Derogación o reforma al delito de usurpación cuesta arriba en el Congreso Nacional

Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales señala que hasta el momento no se ha planteado reformar o derogar el delito de usurpación. Mientras la empresa privada exige al Poder Legislativo abstenerse de aprobar cambios al Código Penal que afecten, según ellos, la propiedad privada.

Por: Katerin Galo

Tegucigalpa. –Una herencia del régimen de Juan Orlando Hernández, que criminaliza la defensa de la tierra más allá de garantizar la propiedad privada, aparentemente seguirá figurando en el Código Penal pese a la promesa del gobierno y de diputados del oficialismo de revertirla.

El diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, explicó que hasta el momento no se está planteando una reforma o derogación del delito de usurpación contemplado en el Código Penal, en el artículo 378, que inicialmente estipulaba una pena de prisión de dos a cuatro años, pero con la reforma, aprobada el 7 de octubre de 2021, la pena pasó de cuatro a seis años.

El 2 de marzo, pobladores de los municipios de Namasigüe (departamento de Choluteca) y la isla Zacate Grande (departamento de Valle) junto a juristas de la Red de Abogados Defensores de los Derechos Humanos solicitaron a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales la derogación del decreto 93-2021 que criminaliza, a través de la figura de “usurpación de espacios públicos”, a la población que defiende la tierra y el territorio.

Ramón Barrios, quien es el presidente de la comisión antes referida, se comprometió a visitar la zona para constatar la dificultad plateada por los pobladores, “pero sobre todo para darles respuesta [ a través de la Comisión], a la reforma o la anulación y derogación del delito de usurpación”.

Durante una entrevista con Criterio.hn, Barrios, expuso que hay una propuesta puntual de los pobladores de las comunidades ubicadas en el sur del país para revisar el decreto que aumentó las penas al delito de usurpación o en su defecto derogarlo o reformarlo.

Dicha comisión se trasladará hasta las comunidades para conocer con mayor detalle la problemática que embarga a los pobladores. Además, de escuchar las otras peticiones de las y los campesinos que han sido criminalizados por defender sus tierras.

Exteriorizó que los pobladores de la isla Zacate Grande, que tienen varias décadas de vivir en la zona, se enfrentan a políticos y gente millonaria que tiene en su poder títulos no muy legales.

Pese a la posesión de décadas de las tierras los pobladores han sido criminalizados y procesados, dijo Barrios.

La abogada Kenia Oliva, del Bufete Jurídico Justicia para los Pueblos, precisó a este medio digital que hay al menos 150 pobladores con requerimientos fiscales interpuestos por el Ministerio Público. Oliva enfatizó que no todos han sido requeridos por el supuesto delito de usurpación, pero que es uno de los recursos más utilizados porque los pobladores no tienen títulos de propiedad de las tierras donde han vivido siempre.

Nota relacionada: Piden derogación parcial de decreto que criminaliza a defensores de la tierra y el territorio

REFORMA AL DELITO DE USURPACIÓN

En octubre de 2021, mientras la población disfrutaba del asueto de la Semana Morazánica, el Congreso Nacional presidido por el nacionalista Mauricio Oliva (2014-2018 y 2018-2022), aprobó varias reformas al Código Penal. Las reformas incluyeron al artículo 378 que inicialmente estipulaba una pena de prisión de dos a cuatro años, pero con la reforma la pena pasó de cuatro a seis años.

La pena de seis años es para quien o quienes ocupen o se apoderen de todo o parte de un inmueble, interrumpa la posesión, derecho de propiedad u otro derecho real sobre todo o parte de un inmueble, o destruya o altere linderos del mismo.

Dicha reforma también contó con la adición del artículo 378-A, que establece la figura de agravante mediante la cual la pena de prisión pasó de seis a diez años e inhabilitación absoluta.

Dentro de los agravantes contenidos en esta reforma al delito de usurpación están: si la usurpación se realiza en un área forestal nacional o municipal, cuando se haga en bienes inmuebles considerados como patrimonio cultural o reserva natural. Si una vez desalojado por la autoridad competente mediando orden de desalojo vuelva a usurpar el bien del cual se desalojó anteriormente. Cuando se haga uso de armas, explosivos o cualquier instrumento o sustancia peligrosa. Cuando intervengan dos o más personas.  

Asimismo, si el inmueble está siendo utilizado para fines habitacionales, residenciales, agro industriales, todo tipo de proyectos de intervención empresarial o turístico, o ya sea que estén destinados o reservados a nivel de proyectos en la etapa de planificación o desarrollo.

Cuando se trate de bienes del Estado o destinados al servicio público como son el derecho de vía, carretera, calle, jardín, parque, área verde, paseo u otros lugares de uso o dominio público de cualquier otro bien del Estado o de las municipalidades.

Si el empleado o funcionario público que abusando de su condición realice la usurpación y cuando debido a la usurpación se obstaculice la realización de proyectos autorizados por el Estado.

Los campesinos, en su mayoría, no tienen títulos de propiedad aunque tengan décadas de estar en posesión de las tierras, contrario a los grandes terratenientes que gozan del derecho a la propiedad privada, en muchos casos, gracias a títulos suplatorios de dudoso origen.

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EMPRESA PRIVADA SE OPONE

Mientras un sector de la población hondureña exige la derogación o reforma del delito de usurpación, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) Eduardo Facussé instó al Congreso Nacional a aumentar las penas para aquellos que, a su criterio, atropellan el derecho a la propiedad privada.

Durante una declaración a medios de comunicación declaró que como sector privado respetan el derecho a la petición de derogar el delito de usurpación, pero que creen que es el camino equivocado.

De manera tajante, el empresario de la zona norte de Honduras, exigió respeto al Estado de Derecho y el derecho a la tenencia de propiedad privada, “las personas que atropellen este derecho deben saber que se va a aplicar todo el peso de la ley para empezar a respetar la propiedad privada”.

De igual manera, el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH) Carlos Umaña aseveró que como bancada no están a favor de ninguna situación que menoscabe la propiedad privada.

Umaña comentó en una entrevista a este medio digital que el PSH no va a apoyar ningún intento de modificar la tenencia de la tierra.

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