La medida permitirá que aspirantes y diputados que no presentaron informes financieros o no acreditaron cuentas bancarias de campaña regularicen su situación sin enfrentar las sanciones previstas por la ley.
Por otro lado, la Unidad de Política Limpia aseguró que no participó en la elaboración ni fue consultada sobre el proyecto aprobado por el Congreso Nacional.
Tegucigalpa, Honduras. – A casi siete meses de las elecciones generales de 2025, el Congreso Nacional aprobó un decreto que otorga una exoneración temporal de multas y sanciones a candidatos (electos o no) que incumplieron con las obligaciones de transparencia financiera establecidas en la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos.
La medida beneficia a candidatos a cargos de elección popular que participaron en los comicios electorales de 2025, quienes no acreditaron cuentas bancarias diferenciadas para sus campañas o no presentaron en tiempo y forma sus informes financieros ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), mejor conocida como Unidad de Política Limpia.
“Es una medida transitoria. Recordemos que el pueblo hondureño tiene derecho a saber en qué se invierte el dinero en campaña y sobre todo de dónde provienen los ingresos”, justificó el congresista durante la discusión legislativa y en declaraciones a medios de comunicación.
La normativa establece que quienes se acogieron al beneficio tendrán un plazo improrrogable de dos meses, contados a partir de la publicación del decreto en el diario oficial La Gaceta, para presentar los informes financieros certificados y evitar definitivamente la imposición de multas o sanciones por parte de la Unidad de Política Limpia.
Este tipo de decretos resultan más comunes de lo que parece. Durante la administración de Luis Redondo al frente del Congreso Nacional se aprobaron prórrogas para aquellos candidatos que no presentaron sus informes en el tiempo establecido por la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización.
En octubre de 2025, la UFTF informó que había abierto expedientes sancionatorios contra 1,493 aspirantes y candidatos que participaron en las elecciones primarias e internas del 9 de marzo de 2025, por incumplir con la entrega de sus informes de ingresos y gastos de campaña.
Días atrás Criterio.hn solicitó a la Unidad de Política Limpia el listado de candidatos que participaron en los comicios electorales de 2025 –primarias y generales— que no presentaron informes de rendición de cuentas y gastos de campaña, la solicitud está en tiempo y se espera respuesta de la institucionalidad.
La Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a partidos políticos y candidatos establece en su artículo 56 que todos los sujetos obligados deben presentar reportes detallados sobre el origen y destino de los recursos utilizados durante los procesos electorales.
Las sanciones contempladas por la legislación incluyen multas equivalentes a 15 salarios mínimos para candidatos presidenciales, 10 salarios mínimos para aspirantes a diputaciones y cinco salarios mínimos para candidatos a corporaciones municipales.
QUIEN HACE LA LEY, HACE LA TRAMPA
La decisión ha generado cuestionamientos de juristas y analistas en temas de transparencia, quienes consideran que la medida envía un mensaje de impunidad y debilita los mecanismos de control sobre el financiamiento político en Honduras, especialmente en contextos donde se ha evidenciado el uso de dinero público y financiamiento por parte del crimen organizado en campañas electorales en las tres principales fuerzas políticas –Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libre—.
Para el abogado y especialista en temas anticorrupción Luis Urbina, el decreto de exoneración que favorece a candidatos a cargos de elección popular que incumple la ley representa un retroceso significativo en materia de rendición de cuentas y fiscalización de gastos de campaña.
“Se está dejando sin valor y efecto el régimen sancionatorio que la propia ley estableció para garantizar transparencia. Si al final se otorgan prórrogas, se exonera a candidatos y se archivan procedimientos, el trabajo de la Unidad de Política Limpia queda prácticamente anulado”, cuestionó el jurista al ser consultado por este medio digital.
Urbina señaló que la decisión resulta especialmente preocupante en un país donde múltiples procesos judiciales desarrollados en Estados Unidos han revelado la infiltración de dinero del crimen organizado y el narcotráfico en campañas electorales.
Por ejemplo, en el documento compartido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que contiene la sentencia contra el expresidente Juan Orlando Hernández, en el que se le condenó a 45 años de prisión por delitos relacionados al tráfico de drogas –que posteriormente fue indultado por el mandatario estadounidense Donald Trump— señala que “recibió millones de dólares procedentes del narcotráfico de algunas de las organizaciones de narcotráfico más grandes y violentas de Honduras, México y otros países”.
Otro ejemplo es el narcovideo publicado en septiembre de 2024 por el portal especializado en crimen organizado InSight Crime, en el que se observa al exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, negociando con capos de la droga la entrega de dinero para financiar la campaña política del Partido Libertad y Refundación (Libre) para el proceso electoral de 2013.
Urbina explicó que el principal objetivo de estos controles es conocer la procedencia de los fondos, pero cuando se incumplen los plazos y posteriormente se amplían mediante decretos, surge la duda razonable sobre por qué esa información no fue presentada oportunamente.
A juicio del analista, la medida podría incentivar futuras conductas de incumplimiento, ya que los actores políticos podrían asumir que eventualmente recibirán nuevas exoneraciones o ampliaciones de plazo.
En tanto, el abogado penalista y analista político Henry Salinas afirmó que la decisión del Congreso Nacional contradice el discurso oficial de transparencia impulsado por el oficialismo y los políticos en general, que durante sus campañas enarbolan la bandera de la transparencia y la rendición de cuentas.
“Lo que estamos viendo es que la transparencia continúa relegada a un segundo plano. Si una persona aspira a un cargo de elección popular y ni siquiera cumple con los requisitos mínimos de rendición de cuentas, debería enfrentar las sanciones que establece la ley”, sostuvo el jurisconsulto.
Durante una entrevista brinda a Criterio.hn el analista recordó que varios casos emblemáticos de corrupción en Honduras han demostrado cómo recursos públicos terminaron financiando campañas electorales.
En ese sentido, mencionó el millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y varios casos que fueron presentados por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) donde se concluyó que fondos públicos fueron desviados a campañas políticas del Partido Nacional.
Asimismo, señaló que los juicios por narcotráfico desarrollados en cortes estadounidenses han expuesto reiteradamente acusaciones sobre aportaciones provenientes del crimen organizado a campañas políticas hondureñas.
“Si realmente se quiere combatir el financiamiento ilícito, la Unidad de Política Limpia necesita más herramientas, más presupuesto y mayores capacidades investigativas, no decisiones que reduzcan el impacto de su trabajo”, remarcó.
Otro de los aspectos que genera preocupación entre organizaciones de sociedad civil es la falta de acceso público a la información sobre aportaciones privadas realizadas a candidatos y partidos políticos.
Actualmente, medios de comunicación y veedores ciudadanos enfrentan restricciones para conocer quiénes financian las campañas electorales, luego de decisiones adoptadas en torno al acceso a esa información.
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UFTF SE DESLIGA DE DECRETO APROBADO EN EL CONGRESO
En medio de la controversia, el pleno de comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) se desligó públicamente de la iniciativa aprobada por el Congreso Nacional, durante la sesión del martes 2 de junio de 2026.
A través de un comunicado, la institución aclaró que no fue consultada ni notificada sobre el contenido del anteproyecto que dio origen al decreto de exoneración.
Además, indicó que se mantendrá atenta a la publicación del decreto en La Gaceta para proceder conforme a derecho una vez la normativa entre en vigencia.
Analistas consultados por Criterio.hn concluyen que la decisión legislativa no solo reduce el efecto disuasivo de las sanciones previstas en la ley, sino que también debilita los esfuerzos institucionales encaminados a garantizar procesos electorales más transparentes.
Mientras los candidatos morosos dispondrán ahora de una nueva oportunidad para presentar sus informes financieros, el debate se centra en si la medida favorece la rendición de cuentas o, por el contrario, consolida una cultura de incumplimiento en materia de transparencia electoral.
