El estudio internacional destaca la militarización, la impunidad y las condiciones precarias en centros de detención, y llama a Honduras a implementar medidas urgentes para garantizar la protección y reparación de las víctimas
Tegucigalpa, Honduras. – El Índice Global de Tortura 2025 sitúa a Honduras en un nivel alto de riesgo de ser víctima de tortura, debido principalmente a las conductas policiales y militares y las precarias condiciones de detención en el país, así lo explicó Evelyn Ramírez, del del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familias (CPTRT).
Ramírez explicó que este estudio fue realizado por la Organización Mundial Contra la Tortura de las Naciones Unidas, con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil hondureña como el CPTRT, Cáritas Honduras y Cofadeh, que trabajan en la prevención de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En ese sentido, Evelyn Ramírez señaló que por primera vez se analiza de manera integral la situación de riesgo de tortura en estos países, proporcionando un panorama claro sobre la realidad hondureña.
El informe, que fue presentado en el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, destaca que la tortura es un fenómeno generalizado en el país, con prácticas recurrentes como amenazas de muerte, golpes, asfixia, tortura sexual y uso de choques eléctricos, afectando principalmente a hombres jóvenes entre 18 y 32 años.
Además, se señala la falta de un registro nacional de casos y la prevalencia de la impunidad, ya que las sentencias por tortura son excepcionales. De 529 denuncias recibidas entre 2017 y 2024, solo 10 casos han llegado a sentencia definitiva, evidenciando la debilidad del sistema de justicia hondureño
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PRÁCTICAS SISTEMÁTICAS Y FALTA DE GARANTÍAS
El hecho de que Honduras se encuentre catalogado con un alto riesgo de tortura implica que cualquier ciudadano o ciudadana puede ser víctima de tortura o tratos crueles por parte de las autoridades, especialmente en contextos de detención.
Carlos Paz, director de Cáritas de Honduras en San Pedro Sula, señaló en entrevista con Criterio.hn que las detenciones arbitrarias, la falta de información sobre las causas de detención y la ausencia de defensa legal efectiva son prácticas recurrentes en el país, agravadas por el actual estado de excepción que se mantiene vigente desde diciembre de 2022.
Paz denunció que, en la mayoría de los casos, las personas detenidas no son informadas del motivo de su arresto, no se les permite comunicarse con sus familias y no reciben asistencia legal de calidad, violando estándares internacionales de derechos humanos. Además, mencionó que es común la implantación de pruebas y la extorsión por parte de las autoridades, lo que incrementa la impunidad.
El informe también señala que los funcionarios acusados de tortura suelen permanecer en sus cargos, lo que les permite influir en las investigaciones y hostigar a las víctimas o sus familiares, obstaculizando el acceso a la justicia.
El Índice Global de Tortura advierte sobre la militarización de la seguridad pública y el sistema penitenciario en Honduras, una situación que preocupa a organismos internacionales.
“El Estado debe avanzar en la desmilitarización y en la formación de personal civil especializado en el sistema penitenciario”, recomendó Paz, quien subrayó la necesidad de cooperación internacional para lograr una verdadera rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad.
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RECOMENDACIONES URGENTES
La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) emitió una serie de recomendaciones urgentes para Honduras, con el fin de revertir la grave situación de derechos humanos que atraviesa el país.
Entre las principales medidas, la OMCT insta a revocar de inmediato el estado de excepción vigente y a reemplazarlo por una estrategia basada en la construcción de la paz y el respeto a los derechos humanos. Asimismo, destaca la necesidad de que el mantenimiento del orden público sea responsabilidad exclusiva de fuerzas policiales civiles, limitando la participación militar a casos excepcionales y siempre bajo estrictos protocolos internacionales.
En cuanto al sistema penitenciario, la organización recomienda transferir su administración al Instituto Nacional Penitenciario como un organismo civil, autónomo e independiente, con programas que promuevan la reinserción social de las personas privadas de libertad. También subraya la urgencia de combatir el hacinamiento carcelario mediante alternativas al encarcelamiento y evitar el uso excesivo de la prisión preventiva.
Para fortalecer la prevención de la tortura, se sugiere aumentar el presupuesto del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y garantizar la inclusión de representantes de la sociedad civil en este organismo.
La OMCT enfatiza la importancia de reformar la legislación para tipificar adecuadamente el delito de tortura conforme a la Convención contra la Tortura, asegurando penas proporcionales y protecciones especiales para grupos vulnerables como personas LGBTIQA+, pueblos indígenas y minorías étnicas.
Además, la organización hace un llamado a garantizar el derecho a la reparación integral para las víctimas y sus familias, que incluya indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición.
También resalta la necesidad de crear un entorno seguro para defensores de derechos humanos y periodistas, fortaleciendo el Sistema Nacional de Protección y asegurando investigaciones efectivas sobre agresiones y asesinatos contra estos actores fundamentales para la democracia y la justicia en Honduras.
