Alrededor de 1,000 personas necesitan ser reubicadas ante el riesgo de las embestidas de las marejadas en la costa de Cedeño, producto de los efectos del cambio climático y el detonante de la deforestación a gran escala del manglar, provocada, en gran medida, por la industria camaronera.
Tegucigalpa. –La línea costera en Cedeño, en el municipio de Marcovia, Choluteca, en el sur de Honduras, se achica cada vez más. Se estima que este sector en el Golfo de Fonseca, retrocede anualmente unos 6,13 metros, un considerable margen territorial que desde hace casi cinco décadas ha desplazado a decenas de familias.
Lo anterior es parte de los hallazgos del informe Cedeño: “Perderlo todo, casa e hijos”, desplazamiento climático desde el Pacífico hondureño, publicado este miércoles en Tegucigalpa por Amnistía Internacional, que alertó que los pobladores de esta zona, ubicada a unos 160 kilómetros de la capital, se enfrentan a una crisis de derechos humanos sin respuesta estatal.
El estudio especifica que, en esta zona, impactada hace pocos días por la tormenta tropical Cristina, la línea costera ha retrocedido unos 135 metros entre 2004 y 2026, lo que equivale a 6,13 metros por año.
Diversos informes sobre temas climáticos han coincidido que Honduras pese a producir apenas el 0.4% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero, es uno de los países con mayor afectación al cambio climático a nivel mundial.
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Ausencia de derechos básicos
El informe recoge la precariedad que se vive en la zona como el hecho de que la mayoría de los hogares no cuentan con un sistema de agua por los daños ocasionados a la red de distribución por las marejadas sucesivas. El agua disponible proviene de pozos que los mismos pobladores perforan, por lo tanto, no es apta para el consumo humano debido a la contaminación y salinización de las fuentes de agua dulce.
Esta situación representa un gasto adicional para las familias que se ven obligadas a pagar por la dispensa del agua que consumen a empresas que la embotellan para la comercialización.
En Cedeño Centro, una comunidad ubicada en el Golfo de Fonseca, las principales actividades de subsistencia han sido la pesca artesanal y el turismo, pero a raíz de los embates climáticos, vinculados a la degradación de los ecosistemas, incluyendo la tala del manglar, estas se han visto afectadas. Para el caso, los pescadores, que a diario salen a faenar, cuentan que ya no logran recolectar la cantidad de peces necesarios para comercializar. Incluso, muchos se trasladan hasta aguas de Nicaragua donde son perseguidos por la fuerza naval de la vecina nación.
Honduras, El Salvador y Nicaragua han mantenido una disputa sobre sus respectivas fronteras marítimas en el Golfo de Fonseca, lo que provoca tensiones cada vez que un pescador hondureño transgrede dichas fronteras
Sandra Reyes, subcoordinadora de la Mesa de Justicia Climática de Cedeño, estima que desde 1980 a la fecha, al menos 50 hondureños, han perdido la vida al traspasar las fronteras marítimas de Nicaragua. Mientras otros han sido víctimas de golpes y mutilaciones de sus piernas y brazos, además del despojo de sus pertenencias, incluyendo las lanchas y sus motores.
Los daños en Cedeño también han sido materiales. En el rubro del turismo las pérdidas se relacionan a la infraestructura, especialmente en los restaurantes de playa y negocios.
Pero, además de la infraestructura turística, que ha resultada dañada por las marejadas, también se han perdido varias viviendas. Aunque no se cuenta con la cifra exacta, varios testimonios dan cuenta de personas que han perdido y reconstruido su casa en más de una oportunidad.
Criterio.hn visitado la zona en al menos dos ocasiones durante los dos últimos dos años, logrando constatar todas las afectaciones plateadas en el informe de Amnistía Internacional. En nuestro recorrido observamos escombros de viviendas.
Como una breve radiografía de lo ocurrido, doña Sandra, relató, este miércoles, durante la presentación del informe, que la escuela, el centro de salud y la posta policial, sucumbieron ante las fuertes olas del mar, dejando a la comunidad sin esta importante infraestructura.
Ante el riesgo de perder sus viviendas, doña Sandra exige al Estado de Honduras una reubicación digna para al menos 990 personas y aunque los pobladores, a través de la Mesa de Justicia de Justicia Climática han solicitado a la alcaldía de su jurisdicción, Marcovia, y otras instituciones estatales como la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), están conscientes de que no existe un mecanismo en la legislación hondureña para atender a las personas que necesitan ser reubicadas de manera permanente debido a los impactos del cambio climático u otros desastres.
Actualmente la ley hondureña sobre el desplazamiento y el Sistema Nacional de Respuesta al Desplazamiento Forzado Internamente (Sinardefi) solamente atienden a las personas desplazadas debido a la violencia.
Ante las exigencias de organizaciones locales e internacionales que han registrado el desplazamiento forzado por efectos climáticos en Cedeño, el pasado 3 de junio, el gobierno de Honduras se comprometió a crear una mesa técnica interinstitucional coordinada por Copeco para atender la situación de las comunidades afectadas por el avance del mar.
Ante dicho compromiso, Amnistía Internacional solicitó al gobierno que este anuncio se traduzca en un plan de reubicación que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos y cuente con recursos suficientes para su implementación, y que garantice la participación efectiva de la comunidad en todo el proceso.
Asimismo, instó al Congreso Nacional crear un marco normativo para atender a las personas desplazadas debido a los impactos del cambio climático y desastres y regir este tipo de reubicaciones planificadas, conforme a las obligaciones internacionales establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva 32/25.
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Migración y desplazamiento climático
El informe resalta, con base a los testimonios recolectados in situ y de personas migrantes, que los impactos de las marejadas y la falta de garantías de derechos humanos en Cedeño son un catalizador para el desplazamiento climático tanto interno como transfronterizo, en particular para las personas adultas jóvenes.
La migración en la comunidad de Cedeño, al igual que en otras zonas de Honduras, ha ido en crecimiento en los últimos años. Incluso el informe detalla, que con base a las entrevistas que se realizaron a la diáspora de esta zona, la mayoría señaló que se encuentran en Estados Unidos sin ningún estatus migratorio regular y bajo amenazas constantes de ser deportadas a un territorio más devastado.
Ante este escenario, Ana Piquer, directora regional para las Américas de Amnistía Internacional, condenó el trato que los países están dando a las personas que huyen forzadamente ante la crisis climática.
“Cedeño muestra una doble injusticia: las personas están siendo expulsadas de su territorio por una crisis climática que no causaron y, al mismo tiempo, enfrentan políticas migratorias cada vez más restrictivas cuando buscan protección o alternativas de vida. La respuesta no puede ser abandono ni deportación. Debe ser protección, justicia climática y cooperación internacional”, dijo Piquer.
La funcionaria internacional recordó que los estados, incluyendo Estados Unidos y México, tienen la obligación de no devolver a sus países de origen si las personas temen sufrir violaciones de derechos en el contexto de la emergencia climática y los desastres.
En ese sentido, Piquer condenó el endurecimiento de las políticas migratorias de México y Estados Unidos que ponen en riesgo la vida de miles de personas, al implementar medidas que limitan el acceso a la protección internacional y violan rutinariamente los derechos humanos.
Descarga aquí el informe:
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Camaroneras y la deforestación del mangle
A la erosión costera y el aumento del nivel del mar, como parte de los efectos del cambio climático, se suma la deforestación indiscriminada del bosque de mangle en manos de pobladores, como recurso de combustión. Pero el mayor daño, en este sentido, se origina por la tala a gran escala de la industria camaronera.
El informe de Amnistía Internacional establece que la destrucción de manglares, para venta de leña o madera, como resultado de estrategias de supervivencia de familias y de actividades económicas a gran escala, participa de la eliminación de sistemas naturales que funcionaban como barreras contra la intrusión salina.
Refiere, además que un estudio realizado en 2016 reportó una reducción del 52.36% del área de mangle entre 2000 y 2016, una reducción que coincide con el período de mayor crecimiento de la industria camaronera.
Respuesta del Estado es limitada
El informe de Amnistía Internacional resume que la situación adversa de Cedeño ha sido conocida desde hace más de 20 años por los gobiernos. Sin embargo, la respuesta a la solución del problema ha sido muy limitada, dejando en manos de la población la dotación de servicios básicos como el agua que es comprada con sus propios recursos y con una creciente dependencia de alimentos externos. Además de la reconstrucción o reparación de sus casas y negocios, lo cual, según sus testimonios, también genera endeudamiento.
El documento también apunta que, pese a que Honduras cuenta con un marco normativo e institucional en materia climática, el país enfrenta serios retos para la implementación de sus estrategias climáticas, debido a limitaciones de recursos y de capacidad institucional.
