los últimos años.
Por ejemplo, en 2018 su presupuesto fue de 1,686,575.10 millones de lempiras. En 2019, sufrió su primera reducción presupuestaria, ya que se le asignaron 973,106.00 lempiras.
Para 2020 y 2021, el presupuesto de esta fiscalía alcanzó los 20 millones de lempiras, pero en los años siguientes volvieron los recortes a la partida de esta Fiscalía Especial. Para 2022, el monto se redujo a 16 millones, y en 2023 sufrió un recorte más agresivo: apenas 5 millones de lempiras fueron asignados.
Aunque en 2024 se incrementó ligeramente a 6 millones de lempiras y en 2025 a 7.3 millones, las cifras siguen siendo insuficientes en relación con las amenazas reales que enfrentan los defensores y comunicadores en Honduras, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer estas labores.
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BAJOS PRESUPUESTOS IMPACTAN EN LA CALIDAD DE LAS INVESTIGACIONES Y RESPUESTA EN CASOS CONTRA DEFENSORES
Javier Acevedo, director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), explicó que la limitación presupuestaria reduce la capacidad operativa y de maniobra que tiene una institución, en este caso la FEPRODDHH, y se traduce en menos personal, menos movilidad, menor cobertura territorial y limitaciones tecnológicas.
Sin embargo, mencionó que es importante que en estos procesos uno pueda observar qué es lo que ha pasado y si es que la reducción de los presupuestos se debe a que estos montos no han sido ejecutados en tiempo y forma.
Además de la falta de fondos, existe una ausencia de transparencia sobre la ejecución presupuestaria. “Es necesario revisar si los presupuestos asignados han sido efectivamente ejecutados o si no lo fueron, entender por qué. Esta información es clave para analizar si las rebajas han sido justificadas o parte de una negligencia estructural”, indicó.
Agregó que el problema no es sólo de presupuesto, también es de voluntad política y de visión institucional. Asimismo, recordó que Honduras es un país donde casi el 90% de los casos de agresiones contra defensores y periodistas quedan en la impunidad y ese es uno de los desafíos más grandes.
Recomendó que es conveniente una revisión presupuestaria y realizar un trabajo mucho más organizado de planificación, de gestión y de acción para que esta Fiscalía Especial pueda responder a las expectativas que “tenemos quienes estamos en estas actividades consideradas, lamentablemente, de riesgo”.
Además, el abogado recalcó la necesidad de estrechar vínculos con las víctimas y sus redes. “Esta Fiscalía necesita estar más cerca de quienes la necesitan. No puede operar como una oficina cerrada en Tegucigalpa, debe tener presencia nacional y mecanismos ágiles de respuesta”, dijo.
También recordó los casos sin resolver de dos ambientalistas asesinados en Francisco Morazán, padre e hijo, que aún no tienen responsables identificados. “La fiscalía debe rendir cuentas. No podemos seguir tolerando que estos crímenes queden en el olvido”, sentenció.
De acuerdo a la página del Ministerio Público, esta unidad ejercerá la acción fiscal en la investigación y enjuiciamiento de los delitos cometidos en perjuicio de ese sector social, por parte de empleados, servidores, funcionarios públicos y cualquier particular, que pudiese atentar contra sus derechos individuales, como producto de la actividad de defensoría que desarrollen.
Es así que la FEPRODDHH, para efectos de desarrollar tal función, y cumplir en forma integral con sus objetivos y metas, coordinar su actividad con el Comisionado Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos, las diferentes oficinas gubernamentales, oenegés y demás grupos constituidos para garantizar la defensa de los derechos fundamentales de este sector vulnerable.
Para Acevedo, lo que está en juego no es sólo una institución, sino la vida de quienes defienden el medio ambiente, los derechos humanos, la tierra y la libertad de expresión.
Mientras tanto, las cifras de agresiones y, en última instancia, asesinato de defensores aumenta, la fiscalía encargada de proteger a quienes denuncian abusos y defienden derechos fundamentales sigue operando, apenas, con los restos de un presupuesto que se desintegra cada año.
