La Fiscalía señala que el excomisario no pudo justificar el origen lícito de más de 5.4 millones de lempiras. El caso se suma a un historial de procesos que lo vinculan con narcotráfico, asesinatos de alto perfil y estructuras criminales infiltradas en la Policía Nacional.
Tegucigalpa, Honduras. –El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos en contra del exoficial de policía Mario Guillermo Mejía Vargas, quien guarda prisión en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y fue pieza clave en el juicio contra por narcotráfico contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y su hermano, Juan Antonio «Tony» Hernández.
El pasado 11 de junio de 2026, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) presentó ante el Juzgado con Jurisdicción Nacional el requerimiento contra Mejía Vargas luego que este no pudiera justificar el origen licito de 5,492,836.00 de lempiras.
Las pesquisas, desarrolladas en coordinación con equipos técnicos especializados, concluyeron que dichos recursos tendrían un origen presuntamente vinculado a actividades del crimen organizado, por lo que la Fiscalía decidió impulsar el proceso judicial por el delito de lavado de activos.
Mejía Vargas permanece recluido en una prisión estadounidense tras haber sido declarado culpable por delitos de narcotráfico. Las investigaciones realizadas por las autoridades de ese país evidenciaron su participación en estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
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TESTIGO CLAVE EN JUICIO DE JOH
El nombre de Mario Guillermo Mejía Vargas volvió a cobrar relevancia durante el juicio –celebrado entre febrero y marzo de 2024— en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por Estados Unidos de conspirar para traficar cocaína hacia ese país.
Mejía Vargas, que testificó haber cometido delitos de narcotráfico bajo la protección de Juan Orlando y Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado, fue contrainterrogado por la defensa sobre su acuerdo de cooperación con la Administración de Control de Drogas (DEA).
Durante su comparecencia, el exoficial relató cómo participó en actividades de narcotráfico bajo la protección de Juan Orlando Hernández y de su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández. Su testimonio fue uno de los elementos utilizados por la Fiscalía estadounidense para sustentar la acusación contra el exmandatario hondureño.
En el contrainterrogatorio, la defensa de Hernández cuestionó la credibilidad del exoficial y le confrontó con declaraciones realizadas en 2016, cuando aseguraba públicamente no ser narcotraficante, pese a que ese mismo año inició su cooperación con la Administración de Control de Drogas (DEA).
Explicó que aquellas declaraciones hacían referencia a una acusación surgida en 2009, relacionada con la supuesta sustracción de 143 kilogramos de cocaína durante un operativo en La Moskitia, Gracias a Dios. Según su versión, fue exonerado después de que autoridades policiales afirmaran que actuó bajo órdenes superiores.
El exoficial también admitió haber trabajado junto al también exagente policial Mauricio Hernández Pineda, quien en 2024 fuesentenciado a 15 años de prisión por delitos de tráfico de drogas, en la protección de cargamentos de cocaína. Ambos terminaron aceptando su responsabilidad ante tribunales estadounidenses.
Durante el décimo día del juicio, también testificó “John Miller”, un oficial de control de armas de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), quien presentó un fusil M-16, un arma semiautomática, como evidencia 605 en el caso. También se presentaron otro tipo de armas, desde una pistola de calibre 9 milímetros hasta un lanzacohetes RPG-7.
Tras varios testimonios de narcotraficantes y exoficiales privados de su libertad en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y la deliberación del jurado, Juan Orlando Hernández fue sentenciado a 45 años de prisión y cinco de libertad supervisada por delitos relacionados al tráfico de drogas y armas hacia ese país.
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En febrero de 2017, el Ministerio Público informó que el comisario de policía, Mario Guillermo Mejía Vargas, quien se encuentra en una prisión de los Estados Unidos por nexos con el narcotráfico, participó en el 2013, en el crimen del fiscal Orlan Arturo Chávez, más conocido como el “fiscal de oro”.
La acusación presentada el pasado 11 de junio de 2026, también señala que, durante procesos judiciales en Estados Unidos, Mejía Vargas admitió haber participado en planes criminales dirigidos contra el exdirector de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Julián Arístides González, asesinado en 2009.
Según la Fiscalía, estos antecedentes forman parte de una serie de investigaciones que buscan establecer el alcance de los vínculos del exoficial con estructuras criminales que operaron dentro y fuera de las instituciones de seguridad del Estado hondureño.
El nuevo requerimiento por lavado de activos se suma así al historial judicial de quien pasó de ocupar altos cargos dentro de la Policía Nacional a convertirse en colaborador de la justicia estadounidense y protagonista de algunos de los procesos más relevantes relacionados con narcotráfico y corrupción en Honduras.
