Hasta abril pasado los diputados habían gastado 717,957,315.67 lempiras en subvenciones y ayudas sociales. Hasta el momento se desconoce el listado completo de congresistas que han solicitado estos fondos y el desglose de los mismos.
La filtración de un audio sacudió al partido Libre, que en su actual gobierno ha abierto dos puertas para el clientelismo político: una a través de subvenciones tramitadas en el Congreso Nacional y otra mediante el llamado Fondo de Administración Solidaria que los diputados canalizan en cinco instituciones del Poder Ejecutivo.
Frente a las críticas por opacidad, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha evitado explicar la falta de rendición de cuentas, publicando en su lugar un listado de diputados del Partido Liberal, que solicitaron recursos del Fondo de Administración Solidaria Solidario.
Tegucigalpa, Honduras. -Desde 2022 hasta abril de 2025, el Congreso Nacional ha ejecutado más de 717.9 millones de lempiras en subvenciones y ayudas sociales. Esta millonaria suma, manejada directamente por congresistas, ha sido desembolsada sin controles efectivos de rendición de cuentas o mecanismos de fiscalización.
Pese a las exigencias de transparencia de este medio digital, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha evadido la publicación de los informes sobre el destino y ejecución de estos fondos. Criterio.hn ha solicitado –en tres ocasiones— el listado de diputados y los informes de ejecución de los fondos, pero dicha información no ha sido proporcionada. A la fecha, el Congreso Nacional se ha limitado a publicar en su portal de transparencia las cifras globales de lo ejecutado, omitiendo el consolidado total y la distribución detallada por diputada o diputado.
El actual gobierno liderado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), además de otorgar fondos a diputados, como lo hacía en el pasado el Partido Nacional, creó, a partir de 2023, el Fondo de Administración Solidaria que se canaliza en cinco instituciones del Estado. De momento, ninguno de los dos mecanismos ha rendido cuentas.
REDONDO SE DEFIENDE CON ATAQUES Y PUBLICA LISTADO DE DIPUTADOS LIBERALES
El 23 de junio se filtró un video mediante el cual la diputada de Libre por el departamento de Copán, Isis Cuéllar y el entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, dejan al descubierto cómo el Fondo de Administración Solidaria ha sido utilizado para fines proselitistas.
A partir de esa fecha, el partido Libre ha sido cuestionado por replicar las prácticas del pasado al fomentar el clientelismo político y abrir las puertas de la corrupción. Frente a esas críticas el presidente del Poder Legislativo Luis Redondo, en lugar de rendir cuentas sobre el manejo de los fondos destinados a subvenciones y entregados a los diputados,publicó este jueves un listado de diputados, propietarios y suplentes, del Partido Liberal que al igual que sus compañeros de bancada del partido Libre, han solicitado recursos del Fondo Solidario y subvenciones del Congreso Nacional.
En el listado publicado, en las redes sociales, por Redondo aparecen 28 legisladores del partido Liberal, pertenecientes a la corriente de Salvador Nasralla, quienes supuestamente tramitaron fondos correspondientes a las subvenciones otorgados por el Congreso Nacional.
Redondo enfiló su publicación hacia el congresista y exprecandidato presidencial, Jorge Cálix, quien supuestamente habría solicitado más de 6.5 millones de lempiras que presuntamente liquidó, pero aún no ha subsanado.La discusión en torno al uso de los fondos manejados y gestionados por diputados ha derivado en una guerra política entre figuras del oficialismo y la oposición. El diputado Jorge Cálix retó públicamente a Redondo a demostrar con cheques que él ha recibido subvenciones.
Estas acusaciones, sin sustento documental, podrían interpretarse como una maniobra para desviar la atención pública de la opacidad que rodea la gestión de Redondo y su directiva, más que un acto de fiscalización genuina.
Las acusaciones cruzadas no eliminan una verdad de fondo: tanto oficialistas como opositores han gestionado y manejado fondos públicos al margen del mandato constitucional que limita la función de los diputados a legislar.
Al respecto el director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Javier Acevedo, el Congreso Nacional y el presidente de ese poder del Estado Luis Redondo, está en la obligación de difundir la información completa sobre el uso de recurso, se llamen subvenciones o Fondo de Administración Solidaria.
En pláticas con este medio digital, Acevedo declaró que la población tiene derecho a conocer el contenido de los informes de rendición de cuentas para saber cómo y en qué se ejecutan estos fondos, que al final son dinero público.
Indicó la importancia de que los procesos de investigación sean amplios, por ende, resulta necesario que el Ministerio Público intervenga todas las instituciones que se han visto involucradas con la gestión de ayudas y fondos por parte de diputados.
El Fondo de Administración Solidaria, está contemplado en el decreto de ley de aprobación del presupuesto, a partir de 2023, con una asignación anual de 950 millones de lempiras para ayudas sociales y obras de infraestructura menor.
La disposición, arriba indicada–que contraviene el artículo 205 de la Constitución, donde se establecen las funciones y atribuciones de los diputados–faculta a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), el Instituto de Crédito Educativo (Educrédito), el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (Fosode) y la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) para la gestión de ayudas sociales, la ejecución de obras de infraestructura menor y becas en todos los niveles educativos, a petición de patronatos, juntas de aguas y otras plataformas comunitarias, sin mencionar la participación de los congresistas.
En su momento, Redondo anunció con bombos y platillos que se implementaría un sistema digital para transparentar el uso de los fondos otorgados a los diputados a través del Congreso. Ese sistema nunca vio la luz. Hasta ahora, no existe un portal público que permita verificar el destino de cada subvención, las cantidades ejecutadas ni los beneficiarios reales de los proyectos financiados por diputadas y diputados.
La falta de voluntad institucional para publicar informes completos de ejecución y liquidación deja en evidencia un patrón de opacidad. Al mismo tiempo, la narrativa oficialista continúa girando en torno a señalamientos políticos, que, si bien podrían tener fundamento, no pueden sustituir la obligación de rendir cuentas y mucho menos ponerse a las órdenes de la justicia para ser investigados.
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¿ES EL CONGRESO NACIONAL EL EPICENTRO DE REDES CLIENTELARES?
El analista y sociólogo, Engels López, recordó que las y los diputados no están facultados para gestionar fondos o ayudas sociales, y es una contradicción a las atribuciones que les otorga la ley.
En una entrevista brindada a Criterio.hn el sociólogo explicó que esta práctica responde a una ausencia de planificación estatal y abre la puerta al clientelismo político y a la corrupción estructural.
En ese sentido, señaló que por décadas el Congreso Nacional ha sido el epicentro de las redes clientelares y “es la gran fuente de financiamiento político”. Estas redes permiten a los legisladores mantener control territorial y político, en lugar que las instituciones públicas respondan a las verdaderas necesidades de la población.
Las subvenciones, señala Engel, no responden a políticas públicas claras sino a intereses particulares, muchas veces vinculados a campañas políticas o favores personales.
Lamentó que el Congreso Nacional carezca de mecanismos internos de auditoría, y que los entes fiscalizadores no sean eficaces para investigar este poder del Estado, una situación que, a su juicio, perpetúa la impunidad.
Según el análisis de López, la corrupción estructural se ha normalizado, y el Congreso se ha blindado con leyes que impiden la fiscalización real de su quehacer, incluyendo la ejecución presupuestaria y de subvenciones.
“¿Por qué sacaron a la MACCIH? ¿Por qué no dejan que venga la CICIH? Porque el epicentro de la corrupción es el Congreso Nacional. Ahí nacen las redes, ahí se manipulan las leyes”, cuestionó.
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Con base a información obtenida por Criterio.hn, a traves de solicitudes a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se constató que 80 diputados gestionaron alrededor de 234.9 millones de lempiras en ayudas sociales, infraestructura menor y becas de estudio. De los 80 legisladores, 75 pertenecen al partido Libre, tres al Partido Liberal, uno a la Democracia Cristiana y otro al Partido Salvador de Honduras (PSH).
CONGRESO EROGA MÁS DE 717 MILLONES DE LEMPIRAS EN SUBVENCIONES
Los informes de gastos del Poder Legislativo, publicados en el portal de transparencia, omiten la distribución individual de fondos por diputada o diputado, así como los fines de cada subvención. Hasta ahora, el Legislativo ha hecho pública únicamente la ejecución total, sin detallar los beneficiarios ni la aplicación real de los recursos.
Desde junio de 2022 hasta abril de 2025, el Congreso Nacional ha ejecutado 717,957,315.67 lempiras en subvenciones y ayudas sociales solicitadas por las y los diputados, según un recuento de Criterio.hn al darle seguimiento a las publicaciones cada mes.
De acuerdo a datos publicados en el Portal de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en lo que va del 2025 se han ejecutado 107,517,768.89 lempiras, siendo marzo el mes con la cifra más alta en gasto por subvenciones o ayudas sociales con L35,766,349.16.
Mientras que en 2024 el Congreso Nacional erogó L364,841,861.95, siendo noviembre (L69,385,116.44), septiembre (L49,615,120.12) y diciembre (L41,900,228.21) los meses con mayor ejecución.
En 2023 ese poder del Estado ejecutó 219,834,570.91 lempiras y en 2022 fueron 25,763,113.92, en cinco meses.
