En la sentencia del caso Vicky Hernández, por la que fue condenado el Estado de Honduras por el asesinato de una mujer transexual en el año 2009, una de las consideraciones que se tomó por parte de la Corte-IDH, es ordenarle al Estado de Honduras que debe generar una base de datos fidedigna de las violencias en que incurre la comunidad LGBTI.
“La preocupación es más del medio de comunicación, porque el medio de comunicación televisivo denominado HCH, fue uno de los que hizo injerencia de forma exagerada durante dos días contra este tema, desde que salió hasta que lo quitaron, y esa injerencia que ellos tienen, discriminando, estigmatizando, y generando odio hacia las personas trans durante estos días hizo mucho ruido”, denunció Rihanna Ferrera.
Tegucigalpa, Honduras. – Los retrasos flagelantes que van contra los derechos LGTBI son el resultado del desconocimiento, el morbo y la estigmatización, el panorama es cuesta arriba, sobre todo cuando el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, grupos Pro Vida, la Confraternidad Evangélica y algunos medios de comunicación interfieren y presionan para que derechos ya reconocidos internacionalmente como la identidad de género no sean aplicados.
Primero hay que entender que el memorándum es una herramienta, como vía de comunicación interna que utilizan todas las instituciones para poder proceder a tomar algunas medidas o informarlas.
En ese sentido el memorándum que se emitió a lo interno del Poder Judicial, el 02-2026, sobre el reconocimiento de la identidad de género autopercibida, lo que habla es de considerar la homologación, y para entender también esta homologación de información, es cuando hay personas que denuncian o personas que son víctimas de alguna agresión y que esta agresión en la parte investigativa, se desarrolla y llega hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ingresa como un caso que hay que resolver, en esas etapas hay un vacío que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y grupos de trabajo de Naciones Unidas con respecto a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), han dicho a todos los países que se necesita información desagregada sobre los derechos humanos.
En la sentencia del caso Vicky Hernández, por la que fue condenado el Estado de Honduras por el asesinato de una mujer transexual en el año 2009, una de las consideraciones que se tomó por parte de la Corte (CIDH), es ordenarle al Estado de Honduras que debe generar una base de datos fidedigna de las violencias en que incurre la comunidad LGBTI.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rubenia Esperanza Galeano, lo que pretendía facultada por todos los tratados internacionales y todo el armamento jurídico era homologar, es decir, hacer control de convencionalidad.
El control de convencionalidad que ella estaba haciendo era básico, el cual respondía a la sentencia del caso de Vicky Hernández que se volvió a ratificar en 2025.
Lo anterior, responde a que debido a la ausencia de información no se permite a los Estados abordar la problemática de manera directa, además la misma sentencia le dice a Honduras que debe adoptar procedimientos para el reconocimiento de identidad de género.
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COMUNICADOS SURGEN DEL DESCONOCIMIENTO E IMPULSADOS POR EL ODIO
Sin embargo, entró todo ese agite social perverso, y se escuchó que todas las noticias dicen “varios sectores”, pero realmente solo hubo dos sectores que se pronunciaron: la Confraternidad Evangélica y el movimiento “No te Metas con mis hijos”, estos emitieron un comunicado cada uno, en uno de ellos hablan del “bien superior del niño y de la niña” como una herramienta de coacción.
Estas organizaciones -apuntó- tergiversaron que lo que se buscaba es tema de una ley de cambio de nombre.
Eso no es un asunto del Congreso Nacional, ni un asunto de legislaciones, si el Registro Nacional de las Personas (RNP) necesita modificaciones legislativas en su debido tiempo va a suceder, pero esto es un ámbito diferente, porque cruza el Poder Ejecutivo y quizás su apoyo sería en el Poder Legislativo, pero lo que está haciendo la Corte con autonomía es un control de convencionalidad que no interfiere con el quehacer de los otros poderes.
Es decir, no se están haciendo cambios en la normativa en el Legislativo, ni tampoco se están haciendo cambios en el comportamiento de la administración pública, en este caso en el Ejecutivo, se está haciendo a nivel interno para tener mayor control sobre esos datos y abordar una problemática que afecta a un sector específico.
“Cuando hablamos de los derechos humanos de quienes están en una situación de vulnerabilidad, cuando el gobierno no atiende a la población es un reflejo de lo que le puede estar pasando a la sociedad en general, porque si no se preocupan por las minorías que son las más expuestas, qué les pueden interesar la mayoría”, reflexionó Martínez.
Retomando el tema de la injerencia de grupos religiosos, primero tergiversan la información dando un escenario de que se está atentando contra la familia, la ciudadanía y contra la educción, y en ningún momento se pronuncia que ese sea el espíritu del memorándum.
En cuanto al discurso manejado por Tomás Zambrano, Martínez observó que, en cuanto al tema de la identidad de género es que si alguien se quiere denominar como un objeto o un animal puede ser considerado como tal, lo cual demuestra ignorancia completa porque las normativas y su actuar están enfocadas en personas y que se les rebaja a esas categorías de cosificación en discursos públicos de odio promovidos por sectores eclesiásticos, pero cuando un funcionario público lo emite trata ya de una falta grave porque hace uso de lo mediático para incentivar más al odio que ya existe.
MEMORANDO 02-2026 RESPONDE A UNA SENTENCIA EMBLEMÁTICA
Es oportuno recordar que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia sobre el emblemático Caso Vicky Hernández y otras Vs. Honduras el 24 de noviembre de 2025, de que el Estado de Honduras ya había reconocido su responsabilidad internacional en el año 2022.
En ese sentido, en la supervisión de finales de 2025, la Corte IDH evaluó los avances y pendientes en las reparaciones ordenadas. En el fallo original, el tribunal determinó que Honduras era responsable por la ejecución extrajudicial de esta defensora de derechos humanos y mujer trans, ocurrida en 2009 en San Pedro Sula.
Dicha sentencia sentó un precedente histórico y exige al Estado de Honduras cumplir con medidas estructurales que incluyen:
- Mantener las investigaciones por el homicidio con un enfoque de género.
- Brindar un procedimiento administrativo para el reconocimiento de la identidad de género.
- Implementar protocolos de investigación para casos de violencia contra personas LGBTI.
Con respecto a los grupos religiosos, muy radicalmente, es que su área de competencia tiene que ver con el hecho de la fe y hay puntos de vista diversos en una sociedad, para eso es la democracia, no obstante, cuando esos puntos de vista llaman al odio ya no se pueden respetar como tal, se les olvida que no están ni a nivel de la ley están para inmiscuirse en los asuntos que tienen que ver con justicia y con normativas.
“No están legalmente autorizados, y me cuestioné mucho si ellos mismos tienen esa parte moral, cómo es posible que ellos mismos inciten el odio y a desinformar a la gente, es como una cuestión incoherente”, señaló Salgado.
La agenda antiderechos que está abordando el actual gobierno hace notar que no existe la independencia de poderes estatales, están actuando como uno solo. Los magistrados que ayer votaron en contra del memorándum no están actuando con base a la ley, de hecho, se escudan en que “van a analizar la situación”, cuando no hay nada que analizar.
Cuando se reúne un pleno con competencias técnicas, en este caso lo jurídico, si la intención es validar, tomando en cuenta que todo depende de la pregunta generadora, entonces si se quiere validar lo que la magistrada dijo, deben buscarse las opiniones de qué me limita a no validarlo, pero si la intención es invalidar de entrada, y la excusa utilizada es muy escueta, “que van a revisar y analizar”. Por el contrario, Honduras tiene esa responsabilidad de realizar la adecuación de las normativas internas para el reconocimiento de las personas transexuales.
El error que comete Tomás Zambrano y las iglesias es creer que eso solamente está dirigido a la población transexual en Honduras y que, por ejemplo, las medidas que se tomen en favor a las personas con discapacidad no afectan a las que no tienen una discapacidad, pero esas medidas deben ir en beneficio de las personas no en contra y es ahí donde cometen el “adefesio constitucional” porque no están respetando la Constitución de la República donde indica que la dignidad de las personas debe ser respetada en todo momento, incluso se llevan de por medio los Manuales de Ética y la Ley de la Administración Pública.
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RETROCESO A LA OSCURIDAD
El impacto está en que hay un retroceso hacia escenarios oscuros y perversos, los que no solo afectan a la comunidad LGTBI, sino también a aquellos sectores que defienden los derechos sexuales y reproductivos y la libertad de expresión.
“El escenario oscuro es donde la injerencia de los sectores religiosos y económicos en este país vuelven a tomar las riendas del país para minimizar los derechos ya reconocidos en el mes de la lucha LGTBI, que ocurra cuando no está siendo ni oposición, que, aunque hay un mal gobierno no hay manifestación pública en contra todavía y que salgan con esto da la impresión de que necesitan justificar su agenda, para agenciarse de fondos”, señaló Salgado.
Por su parte, José Antonio Zambrano, defensor de derechos LGTBI e integrante de la Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH/Sida en Honduras (APUVIMEH), dijo a Criterio.hn que en vez de cubrirlos se les sigue discriminando pese a las 22 muertes violentas de personas LGTBI registradas hasta la fecha en 2026.
“Nos excluyen y nos discriminan, entonces con tenemos forma de resolver esas problemáticas que muchas veces están en el seno de la familia y la misma sociedad, siendo altamente discriminatoria en lo relacionado a la orientación sexual y la identidad de género, la población LGTBI ha sido históricamente discriminada”, lamentó José Zambrano.
Resaltó que los gobiernos no respetan ni tampoco elaboran políticas públicas con las que puedan hacerse valer y seguir luchando. Lamentó que hace falta mucha educación respecto al tema y que tampoco se les permite sensibilizar a la población.
Llamó a Honduras una sociedad hipócrita que no se escandaliza cuando ven los avances de otros países, sino que son intolerantes y discriminatorios por la orientación sexual y la identidad de género, ignorando que la comunidad LGTBI tienen que vivir una vida digna, pero está desprotegida.
Rihanna Ferrera, defensora de derechos humanos, manifestó a Criterio.hn que la movimientos y organismos LGTBI deben accionar y reaccionar porque solo ha observado dos reacciones, un pronunciamiento de Ecuménicas por el Derecho a Decidir y de Jueces por la Democracia.
Sin embargo, felicitó al Poder Judicial, a la magistrada Rubenia y otros magistrados que han trabajado en este tema desde hace 4 años atrás, cuando el gobierno de Xiomara Castro (2022-2026) asumió responsabilidades por el caso de Vicky Hernández.
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INTERVIENEN CON MORBO
No obstante, Rihanna, señaló que en el memorándum debió agregarse una categoría para que se incorpore el nombre autopercibido o asumido de las personas por identidad de género y otra categoría de condición de vulnerabilidad,
“Estos grupos lastimosamente al verlos en entrevistas se ven como personas utilizadas que no conocen los procesos legales. El respecto a las personas se tiene que otorgar y a través de un memorándum no se van a hacer cambios a las leyes”, explicó Rihanna.
Creemos que el sustento emitido por el Poder Judicial actualmente, aunque deja sin valor y efecto el memorándum hay una postura muy real, el Poder Judicial de que van a seguir respetando los derechos se las personas en condición de vulnerabilidad y sus identidades.
El problema esta en ver con morbo el tema de identidad de género y además desconocer los procedimientos y, que, aunque se les haya explicado en qué consiste el tema de identidad de género que solo busca generar respeto, sin embargo, tanto el medio de comunicación, el movimiento Por Nuestros Hijos y la Confraternidad Evangélica llamaron a un alza de violencia contra las personas LGTBI en un mes donde se conmemora la igualdad y la no discriminación, al igual que el Orgullo LGBTQ+.
“En la práctica sí se está ejecutando con personas trans pero que también deben exigirlo, sin embargo, en el caso de las mujeres trans privadas de libertad no lo exigen y tampoco cuentan con una organización o persona LGTB que las represente legalmente en el tema del respecto a su dignidad como persona y a su dignidad. La posición de la magistrada es que se retractan pero que lo van a volver a hacer”, aseguró Rihanna.
La defensora de derechos LGTBI también señaló que lo que hay que hay que sancionar es a la persona que tomó la foto del memorándum y la mandó con el afán de causar un escándalo, cuando el memo ya estaba enviando una orden administrativa dentro del Poder Judicial.
