La negativa del Poder Ejecutivo a revelar el origen, manejo y rendición de cuentas de recursos transferidos a congresistas del Partido Liberal reavivó cuestionamientos sobre prácticas discrecionales y posibles esquemas de opacidad y corrupción en el uso de fondos públicos
Tegucigalpa, Honduras. –Casa Presidencial se negó a entregar información sobre los fondos transferidos a diputados –propietarios y suplentes— del Partido Liberal enciende las alertas sobre la opacidad en el manejo de recursos públicos y el posible resurgimiento de prácticas que en el pasado derivaron en escándalos de corrupción.
En abril de 2026, la diputada liberal Iroska Elvir denunció que recibió un depósito de 100 mil lempiras provenientes del Poder Ejecutivo sin haberlo solicitado, una transferencia que posteriormente fue confirmada por el jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, quien admitió haber gestionado “ayudas” para los congresistas rojiblancos.
La congresista señaló que al revisar la transacción bancaria observó que el dinero provenía de Casa Presidencial, lo que despertó dudas sobre el objetivo de los recursos. “Es la pregunta que todos debemos hacernos. ¿Por qué de Casa de Gobierno? ¿Por qué me quieren comprometer?”, cuestionó.
Según relató, inicialmente pretendía devolver el dinero de forma discreta, pero decidió hacer pública la situación tras ser señalada por su compañero de bancada, Mario Segura, de recibir prebendas del Gobierno.
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Posteriormente, Cálix confirmó que solicitó a Casa Presidencial ayudas económicas de entre 50 mil a 100 mil lempiras para los 41 diputados propietarios de la bancada liberal y sus respectivos suplentes.
Ante los cuestionamientos y la falta de información, Criterio.hn solicitó formalmente a Casa Presidencial información detallada sobre el origen de los fondos, la línea presupuestaria utilizada, los nombres de los beneficiarios y los mecanismos de rendición de cuentas aplicados para la liquidación de dichos recursos.
Sin embargo, tras vencerse el plazo de diez días establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Poder Ejecutivo solicitó una prórroga adicional de otros diez días.
El 21 de mayo, un mes después de la solicitud de información, fecha en la que expiraba la ampliación del plazo, Casa Presidencial continuó sin responder la solicitud, incumpliendo nuevamente la normativa de acceso a la información pública y manteniendo en reserva los detalles sobre el manejo y liquidación de esos recursos.
Durante la gestión de Luis Redondo al frente del Congreso Nacional (2022-2026), este medio digital solicitó en reiteradas ocasiones los listados con los nombres de las y los diputados que solicitaban subvenciones, el destino de los fondos y los informes de rendición de cuenta, pero no se obtuvo respuesta.
Hoy, con un nuevo gobierno y una nueva forma de entregar recursos públicos a los legisladores, la negativa a brindar información, como lo manda la Ley de Transparencia, se repite.
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LA OPACIDAD SOBREPASA CUALQUIER ADMINISTRACIÓN
Para el abogado penalista y especialista en temas anticorrupción, Luis Urbina, la falta de transparencia en torno a la entrega de fondos a diputados y diputadas, refleja una práctica histórica de discrecionalidad y ausencia de controles tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo.
Durante una entrevista brindada a Criterio.hn el jurista explicó que durante los últimos 15 años se ha consolidado un sistema que dificulta investigar el manejo de recursos asignados a diputados, utilizando incluso mecanismos institucionales para blindar a los funcionarios.
Urbina recordó que, durante el segundo periodo de Mauricio Oliva Herrera como presidente del Congreso Nacional, se aprobó el decreto 116-2019, conocida como Fondo Departamental –derogada en agosto de 2023—, normativa que otorgaba al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) facultades para revisar y emitir finiquitos sobre el uso de fondos públicos asignados a congresistas.
Según el jurista, esa figura fue utilizada para impedir procesos penales, civiles y administrativos contra diputados investigados por corrupción, especialmente en momentos en que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) publicó investigaciones relacionadas con fondos departamentales.
Añadió que posteriormente, durante la actual administración legislativa encabezada por Luis Redondo, esas prácticas continuaron mediante reglamentos internos que mantenían la participación del TSC en los procesos de liquidación de las llamadas subvenciones.
Por su parte, extitular de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLC), Edmundo Orellana Mercado, lamentó que la cultura de la opacidad continue enquistada en los políticos y los gobernantes de turno.
Orellana sostuvo que esta práctica de negar información e incumplir con la Ley de Transparencia debe ser denunciada ante el Ministerio Público para sentar un precedente.
Respecto a la negativa de Casa Presidencial de brindar información solicitada por este medio digital, el exfuncionario indicó que el silencio institucional envía un mensaje de impunidad y opacidad.
Orellana insistió en que corresponde a la ciudadanía y a los medios de comunicación interponer denuncias formales para obligar a las instituciones a investigar posibles irregularidades.
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DIPUTADOS NO DEBERÍAN MANEJAR FONDOS NI SER GESTORES DE PROYECTOS
Por otro lado, ambos entrevistados coincidieron en que las y los congresistas no deben manejar recursos públicos y deberían limitarse a su función de crear, interpretar, reformar y derogar leyes, tal y como lo manda el artículo 205 de la Constitución de la República.
Edmundo Orellana, exfiscal general, consideró que este tipo de fondos colocan a las y los diputados en una posición privilegiada frente al electorado, debido a que pueden utilizar recursos públicos para fortalecer su imagen política.
Enfatizó que lo ideal sería que los diputados no manejaran recursos públicos de manera directa ni indirecta, aunque reconoció que si esos mecanismos continúan deben existir reglamentos especiales y estrictos controles de rendición de cuentas.
Por su parte, el jurista Luis Urbina considera que el problema radica en que los diputados han asumido funciones que no corresponden a su mandato constitucional establecido en la Constitución.
Urbina cuestionó además que las autoridades minimicen la gravedad de estas entregas argumentando que se trata de montos relativamente bajos destinados a ayudas sociales.
“Vemos que el problema no es si son 100 mil lempiras. Si lo multiplicamos por la cantidad de diputados, más los suplentes y las veces que se les brindan este tipo de acciones, estamos hablando de casos millonarios”, señaló el entrevistado.
