Este miércoles centenares de empleados públicos se manifestaron en frente de Casa Presidencial en protesta por los despidos masivos y cierres de instituciones.
Integrantes del Colegio de Médicos de Honduras (CMH) señalaron que muchos despidos se han realizado sin notificación formal ni respeto a los procedimientos establecidos, lo que podría derivar en conflictos legales y mayor incertidumbre laboral.
Tegucigalpa, Honduras. –Integrantes de los gremios profesionales y sindicatos de empleados públicos se lanzaron a las calles este miércoles frente a Casa Presidencial para protestar contra los despidos masivos en el sector público, en lo que califican como una escalada de violaciones a los derechos laborales, la estabilidad institucional y las garantías en el ejercicio profesional en el país.
Desde la llegada al poder del conservador Partido Nacional, el 27 de enero pasado, los empleados del sector público están siendo objeto de despidos masivos al margen de los procedimientos legales. Los despidos se están registrando, en algunos casos, por sectarismo político y en otro extremo por el cierre de algunas instituciones consideradas innecesarias por el actual gobierno.
La movilización, encabezada por la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Honduras (Fecopruh) aglutinó a representantes de distintos gremios profesionales , sindicatos de trabajadores que días antes realizaron manifestaciones de manera aislada. Esta vez, la protesta evidenció un frente común ante lo que consideran una política sistemática de desvinculación laboral en la administración pública.
Desde tempranas horas, los manifestantes se concentraron en el bulevar Centroamérica y avanzaron hacia Casa Presidencial en Tegucigalpa, capital hondureña, bajo la vigilancia de un fuerte contingente policial que resguardaba los accesos a la sede del Poder Ejecutivo.
En un comunicado, emitido el martes 14 de abril de 2026, la Fecopruh justificó la convocatoria a una reunión extraordinaria y posterior movilización ante el incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno, así como por la falta de reconocimiento de estatutos gremiales y leyes vigentes.
Durante la protesta, la organización reiteró su postura en defensa del derecho humano al trabajo, la estabilidad laboral y el respeto a los profesionales universitarios, quienes —según señalaron— cuentan con respaldo legal y académico que está siendo ignorado por las autoridades.
“Nos dirigimos a Casa Presidencial para ser escuchados, porque de otra manera no se nos ve, sino que se nos invisibiliza”, declaró a medios de comunicación María Mercedes Ortez, presidenta del Colegio de Químicos-Farmacéuticos de Honduras, al enfatizar que la movilización no responde a intereses partidarios, sino a una unidad gremial dentro de la federación.
Las exigencias de los manifestantes incluyen condiciones laborales justas, respeto a los derechos adquiridos, estabilidad institucional y soluciones concretas a la crisis que atraviesa el país, la cual —advirtieron— podría profundizarse ante el cierre de programas, secretarías y direcciones estatales.
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COLEGIO DE MÉDICOS EXIGE RESPUESTA DE ASFURA
El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, explicó que desde el sábado han solicitado una reunión directa con el presidente, Nasry Asfura, quien a su vez funge como secretario de Salud, tras dar por agotado el diálogo con el viceministro Ángel Eduardo Midence, a quien reconoció su esfuerzo, pero cuestionó por carecer de la autoridad necesaria para tomar decisiones.
Señaló que una responsabilidad delegada sin capacidad real de resolución “no tiene sentido”, por lo que insistieron en la necesidad de un encuentro con el mandatario, para abordar la problemática.
El dirigente gremial cuestionó –además— los canales de comunicación utilizados por las autoridades, al indicar que las convocatorias oficiales deben realizarse mediante mecanismos formales y no a través de vías informales, como plataformas de mensajería instantánea.
En ese sentido, señaló que, pese a reuniones recientes con autoridades de la Secretaría de Salud, persisten inconsistencias en la ejecución de acuerdos, lo que ha generado desconfianza en el gremio médico y otros sectores profesionales.
Como ejemplo, mencionó que en una reunión reciente lograron la restitución de 38 plazas de médicos especialistas que habían sido despedidos, a pesar de que las autoridades inicialmente negaban dichas desvinculaciones.
Por otro lado, afirmó que la problemática trasciende a un solo sector y se ha convertido en un asunto estructural que involucra a múltiples dependencias del Estado.
“Este es un problema de Estado. Hay despidos en Salud, Educación, Trabajo, el Sistema de Emergencias 911, Copeco y otras instituciones. Esto ya no lo puede resolver un viceministro, debe atenderlo el presidente”, dijo a Criterio.hn el presidente de los médicos.
Samuel Santos también denunció un déficit crítico e histórico en el sistema sanitario, al señalar que Honduras requiere al menos 23,000 médicos, pero solo cuenta con unos 5,000 en servicio, lo que deja una brecha de 18,000 profesionales de la salud.
Durante la protesta de los empleados públicos, la Casa Presidencial fue resguardada por un fuerte contingente policial. (Foto: Criterio.hn-Geovanny Canahuati).
Por su parte, el viceministro de Salud, Ángel Eduardo Midence, rechazó las acusaciones y aseguró que la Secretaría mantiene un sistema de gobernanza funcional, en el que las decisiones institucionales son ejecutadas conforme a los lineamientos establecidos.
Durante su intervención en un canal de noticias el funcionario hizo un llamado a la serenidad y al diálogo, al tiempo que cuestionó el tono de las denuncias del gremio médico, sugiriendo que responden más “a un plano ideológico” y percepciones que a hechos concretos.
Los despidos de los médicos y otros profesionales del área de la salud, han surgido a raíz de la aprobación de una normativa, supuestamente, encaminada a reducir la mora quirúrgica mediante la ejecución de un fideicomiso con la banca privada (Banco de Occidente). Los afectados y sectores de la oposición política arguyen que este es un nuevo modelo encaminado a la privatización del sistema sanitario.
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DESPIDOS MASIVOS EN EL SECTOR PÚBLICO
Estas manifestaciones se dan semanas después del cierre o fusión de al menos seis instituciones y programas, sumado a ello, el despido de empleados públicos en varias instituciones. Entre febrero y marzo de 2026, al menos 400 empleados del Sistema Nacional de Emergencias 911 denunciaron despidos sin notificación formal y atrasos salariales de hasta tres meses.
Asimismo, el pasado 6 de abril, más de 2,000 trabajadores del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP) fueron notificados de la cancelación de sus contratos, tras protestar por tres meses de salarios pendientes, en medio del cierre del programa.
Estas acciones se enmarcan en la implementación de la Ley de Reactivación y Desarrollo Económico, que autoriza al Poder Ejecutivo suprimir, fusionar o reducir instituciones públicas, lo que ha derivado en la desvinculación de personal en distintas dependencias.
La normativa también introduce limitaciones para que los empleados despedidos reclamen judicialmente, al supeditar el cumplimiento de sentencias a la disponibilidad presupuestaria y establecer plazos prolongados para la ejecución de pagos.
Además, faculta a la Procuraduría General de la República (PGR) a realizar conciliaciones judiciales y participar en arbitrajes nacionales e internacionales para evitar perjuicios económicos mayores al Estado. Los acuerdos deberán contar con disponibilidad presupuestaria certificada por la Secretaría de Finanzas y ser homologados por el juez correspondiente
Para los gremios, estas disposiciones no sólo facilitan los despidos masivos, sino que debilitan las garantías laborales y generan incertidumbre en el aparato estatal.
En ese contexto, los colegios profesionales advirtieron que la estabilidad del país podría verse comprometida si continúan las medidas que afectan tanto a trabajadores como a la estructura institucional.
