Legalidad de la PAE se mantiene en juego por demanda de organización antiderechos

La legalización de la PAE es el reconocimiento a un derecho de salud fundamental, aseguraron especialistas internacionales

En el primer trimestre de 2025, el Registro Nacional de las Personas reportó que más de 3,000 jóvenes menores de 19 años fueron registradas como madres solteras, según alertaron organizaciones feministas

Tegucigalpa, Honduras. – A 28 meses que el gobierno de Xiomara Castro autorizara el uso libre y comercialización de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), las organizaciones de mujeres mantienen una lucha activa para garantizar su acceso, mientras paralelamente hacen frente a una demanda legal que amenaza con revertir esta medida sustentada en argumentos desfasados.

La demanda interpuesta por la organización Alianza por la Familia busca anular la decisión que permitió la libre comercialización de la PAE, lo que ha generado preocupación entre organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos y que ha sido catalogada por especialistas internacionales como una violación al derecho a la salud de las mujeres hondureñas.

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SOBRE EL PROCESO LEGAL 

Nadia Mejía, abogada del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, organización que brinda acompañamiento legal al Grupo Estratégico por la PAE, explicó a Criterio.hn, que el pasado 7 de abril se celebró la audiencia de práctica de medios de prueba en la  que peritos propuestos por la organización demandante, presentaron una serie de argumentos desactualizados con los que pretenden revertir la liberación al argumentar que el anticonceptivo es abortivo. 

Según la jurista, los argumentos presentados por la parte demandante se basan en información científica desactualizada, anterior a 2010, que ignora las posturas de organismos internacionales como la OMS, la FDA, la FIGO y la EMA, que han concluido mediante  estudios rigurosos  y con base en evidencia científica, que la PAE no tiene efectos abortivos.

Mejía señaló que tras la audiencia, se encuentran a la espera del llamado de la jueza a cargo de la causa, pues ahora deben presentar una serie de conclusiones por escrito con base a los argumentos presentados por los peritos de la parte demandante que debe ser revisada en un plazo de 20 días según lo establecido por la Ley, sin embargo, hizo mención a que debido a la  carga laboral los jueces de distintas jurisdicciones no emiten  sentencias conforme lo establece la normativa, por lo que el proceso podría alargarse. 

La jurista aclaró que, como organizaciones de mujeres, su papel dentro del proceso legal es el de coadyuvantes, ya que la representación principal recae en el Estado, al haber sido quien emitió el decreto que eliminó la prohibición de la PAE. Añadió que están trabajando de forma conjunta con las autoridades para construir argumentos sólidos que demuestren que el anticonceptivo no es abortivo como lo quiere hacer ver la parte demandante.

La abogada informó que, en caso de que la parte demandante obtenga una sentencia favorable, el proceso continuará con la presentación de un recurso de apelación y, posteriormente, con un recurso de revisión ante la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, advirtió que el camino legal aún es largo y complejo.

“Nosotros esperamos que la sentencia sea favorable para nosotros, y  que la PAE no sea nuevamente prohibida, sin embargo,  eso queda a criterio de la jueza” señaló Nadia Mejía abogada del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, organización que brinda acompañamiento legal al Grupo Estratégico por la PAE. 

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POSICIÓN DE LOS EXPERTOS INTERNACIONALES

Aidé García, feminista y directora de la organización Católicas por el derecho a decidir México, explicó a Criterio.hn que la pildora anticonceptiva de emergencia  es un derecho a la salud que debe ser garantizado para las mujeres hondureñas. 

García informó, que la anticoncepción de emergencia es considerada como un medicamento que no posee efectos abortivos ni colaterales y que no implica más que ingerirlo para evitar embarazos no deseados, contrario a los argumentos pseudocientíficos difundidos por los grupos antiderechos. 

A criterio de la feminista, organizaciones como la demandante emiten argumentos religiosos y morales que no contribuyen a garantizar los derechos humanos, y en ese sentido, afirmo que es esencial que la Corte Suprema de Justicia emita un fallo en el marco de la laicidad y con perspectiva de derechos humanos. 

“Es muy importante que el gobierno y el estado de hondureño tengan claro que la píldora de anticonceptiva  de emergencia es un derecho a la salud”, dijo Aidé García, feminista y directora de la organización Católicas por el derecho a decidir México. Foto: Francia Guardiola/Criterio.hn

Por su parte, el ex vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Luis Ernesto Pedernera, calificó como increíble que en Honduras sectores conservadores continúen atacando un medicamento respaldado por evidencia científica, la cual ha desmentido los efectos que dichos grupos argumentan. 

Pedernera señaló, que un elemento que le llama la atención es que esta organización viene de España, donde existe una ley que garantiza el acceso al anticonceptivo de emergencia desde hace más de 15 años. 

El experto en derechos de la niñez también afirmó que Honduras debe implementar la educación sexual integral en todos los niveles del sistema educativo. Además, señaló la necesidad de garantizar el acceso gratuito y adecuado a servicios de salud sexual y reproductiva, adaptados a las necesidades de niños y niñas. Subrayó que es urgente transformar las estructuras sanitarias para que sean inclusivas y amigables, especialmente para las niñas, y facilitar el acceso a métodos anticonceptivos modernos, incluyendo la anticoncepción de emergencia.

“Espero que el sistema de justicia que también está vinculado a la convención recoja la mejor evidencia para frenar estos intentos de  conservadores que quieren que Honduras siga teniendo altas cifras de embarazos a temprana edad”, dijo Luis Ernesto Pedernera, ex vicepresidente del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Foto: Francia Guardiola/Criterio.hn

POSTURA DE LA SESAL

El Subsecretario de Regulación de la Secretaría de Salud, Brian Erazo, explicó a Criterio.hn que la posición de la Secretaría de Salud ha sido clara en avanzar en pro de los derechos sexuales y reproductivos y de apoyar la decisión de las mujeres y las parejas.

Erazo aseguró que a pesar que la secretaría no ha participado de manera directa en el proceso han brindado acompañamiento como observadores y que han colaborado evidenciando la importancia del anticonceptivo de emergencia. 

El galeno aseguró que la SESAL espera un desenlace favorable como ha ocurrido en otros países y que  con la sentencia judicial se logre garantizar la protección de los derechos sexuales y reproductivos.

“En Honduras existe un movimiento anti planificación familiar activo, que están aliados con grupos de poder nacional” afirmó Brian Erazo, Subsecretario de Regulación de la Secretaría de Salud. 

A más de dos años de la liberación de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), las organizaciones feministas y defensoras de los derechos sexuales y reproductivos se mantienen en una contienda legal contra los movimientos antiderechos, con el objetivo de garantizar su permanencia y acceso libre para las mujeres en Honduras.

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