La incorporación de nuevas pruebas obtenidas tras las capturas de Adán Fúnez, Héctor Méndez y Juan Ángel Ramos, acusados de inducir el asesinato de Juan López, motivó la reprogramación del juicio contra los presuntos autores materiales del crimen.
Tegucigalpa, Honduras. – El juicio contra los tres supuestos autores materiales del asesinato del lider ambientalista Juan López fue reprogramado con el objetivo de que nuevos hallazgos en las pruebas recopiladas en el marco de la acusación contra Adán Fúnez, Héctor Méndez y Juan Ángel Ramos sean incorporadas al proceso judicial.
El juicio, que estaba programado para iniciar el pasado lunes 15 de junio, fue recalendarizado para el 18 de enero de 2027 a solicitud conjunta del Ministerio Público y la acusación privada que representa a la familia y al Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), organización que el ambientalista coordinaba al momento de su asesinato.
Los imputados en este primer proceso son Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía. De acuerdo con la acusación, junto a Adán Fúnez, Héctor Méndez y Juan Ángel Ramos, capturados el 12 de mayo, integrarían una estructura criminal que habría conspirado, planificado y ejecutado el crimen contra López.
Edy Tábora, abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, que representa la acusación privada en el proceso judicial, dijo a Criterio.hn que, tras recibir información sobre el estado de la investigación en el caso contra Guardado, Juárez y Cruz, el Ministerio Público planteó la necesidad de incorporar a los dictámenes periciales información obtenida durante las capturas y allanamientos vinculados a la causa contra los presuntos autores intelectuales intermedios del crimen, incluyendo el exalcalde Adán Fúnez.
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“Es parte de todas las pruebas que se han presentado en la audiencia inicial [contra Adán Fúnez y las otras dos personas capturadas] y que son, digamos, relevantes también para los autores materiales. Principalmente son peritajes telefónicos relacionados con extracciones de teléfonos, intervenciones a través de escuchas telefónicas, también información entregada por las empresas de telefonía del país sobre los detalles de las llamadas que realizaban estas personas”, explicó Tábora.
Guardado, Juárez y Cruz fueron capturados entre el viernes 4 y el sábado 5 de octubre de 2024. El 11 de octubre, un juez les dictó auto de formal procesamiento tras la presentación de diversas pruebas por parte del Ministerio Público, entre ellas testimonios de testigos protegidos, videos que mostrarían a Óscar Guardado dando seguimiento a Juan López entre las 9:00 de la mañana y las 7:00 de la noche del 14 de septiembre –día del crimen–, así como imágenes de los tres acusados reunidos en un hotel de Tocoa.
Guardado habría salido de ese establecimiento conduciendo la motocicleta marca Yamaha, modelo XTZ-125E azul, el vehículo usado para perpetrar el crimen. Además, la Fiscalía presentó vaciados telefónicos y análisis de georreferenciación que ubicaría a los imputados por la autoría material en puntos relevantes para la investigación.
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LA PRESUNTA ESTRUCTURA DETRÁS DEL CRIMEN
Diecinueve meses después de esas tres primeras detenciones fueron capturados el 12 de mayo Adán Fúnez, exalcalde de Tocoa por cuatro periodos; Héctor Méndez, quien fungió como jefe de infraestructura en la municipalidad; y Juan Ángel Ramos.
Tras la audiencia inicial que se extendió por 16 horas, a Fúnez, Méndez y Ramos se les dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva, acusados de inducción a los delitos de asesinato y asociación para delinquir por el crimen de Juan López. La medida se sustentó en pruebas anticipadas presentadas por el Ministerio Público, entre ellas testimonios, escuchas telefónicas y otras pruebas periciales, cuyos hallazgos continúan siendo analizados y complementados por la Fiscalía para su eventual incorporación al juicio contra los presuntos autores materiales.
Al proceso judicial contra Adán Fúnez por el asesinato de Juan López, se sumó un segundo requerimiento fiscal. Esta vez la imputación es por abuso de autoridad. La acusación se deriva de investigaciones relacionadas con una sesión de la corporación municipal celebrada en noviembre de 2024, en la que Fúnez habría rechazado una resolución orientada a destituir al tesorero municipal Félix Figueroa.
Según relató Leonel George, uno de los seis regidores que promovieron la medida, la solicitud de despido se fundamentó en que Figueroa habría efectuado deducciones salariales a empleados municipales sin transferir los fondos al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ni al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), generando una deuda superior a cinco millones de lempiras, además de multas por incumplimiento.
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El asesinato de Juan López se enmarca en un conflicto marcado por un patrón persistente de violencia, impunidad y falta de protección para quienes defienden el territorio. Un año antes fueron asesinados Alí Domínguez y Jairo Bonilla, posteriormente Oquelí Domínguez, todos vinculados a la defensa de los ríos Guapinol y Sector San Pedro y del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía frente al avance de proyectos extractivos.
Paralelamente, en los tribunales también avanzan procesos judiciales contra el empresario Lenir Pérez y ejecutivos de sus empresas, la minera Inversiones Los Pinares y la siderúrgica Inversiones Ecotek, vinculadas al proyecto extractivo denunciado por Juan López y el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. Los casos están relacionados con presuntos delitos ambientales vinculados al proyecto minero que llevó a Juan López y a otros defensores del territorio a organizarse para proteger el parque nacional.
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