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Conoce los montos y los 80 diputados que gestionaron ayudas a través de Sedesol (2024-2025)

Solicitudes de información a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) revelan que 80 diputados del Congreso Nacional, en su mayoría de Libre, gestionaron en 14 meses al menos 234.9 millones de lempiras en becas, seguridad alimentaria y obras de infraestructura menor, siendo esto una fuente de corrupción y de clientelismo político para mantenerse en el poder.

Pese a que en la normativa sólo se autoriza a Sedesol, SIT, FHIS, Condepor, Fosode y Gobernación para la gestión de ayudas, Criterio.hn descubrió que las y los diputados también “gestionan” las entregas del bono tecnológico y herramientas para ganaderos a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), y la entrega de lámparas de energía por medio de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 

Tegucigalpa, Honduras. –En Honduras, la labor legislativa parece haber cambiado de rumbo. Las y los diputados han pasado de crear, interpretar, reformar y derogar leyes, a gestionar ayudas económicas y solicitar subvenciones millonarias para sus comunidades, sin mecanismos claros de rendición de cuentas. 

Criterio.hn identificó que entre enero de 2024 y febrero de 2025, al menos 80 diputados, entre propietarios y suplentes, en su mayoría del Partido Libertad y Refundación (Libre), gestionaron al menos 234.9 millones de lempiras en becas, seguridad alimentaria y obras de infraestructura menor, a través de  la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), bajo el controversial Fondo de Administración Solidaria, un mecanismo similar al derogado Fondo Departamental.

De acuerdo a datos recabados por este medio digital, Rasel Tomé, Hugo Noé Pino, Dario Morán, José Obed López e Isis Carolina Cuellar, son los diputados que más más “gestiones” han realizado, aglutinando entre los cinco L65,472,581.35 para becas y ayudas sociales a comunidades. 

El escándalo por el uso de dinero para proselitismo político del oficialismo, a través de recursos destinados al Fondo de Administración Solidaria de la Sedesol, salpicó esta semana a los diputados y al titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona.

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El Secretario de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, aseguró tener el respaldo documental de los recursos ejecutados a través de la institución que rectora. (Foto: Jorge Burgos-Criterio.hn)

Video filtrado destapa uso de fondos públicos para proselitismo

Todo comenzó el lunes 23 de junio con la filtración de un video difundido en redes sociales, en el que se observa a la diputada del departamento de Copán por el partido Libre, Isis Carolina Cuéllar, hablando por teléfono con el ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, sobre el uso de fondos del programa Bono Solidario para comprar equipos de sonido, carpas y sillas para las estructuras del partido de gobierno en su departamento, lo que ha sido interpretado como un abuso e incluso presunta corrupción al utilizar recursos públicos con fines electorales.

 Cuéllar confiesa, según el video, haber entregado kits para sublimaciones publicitarias, sillas, carpas y equipos de sonido por un valor de 125 mil lempiras cada uno a 15 de 23 estructuras del partido Libre en el departamento de Copán. 

 Además de las ayudas en especie, detalló que se había acordado emitir cheques por 100 mil lempiras cada uno, para entregarlos a la gente de confianza de su partido. Ante esta confesión, Cardona admitió que ese había sido el trato. 

“Y te acordás que yo te dije: voy a hacer cheques de 100,000 lempiras, que lo va a cambiar gente de mi confianza y los entregamos al Partido [Libre]”, fue lo manifestado por la diputada Cuellar. 

Las ayudas tramitadas por la Sedesol, están contempladas en el artículo 349 de la aprobación del presupuesto de 2025, que autoriza la asignación presupuestaria de hasta 950 millones de lempiras “para el desarrollo de infraestructura menor y obras sociales a petición y en beneficio de las comunidades, patronatos, asociaciones, alcaldías, juntas de agua, cajas rurales, entre otros”.

En dicha disposición se incluyen, además, a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), el Instituto de Crédito Educativo (Educrédito), el Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (Fosode) y la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor). 

Criterio.hn pidió a Sedesol, FHIS y la SIT, la información pertinente de acuerdo al alcance de cada institución, correspondiente a la ejecución de 2022 a la fecha. Para el caso a la Sedesol, se le pidió el nombre de los diputados y los montos solicitados para gestionar la entrega de becas, ayudas sociales y obras menores.

En su respuesta, Sedesol se limitó a dar información de la ejecución de 2024 y de los dos primeros meses de 2025, colocando el nombre de 80 diputados, entre propietarios y suplentes, en su mayoría del oficialista partido Libre. Sin embargo, aparecen también los diputados Carlos Raudales, de la Democracia Cristiana y los liberales, Mario Segura y José Rosario Tejeda [presidente alterno del Congreso] y la diputada suplente Lourdes Maribel Mejía del Partido Salvador de Honduras (PSH) [presidenta alterna del Congreso].

Los diputados de Libre, han sido los que más han sacado provecho de estos fondos. Por ejemplo: entre 2024 y los dos primeros meses de 2025 (enero y febrero), el congresista e integrante de la Junta Directiva del Congreso Nacional, Rasel Tomé, gestionó 18 millones de lempiras por concepto de becas estudiantiles, mientras su también compañero de bancada, Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional y candidato a diputado más votado en Francisco Morazán por Libre, durante las elecciones primarias del pasado 9 de marzo, solicitó a la Sedesol 12,980,000 lempiras para 2,596 becas estudiantiles

Mientras que Isis Carolina Cuéllar, vicepresidenta del Congreso Nacional, quien ha estado en el ojo público en los últimos días por la filtración del video, gestionó entre 2024 y 2025, ante la Sedesol más 10,3 millones de lempiras para becas, seguridad alimentaria y obras sociales para sus correligionarios en el departamento de Copán.

Pese a que en la normativa sólo se autoriza a Sedesol, SIT, FHIS, Condepor, Fosode y Gobernación para la gestión de ayudas, Criterio.hn descubrió que las y los diputados también “gestionan” las entregas del bono tecnológico y herramientas para ganaderos a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), y la entrega de lámparas de energía por medio de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 

A las instituciones antes señaladas se sumarían la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), según lo declarado por el ministro de Finanzas, Cristhian Duarte, quien aseveró, el miércoles, ante medios de comunicación, que a través de estas dos instituciones se han gestionado ayudas, con  lo que se estaría admitiendo que la disposición contemplada en el presupuesto está siendo trastocada al incluir a cualquier entidad pública, sin ningún control.

Criterio.hn consultó a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) el número de congresistas que han solicitado o gestionado obras de infraestructura para comunidades, sin embargo, la respuesta fue que “a la fecha no se han recibido solicitudes por parte de diputados por concepto de subvenciones o ayudas sociales”. 

De igual manera se le consultó al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), pero esta dejó vencer el plazo de la solicitud de información. En ese sentido, Criterio.hn buscó en redes sociales de los diferentes diputados y diputadas para corroborar si, en efecto, se ha gestionado la construcción de obras menores. 

Este medio digital encontró que los diputados Rasel Tomé, Oved López y José Manuel Rodríguez, acompañaron la inauguración de un puente peatonal ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). |

En una publicación en la cuenta de X –antes Twitter– de la bancada del Partido Libre se encontró varias publicaciones sobre estas solicitudes realizadas por congresistas ante el FHIS. Un ejemplo es la realizada en noviembre de 2024, en el que se detalla la construcción del Instituto Juventud Occidental en el municipio de Florida, Copán, la cual fue gestionada por la diputada Isis Carolina Cuéllar. 

Esta no es la única obra que ha sido gestionada por Cuéllar. El 24 de junio de 2025, la diputada fue fotografiada en la comunidad El Tigre, en Copán donde se construye una caja puente, valorada en 3 millones de lempiras. 

De interés: Entre 2022 y 2024 el Congreso Nacional ha entregado más de 631 millones de lempiras en subvenciones

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El ministro de Sedesol detalló a Criterio.hn  que desde la aprobación de la línea presupuestaría se han otorgado más de 26 mil becas. 

Defensa de Cardona y rol de diputados

Tras la exigencia de transparencia por parte de la presidenta Xiomara Castro, el titular de Sedesol, José Carlos Cardona, convocó a una conferencia de prensa en la que explicó que el Fondo de Administración Solidaria es parte del presupuesto general, y se ejecuta mediante solicitudes de organizaciones comunitarias, que son revisadas por un comité técnico de Sedesol y validadas por la Secretaría de Finanzas. 

Dentro de las disposiciones del Presupuesto General no se especifican los parámetros para ejecutar los fondos o dichos recursos, sólo se determina las instituciones del Estado autorizadas para este propósito y el tipo de obras. Ante la falta de criterios se presume, con base a lo declarado por los mismos diputados y los ministros, José Carlos Cardona de la Sedesol y Christian Duarte de Finanzas, quienes aseguran que los congresistas sólo “gestionan” o acompañan las solicitudes de ayudas.  

En declaraciones a medios, el miércoles, Christian Duarte, aseveró que, durante esta administración, los diputados no manejan los fondos o se emiten cheques a sus nombres.

 “Antes se le daba el dinero o los cheques directamente a los diputados, lo que ha hecho este gobierno es establecer un programa para que los diputados ejecuten, obras o ayudas sociales a través de la secretaría de Estado”, justificó el funcionario. 

Señaló que la Secretaría de Finanzas emitió manuales y un reglamento para el uso y ejecución de estos recursos, y en ellos “se establece que no se dan cheques, sino que se da a través de ayudas sociales como becas e infraestructura menor”; y a la vez enfatizó que no se ejecutan fondos a diputados sin que estos presenten las fichas y las liquidaciones. 

Durante la comparecencia ante medios, el titular de Sedesol detalló que en 2023 se ejecutaron más de 287 millones de lempiras para 76 diputados

Los beneficiarios deben firmar compromisos y pagarés, y si se comprueba que los fondos no se usaron para el fin solicitado, deben ser devueltos, dijo Cardona, quien a la vez refirió que se hacen supervisiones posteriores para verificar el uso correcto de los recursos, y que Sedesol guarda los documentos y liquidaciones de cada cheque para auditorías.

Para ahondar sobre el tema, Criterio.hn entrevistó a Cardona, quien explicó que las solicitudes son hechas por patronatos, juntas de aguas, iglesias, entre otros y generalmente solicitan becas, obras menores y ayudas alimentarias, pero que varias de las peticiones son gestionadas por los diputados.

 Adicionalmente, mencionó que estas solicitudes son analizadas por personal de Sedesol y una vez revisadas se procede a la aprobación.

Vea: Es falso que Luis Redondo esté facultado para entregar subvenciones a los diputados

¿Emprendedores? ¿Cabe este concepto, según el presupuesto?

Desde que se filtró el video de la llamada con la diputada Isis Cuéllar, José Carlos Cardona ha insistido, en sus múltiples comparecencias ante medios de comunicación, que parte de las ayudas han sido entregadas a “emprendedores”, cuando este concepto no se encuentra entre los fines establecidos en el presupuesto.

“Nosotros apoyamos a emprendedores y estos emprendedores, para el caso de los que son de Libre, pues apoyaron al partido. Por ejemplo, recuerdo una ayuda en particular a un señor que se le compró sonido porque lo alquilaba para las ferias y él vive de eso. Entonces, es su emprendimiento”, expresó el funcionario ante nuestra interrogante sobre por qué estos fondos se le están otorgando a personas afines al partido Libre para la compra de equipo de sonido, serigrafía y otros rubros, que posteriormente son utilizadas en eventos de ese instituto político. 

La gestión de ayudas sociales por parte de los diputados, ha sido cuestionada por organizaciones de sociedad civil y empresa privada, que ven en esta práctica una fuente para fomentar la corrupción y el clientelismo político. Esto último ha sido normalizado por Cardona al indicar que este tipo de apoyos, “como es un fondo discrecional, pues se atienden, según la demanda que se establece, a través del criterio de los diputados que deciden apoyar con su fondo a las comunidades”.

Los señalamientos y cuestionamientos por parte de medios de comunicación y sociedad civil, llegaron a tal grado que la presidenta Xiomara Castro ordenó a la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLC) a informar, en un plazo de 72 horas y en cadena nacional, sobre la asignación de recursos aprobada por el Congreso Nacional y ejecutada por Sedesol.

“El Tribunal Superior de Cuentas tiene la obligación de investigar y pronunciarse en el menor tiempo posible. Advierto con toda claridad: seré implacable con los responsables si se comprueba la existencia de actos de corrupción”, sentenció la mandataria. 

Horas más tarde el coordinador de prensa del Ministerio Público, Yuri Mora, dijo a medios de comunicación que el ente acusador iniciaría una investigación de oficio para determinar si existe delito, lo cual derivaría en la emisión de requerimientos fiscales. 

En medio de estos anuncios de investigación, la mañana del miércoles 25 de junio, Víctor Hugo Romero, diputado suplente de Isis Cuéllar, reveló en un canal de televisión, que Cuéllar gestionó ayudas para las hermanas Nora Elsa y Alba Luz Mejía, ambas jubiladas del municipio de Cucuyagua, Copán. Especificó que Alba Luz Mejía es la mamá de la asistente de la diputada Cuellar. 

 Según el congresista Romero, las ayudas gestionadas a través de Sedesol, se brindaron a favor de las hermanas Mejía para emprendedurismo y mejoras en vivienda. 

La aseveración de Romero destapa otro elemento que puede conducir a un acto de corrupción porque en lo establecido en el presupuesto no se menciona ese tipo de ayudas a particulares, pues se supone que este tipo de apoyos se hace a personas de las comunidades que realmente lo necesitan.  

Recomendada: Exigen mecanismos de control ante opacidad en el uso de fondos en el Congreso Nacional

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El uso de los recursos públicos por parte de los diputados del Congreso Nacional de Honduras, surgió a partir de 2006, con la aprobación del llamado «Fondo Departamental», durante la administración Liberal de Manuel Zelaya Rosales, siendo presidente de ese poder del Estado, Roberto Micheletti. Deste entonces todas las bancadas se han visto involucradas en actos de corrupción.

Bajo opacidad diputados manejan subvenciones 

En su misión de mantenerse en el poder, las y los diputados no sólo se benefician al “gestionar” obras menores y ayudas sociales con base a los lineamientos de la partida de 950 millones de lempiras estipulada en el presupuesto de la república, sino que también reciben millonarias subvenciones sin que rindan cuentas de los montos erogados y de los supuestos beneficiarios.

Actualmente, los diputados siguen usando los fondos públicos, pese a que el Congreso eliminó el 3 de agosto de 2023, el decreto 116-2019 que contemplaba la Ley Especial para Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos, aprobada en octubre de 2019 durante la administración del Partido Nacional.

Este tipo de beneficios dirigido a los diputados, nació en el 2006, bajo el nombre de “Fondo Departamental”, durante la administración del expresidente Manuel Zelaya Rosales, siendo Roberto Micheletti titular del Congreso Nacional.

Esta forma de entrega de dinero a las y los diputados ha derivado en casos de corrupción que fueron investigados por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC). 

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Luis Urbina, investigador del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), cuestiona que diputados del Congreso Nacional asuman funciones del Poder Ejecutivo, cuando la Constitución limita claramente sus funciones a legislar, es decir, a crear, modificar o derogar leyes. (Foto: Jorge Burgos-Criterio.hn)

Diputados no están facultados para gestionar ayudas

Interpretado de manera antojadiza el numeral 37 artículo 205 de la Constitución de la República, el presidente y los diputados del Congreso Nacional se han convertido en tramitadores de fondos y se han otorgado subvenciones para ayudas sociales a las comunidades. 

El artículo en mención dice textualmente que corresponde al Congreso Nacional, “establecer mediante una ley los casos en que proceda el otorgamiento de subsidios y subvenciones con fines de utilidad pública o como instrumento de desarrollo económico y social”. 

Luis Urbina, investigador del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), dijo a Criterio.hn que el numeral 37 del artículo 35 de la Constitución lo que establece es que los congresistas tienen la facultad establecer subvenciones, subsidios o fondos mediante la creación de una ley. 

Explicó que las disposiciones del Presupuesto General de la República detallan cuales son los parámetros para que las instituciones ejecuten ayudas y que, “en ningún momento se autoriza a que estas instituciones dependientes del Poder Ejecutivo que deban tener alguna autorización por parte del Congreso Nacional o que sean los diputados quienes gestionen las ayudas”, sostuvo el entrevistado. 

Aunque el diseño legal establece que la ejecución de ayudas sociales corresponde a las secretarías de Estado, los diputados han asumido un rol que no les compete, abriendo las puertas a posibles usos proselitistas de fondos públicos.

El caso de la diputada Isis Cuellar y el ministro José Carlos Cardona confirma que, bajo el manto de la ayuda social, se canalizan recursos hacia estructuras partidarias, contraviniendo principios de transparencia y legalidad.

A través de un artículo agregado al presupuesto general, el Congreso Nacional ha legalizado la entrega de este tipo de ayudas, creando un nuevo canal de subvenciones sin controles claros ni delimitación de responsabilidades entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, replicando los vicios del pasado.

Analistas y organismos anticorrupción coinciden en que el rol del Congreso debe limitarse a legislar, y no a gestionar fondos, porque este tipo de prácticas alimentan el clientelismo y socavan la institucionalidad democrática.

  • Amante de la naturaleza, la lectura y la vida, soy una periodista que busca orientar a las personas y contarle de manera sencilla la realidad política y económica del país. El periodismo es la puerta que tiene la sociedad para conocer a los diferentes actores y tomadores de decisiones, es por ello que desde mis escritos le relato a las y los hondureños cuáles son los acontecimientos que marcan la ruta del país. Ver todas las entradas
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