El regreso del CAMP está encabezado por Francisco René Flores Bonilla, un exfuncionario del entorno de confianza de Juan Orlando Hernández, cuyo paso por la OABI estuvo marcado por cuestionamientos administrativos y un requerimiento fiscal por presuntos delitos contra la administración pública.
Mientras Honduras Próspera sostiene que el CAMP y las ZEDE continúan amparadas por tratados internacionales y garantías de estabilidad jurídica, juristas y la propia sentencia de la Corte Suprema de Justicia sostienen que la normativa que dio origen a este régimen quedó sin efecto tras su derogación y posterior declaratoria de inconstitucionalidad.
Tegucigalpa, Honduras. – Tras cuatro años de la derogación de su marco regulatorio y 20 meses después del fallo de inconstitucionalidad de origen de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) –órgano rector de las ZEDE– reapareció el pasado 11 de mayo al certificar la expansión territorial de Honduras Próspera en 737,870.85 metros cuadrados en la isla de Roatán.
Conoce más: ZEDE Próspera expande su territorio en Roatán pese a fallo de inconstitucionalidad
La Comisión Permanente del CAMP –ahora presidida por Francisco René Flores Bonilla– no solo incorporó doce nuevas propiedades al régimen de ZEDE de Honduras Próspera, sino que también aprobó seis instrumentos normativos que amplían su marco regulatorio. Entre ellos figuran la Regulación para la Innovación y Seguridad Médica de Próspera, Regulación A de Servicios de Salud Próspera, Estatuto de Nombre Comercial, Estatuto de Sanciones Administrativas, Regulación que establece el Régimen de Impuesto Único Anual y Estatuto de Armonización de Residencia Tributaria.
Francisco René Flores Bonilla, quien ahora aparece como presidente de la Comisión Permanente del CAMP (CP-CAMP), en sustitución de Ebal Jair Díaz Lupian, forma parte del círculo íntimo del ahora indultado expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en 2024 por una corte estadounidense por delitos ligados al narcotráfico. Díaz Lupían fungió como secretario ejecutivo del Consejo de Ministros en el periodo 2014 a 2018.
Noticia relacionada: Núcleo íntimo de Juan Orlando Hernández estaría en el CAMP de las derogadas ZEDE
Aunque su nombre no figura entre los 21 integrantes originales del CAMP nombrados mediante el Decreto Legislativo 368-2013, Flores Bonilla ya aparecía como miembro propietario del CP-CAMP en abril de 2022. Así consta en el acta que certificó la juramentación de Jorge Colindres como secretario técnico de la ZEDE Próspera en Roatán.
CONTROVERSIAL GESTIÓN EN LA OABI
Ese mismo año, Flores Bonilla fue requerido por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetcoop) el 1 de abril de 2022 en el marco de la Operación Némesis III, dirigida contra exfuncionarios y otras personas investigadas por presuntos actos de corrupción.
El ahora presidente del CP-CAMP, fue señalado por la Fetcoop por su supuesta responsabilidad en cuatro delitos de violación a los deberes de los funcionarios. Los hechos habrían ocurrido durante su gestión como director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Sin embargo, no fue posible establecer el desenlace judicial a la causa.
Tras la imputación, Flores Bonilla dijo a medios de comunicación que no existían órdenes pendientes y que él en ningún momento se había negado a dar cumplimiento a una orden judicial.
De acuerdo con el comunicado del Ministerio Público (MP) relacionado a la Operación Némesis III, Flores Bonilla se habría negado a cumplir cuatro resoluciones judiciales en 2021 en las que se ordenó la devolución y entrega de bienes asegurados a terceros. En abril de 2022, el Poder Judicial notificó que se había agendado la audiencia de declaración de imputados para el 23 de junio de ese año.
Previo a ejercer la dirección de la OABI entre 2019 a 2022, Flores Bonilla fungió como asistente secretario general durante la primera administración de Hernandez en el Poder Ejecutivo.
La OABI fue creada en 2002, como dependencia del MP. Sin embargo, mediante el Decreto Legislativo 113-2011, aprobado cuando Juan Orlando Hernández presidía el Congreso Nacional, se reformó su marco legal para que quedara bajo la dirección de la dependencia que designara el titular del Poder Ejecutivo. Posteriormente, el Decreto 114-2014 la incorporó formalmente a la Secretaría de la Presidencia.
Las controversias registradas durante la administración de Flores Bonilla al frente de la OABI, durante la administración de Juan Orlando Hernández, motivaron cuestionamientos sobre el manejo de la institución. Entre ellas figuró la inexistencia de documentación física y digital correspondiente a al menos tres años, según denunciaron las autoridades. En ese contexto, el entonces secretario de la Presidencia del gobierno de Xiomara Castro, Rodolfo Pastor de María y Campos, recomendó que la OABI volviera a depender del Ministerio Público.
De interés: Ministro de la Presidencia considera que la OABI debe volver a la Fiscalía
OTROS MIEMBROS CUESTIONADOS
Otras figuras cuestionadas que integran el CP-CAMP, además de Flores Bonilla y Ebal Jair Díaz Lupian, están: Erick Felipe Hernández Sánchez, quien actúa como secretario de actas del CP-CAMP; Arnaldo Castillo Figueroa, miembro propietario del CP-CAMP; y Carlos Eduario Suazo Pineda, miembro propietario tesoro del CP-CAMP.
Ebal Jair Díaz Lupian, nacionalizado ciudadano nicaragüense en 2022, fue investigado en Honduras por el fallido proyecto Casas Contenedores, que causó un daño económico al Estado de Honduras por 1,200 millones de Lempiras.
A Arnaldo Castillo Figueroa, quien fue titular de la Secretaría de Desarrollo Económico durante la segunda administración de Hernández, el medio Expediente Público lo vinculó como inversionista de la empresa Ever Green S.A., propiedad del narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, sentenciado a cadena perpetúa más 30 años de prisión en una corte estadounidense.
Aunque no aparece entre los miembros de la Comisión Permanente del CAMP, Ricardo Leonel Cardona López –quien al igual que Díaz Lupian obtuvo la nacionalización nicaragüense– es uno de los integrantes originales del CAMP.
Cardona López fue secretario privado de Juan Orlando Hernández, jefe de Gabinete Presidencial y ministro de la Presidencia, así como titular de la desaparecida Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis). Fue señalado, además, por el Consejo Nacional Anticorrupción por latrocinio tras su paso por la Sedis, valorando el perjuicio monetario al Estado de Honduras por 178,845,912 lempiras.
Una de las principales críticas al CAMP es la opacidad en la que opera y el desconocimiento de quienes lo integran en la actualidad. En junio de 2024, el entonces comisionado presidencial contra las ZEDE, Fernando Emilio García Rodríguez, interpuso una denuncia contra nueve de los integrantes del CAMP.
Entre los señalados estaban: Ebal Díaz Lupian, Octavio Ruben Sánchez Barrientos, Ricardo Leonel Cardona López, Ricardo Rodolfo Maduro Joest, Arnaldo Castillo Figueroa, Carlos Alejandro Pineda Pinel, Erick Felipe Hernández Sánchez, Carlos Eduardo Suazo Pineda y Francisco René Flores Bonilla.
¿QUÉ PASÓ CON EL CAMP TRAS LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS ZEDE?
El artículo ‘Desde Nicaragua Ebal Díaz sigue regulando las ZEDE y lucrándose del territorio hondureño’, Criterio.hn reveló que en marzo de 2022, un mes antes de la derogación del andamiaje jurídico de las ZEDE, el CAMP solicitó y recibió una ampliación presupuestaria del 120.5% a la contribución anual realizada por todas las ZEDE (Próspera, Morazán y Orquídea), pasando esta de USD 200 mil a USD 441 mil.
Consultado por Criterio.hn sobre los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad de las ZEDE y si esta afecta el funcionamiento del CAMP, Jorge Colindres, secretario técnico de ZEDE Próspera, sostuvo que el marco legal de estas continúa vigente. Según su interpretación, tanto el artículo 16 de la Constitución como los tratados internacionales suscritos por Honduras, entre ellos el CAFTA-DR y el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) con Kuwait, garantizan 50 años de estabilidad jurídica a residentes, trabajadores e inversionistas.
Colindres también argumentó que, de acuerdo con el artículo 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional, las sentencias de inconstitucionalidad no afectan las situaciones jurídicas “definitivamentes resueltas y ejecutadas”, por lo que, según él, la estructura administrativa de las ZEDE, incluido el CAMP, continúa funcionando plenamente.
Sin embargo, la posición de Próspera difiere de la adoptada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En su sentencia, la CSJ declaró la inconstitucionalidad total y de origen (ex tunc) de las reformas constitucionales y de la Ley Orgánica de las ZEDE, argumentando que estas violentaron disposiciones pétreas de la Constitución. La Corte sostuvo que por mandato del artículo 375 constitucional, correspondía restablecer el orden constitucional previo a las reformas que permitieron la creación de las ZEDE.
En consecuencia, la sentencia también dejó sin efecto el Decreto Legislativo 368-2013 que ratificó a los 21 integrantes originales del CAMP, así como toda normativa y acto jurídico relacionado con este régimen.
Consultado por Criterio.hn sobre la vigencia del CAMP tras la declaratoria de inconstitucionalidad de las ZEDE, Fernando García, excomisionado presidencial contra las ZEDE, sostuvo que tanto la ley Orgánica de las ZEDE como la normativa relacionada con el comité quedaron sin efecto tras la derogación aprobada por el Congreso Nacional y la posterior sentencia de la CSJ.
Asimismo, cuestionó la legitimidad de la actual integración del organismo al afirmar que algunos de sus miembros no fueron parte de la nómina original ratificada por el Congreso Nacional y que no existe información pública que permita verificar cómo fueron incorporados posteriormente.
