Aunque el Instituto Nacional de Migración (INM) asegura que sólo se recibirán 10 personas al mes, durante dos años, el convenio permite a Honduras aceptar de Estados Unidos más personas con solicitudes de refugio, generando dudas sobre su verdadero alcance y capacidad de respuesta
Especialistas en migración advierten que el acuerdo podría vulnerar derechos humanos y convertir a Honduras en un “tercer país seguro”, sin recursos ni estructura adecuada; mientras el gobierno hondureño apuesta políticamente por la renovación del TPS
Tegucigalpa, Honduras. – Honduras recibirá a personas hispanohablantes enviadas por Estados Unidos que buscan protección en la nación del norte, según lo establece el Acuerdo Ejecutivo No. 13-DGAJTC-2025, suscrito entre ambos países.
El reciente convenio, firmado en el marco de la visita de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, ha generado más dudas e incertidumbre que certezas, en la sociedad hondureña, debido a la falta de claridad sobre los términos negociados, especialmente sobre su alcance y las implicaciones reales para Honduras. Uno de los puntos que ha generado dudas es sobre el número de personas que Honduras está dispuesto a recibir anualmente.
La Frase
“Vamos a aceptar 10 personas por mes, eso sería el máximo que nosotros aceptaríamos (…) Si usted multiplica 10×12 son 120 personas al año”: Wilson Paz, director del Instituto Nacional de Migración, 27 de junio 2025.
El director del Instituto Nacional de Migración (INM) de Honduras, Wilson Paz, afirmó que Honduras recibirá hasta 10 personas extranjeras por mes durante dos años.
Pese a que ya han pasado ocho días desde que se firmó el acuerdo, Las autoridades aún no han dado más detalles sobre su implementación, una situación que genera preocupación. El Mirón [la sección de verificación de Criterio.hn] analiza, en esta oportunidad, el alcance del referido acuerdo.
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¿SÓLO SON 10 PERSONAS EXTRANJERAS POR MES?
El Acuerdo Ejecutivo No. 13-DGAJTC-2025, en su plan conjunto de implementación, sección 2 inciso e, establece que las negociaciones entre Honduras y Estados Unidos buscan limitar inicialmente la transferencia de personas nacionales de países hispanohablantes de Latinoamérica.
Sin embargo, aunque hay un número y nacionalidades establecidas, el texto otorga a Honduras la facultad de aceptar otras nacionalidades o superar el límite numérico a discreción del Estado hondureño.
El Mirón se contactó con Wilson Paz para ampliar sobre el acuerdo suscrito entre ambos países, aunque no se concretó la entrevista, en un intercambio de mensajes de texto, el funcionario dijo escuetamente a este medio de comunicación: “no tenemos claridad en la aplicación aún. Son cosas que iremos definiendo con Estados Unidos”.
Además, expresó que no era el momento para “una buena entrevista” porque no se había definido la forma en cómo se va a operar.
El Mirón, le consultó al titular del INM respecto a los fondos, si estos serán nacionales o provenientes de Estados Unidos, pero se limitó a responder que “esas son cosas que estamos definiendo”.
Para Karla Rivas, conocedora del tema migratorio en el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) estos “espacios abiertos” y la ausencia de límites máximos claros generan incertidumbre sobre el verdadero alcance del convenio y la capacidad real de Honduras para responder. “No hay una estructura organizada ni un presupuesto definido. Si el propio titular de migración desconoce cómo se va a implementar, la preocupación es aún mayor”, advierte Rivas.
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ACUERDO MIGRATORIO ENTRE HONDURAS Y EE. UU.: PARA LOS DD. HH.
Wilson Paz ha destacado en medios de comunicación que el trabajo del INM y del gobierno hondureño busca proteger los derechos de las personas migrantes y que la cooperación con Estados Unidos es parte de una estrategia más amplia para gestionar la movilidad humana.
Por su parte, Edgardo Molina, analista en temas migratorios, advierte que el convenio podría vulnerar principios internacionales fundamentales, como el de no devolución, y convertir a Honduras en un “puente” para migrantes rechazados por EE. UU., sin que existan garantías reales de protección.
El principio de no devolución, piedra angular del derecho internacional de los refugiados, prohíbe a los estados expulsar o devolver a una persona a un país donde su vida o libertad estén en peligro.
Honduras, como firmante de tratados internacionales, está obligado a cumplir este principio. Sin embargo, Molina señala que el acuerdo con EE. UU. podría poner en riesgo este compromiso, ya que el país carece de la capacidad institucional y de recursos para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas migrantes retornadas.
“No deberíamos estar devolviendo a las personas a sus países de origen sin antes tener la confiabilidad de que no van a una situación que comprometa su vida o seguridad”, enfatiza Molina.
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HONDURAS: ¿MONEDA DE CAMBIO POR EL TPS?
Para Molina, el trasfondo político del acuerdo es innegable. El gobierno hondureño busca mostrar disposición y cooperación ante la administración estadounidense, con la esperanza de obtener la renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 70,000 hondureños que residen en EE. UU.
En junio de 2023 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), de Estados Unidos (EEUU) amplió el TPS para aproximadamente 76,000 beneficiarios del TPS.
El plazo para la renovación del TPS vence este 5 de julio, sin embargo, a partir de dicha fecha queda un periodo de seis meses para que el gobierno de Estados Unidos adopte una decisión final, según han explicado conocedores del tema migratorio en Estados Unidos. Es decir, que la agonía del 5 de julio no es como se plantea por algunos sectores. Tampoco es cierto que a partir de esa fecha los hondureños amparados en el TPS serán deportados, pues habrá que esperar hasta que venza el plazo de los seis meses.
“El efecto que quieren conseguir con este acuerdo es precisamente el TPS. Pero no es viable para Honduras recibir a esta población de diferentes países, porque no existen las capacidades para hacerlo”, advirtió Molina.
Otro tema al que hay que ponerle atención, según Edgardo Molina, es a la situación en los centros de paso de hondureños.
También explicó que la mayoría de las personas migrantes, especialmente venezolanos, llevan meses esperando vuelos humanitarios para regresar a sus países. Familias enteras, incluidos niños y niñas, permanecen en condiciones precarias, sin acceso a educación ni empleo, lo que agrava su vulnerabilidad y representa una carga adicional para el Estado de Honduras.
“Este acuerdo va a precarizar aún más la situación. Estados Unidos tiene el compromiso de traerlos hasta acá, pero de aquí para el rumbo que ellos van a tomar, ahí está la complicación”, arguye a Molina.
A pesar de que el acuerdo ya está en vigor, las autoridades hondureñas aún no tienen claridad sobre su implementación, por lo que subraya que la medida responde más a una jugada política que a una estrategia humanitaria o de protección de derechos.
“Es una jugada que tiene múltiples aristas. Si llegaran a aprobar el TPS sólo para Honduras, sería el mayor acierto político del partido oficialista. Pero la verdad es que este acuerdo es todo desfavorable para el país”, reafirma.
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UN ESTADO SIN EXPERIENCIA NI RECURSOS
Honduras, históricamente, ha tenido una experiencia limitada en la atención de personas que requieren protección internacional. Entre el 01 de enero y el 31 de mayo de 2025 el Instituto Nacional de Migración registró 309 solicitudes de refugio de personas extranjeras. En contraste con los más de 338 mil hondureños que han presentado solicitudes de refugio y asilo fuera de las fronteras hasta 2024, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Lo anteriormente expuesto evidencia que Honduras no es un país que está dentro del radar de las personas que buscan protección.
Esta desproporción evidencia la falta de capacidades instaladas para atender siquiera a 10 personas mensuales, y mucho menos a un número mayor si el acuerdo así lo permite, sostiene Karla Rivas.
Rivas advierte que, aunque el acuerdo no se denomina formalmente “tercer país seguro”, en la práctica Honduras asume responsabilidades que Estados Unidos busca delegar, sin comprometer recursos financieros ni fortalecer las capacidades institucionales hondureñas. La experiencia de otros países de la región, como Panamá, demuestra que la falta de preparación y recursos puede dejar a los solicitantes de protección en condiciones de extrema vulnerabilidad.
El proceso de solicitud de refugio en Honduras puede tardar entre 3 y 12 meses, tiempo durante el cual el estado debe garantizar alimentación, alojamiento, educación y atención médica a los solicitantes. Sin recursos ni estructura, la sociedad civil teme que el país pueda cumplir con sus obligaciones internacionales y que los derechos de las personas en busca de protección queden desprotegidos.
“No estamos hablando de migrantes económicos, sino de personas cuya vida está en riesgo. Sin capacidades instaladas ni recursos, el acuerdo representa una presión adicional para un Estado ya sobrepasado”, concluye Rivas.
A nivel mundial hay 123.2 millones de personas desplazadas forzosamente, según la Acnur que, además, establece que, a finales de 2024, el mundo enfrentaba una crisis humanitaria sin precedentes, con 118.8 millones de personas desplazadas forzadamente. De ellas, 31 millones eran refugiadas que habían cruzado fronteras en busca de seguridad, mientras que 73.5 millones permanecían desplazadas dentro de sus propios países.
Además, 8.4 millones de personas estaban en proceso de solicitar asilo, y 5.9 millones requerían protección internacional urgente debido a situaciones de vulnerabilidad extrema. El Mirón concluye que la afirmación del director del INM, Wilson Paz, en cuanto a que sólo se aceptarán 10 personas por mes, es correcta por ser la cifra inicial establecida en el acuerdo con Estados Unidos, pero ENGAÑOSA porque el documento también contempla la posibilidad de que Honduras pueda aceptar más personas o de otras nacionalidades según su propia decisión.
Para los analistas, el Acuerdo Ejecutivo No. 13-DGAJTC-2025 coloca a Honduras en una posición delicada porque asume compromisos internacionales de protección sin contar con los recursos necesarios, mientras apuesta políticamente por la renovación del TPS.
