Representantes de la Ofraneh y el Comité de Cumplimiento de Sentencias del Pueblo Garífuna interpusieron una acción de garantía constitucional innominada ante la Corte Suprema y anunciaron acciones penales contra funcionarios por no ejecutar sentencias de la Corte IDH relacionadas con sus territorios.
Portada: Geovanny Canahuati/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. – Entre protestas por despidos masivos frente a Casa Presidencial y reclamos ante la Corte Suprema de Justicia por fallos internacionales desatendidos, el gobierno de Honduras enfrentó este miércoles una jornada marcada por presiones simultáneas en materia laboral y de derechos humanos.
“¡Viva Barauda y Satuyé!” y “Vivan los pueblos indígenas de Honduras” fueron algunas de las consignas que se escucharon durante la movilización, en las que se evocó a figuras de resistencia y defensa del territorio como la lideresa lenca Berta Cáceres y el líder maya chortí Cándido Amador Recinos.
Reportaje relacionado:
En ese escenario, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) y el Comité de Cumplimiento de Sentencias del Pueblo Garífuna, junto a representantes indígenas, presentaron ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una acción de garantía constitucional innominada contra el Estado de Honduras.
En el comunicado, las organizaciones señalan ccomo responsables al titular del Poder Ejecutivo, Nasry Asfura, y al procurador general de la República, Dagoberto Aspra.
De acuerdo con el documento, la acción, sustentada en el artículo 15 de la Constitución, busca que se ordene el cumplimiento inmediato de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en favor de comunidades garífunas, con énfasis en la restitución territorial y garantías de no repetición.
Lea también:
El artículo 15 de la Constitución de Honduras establece la obligación del Estado de cumplir y ejecutar las sentencias internacionales, lo que, según las organizaciones, refuerza el carácter vinculante de los fallos emitidos por la Corte Interamericana. A esto se suma la Ley sobre Justicia Constitucional, que contempla sanciones para funcionarios que incurran en desobediencia, retardo u oposición en el cumplimiento de resoluciones judiciales.
INCUMPLIMIENTO PROLONGADO
A la fecha, Honduras acumula cuatro sentencias pendientes de ejecución en los casos de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan y Cayos Cochinos. En los dos primeros, los fallos superan una década sin que el Estado haya implementado las medidas de reparación dictadas, que incluyen el saneamiento y retorno de los territorios ancestrales.
Según el comunicado, este incumplimiento ha derivado en un agravamiento de la conflictividad en los territorios, marcado por ocupaciones ilegales, expansión de proyectos turísticos y extractivos, y agresiones contra personas defensoras.
De interés:
“Estamos interponiendo una acción de constitucionalidad para que la Corte Suprema haga un llamado al nuevo gobierno. Sabemos que son del mismo saco, pero una cosa que deben tener claro es que la ley debe ser imparcial, la ley debe aplicarse donde sea y por eso es por lo que hoy estamos aquí”, afirmó la lideresa garífuna y coordinadora general de la Ofraneh, Miriam Miranda.
La lideresa garífuna señaló que la falta de avances responde a la ausencia de voluntad política y a la influencia de grupos de poder –incluidos empresarios, diputados y actores vinculados al sistema judicial– con intereses en estos territorios.
La movilización también articuló el respaldo de otros pueblos indígenas. Santiago Ohajaca, del pueblo maya chortí, expresó su solidaridad con la lucha garífuna y denunció violaciones persistentes a los derechos de su comunidad, incluido el incumplimiento del gran acuerdo nacional del 12 de mayo de 1997 para la entrega de más de 14 mil hectáreas de tierra al pueblo maya chortí.
La Ofraneh anunció en el comunicado que presentará mañana jueves 16 de abril acciones penales ante el Ministerio Público contra funcionarios actuales y de administraciones anteriores por incumplimiento de estas sentencias, al considerar que han incurrido en responsabilidades por omisión durante más de una década.
En ese contexto, Miranda, mencionó a los expresidentes Xiomara Castro y Juan Orlando Hernández, así como a sus respectivos procuradores, como parte de los funcionarios que, según señaló, han omitido dar cumplimiento a los fallos internacionales.
No te pierdas el video reportaje:
