De 2020 a marzo de 2025, Honduras registró la muerte violenta de 194 personas LGBTIQ+, alcanzando una tasa de impunidad del 93%, según datos del CDSH
Tegucigalpa, Honduras. Ocho meses han transcurrido desde que las organizaciones de la diversidad sexual realizaron la presentación del Protocolo de atención diferenciada para personas LGBTIQ+ usuarias del sistema de seguridad y justicia, sin embargo, el Ministerio Público, continúa sin emitir el dictamen técnico para su implementación.
El protocolo, según lo expuesto por las organizaciones LGBTIQ+, forma parte de una de las medidas de reparación dictadas por La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso de Vicky Hernández, que al igual que las recomendaciones del Examen Periódico Universal de 2020, siguen sin ser garantizadas por el Estado hondureño.
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SOBRE EL PROTOCOLO
El 25 de octubre de 2024, las organizaciones LGBTIQ+ que forman parte del Comité de la Diversidad Sexual de Honduras (CDSH), realizaron la entrega del Protocolo de atención diferenciada para personas LGBTIQ+ usuarias del sistema de seguridad y justicia, al Ministerio Público, según detalla el informe “No Estamos Pidiendo Privilegios” elaborado para el Examen Periódico Universal (EPU) de 2025.
Según lo expuesto en el escrito, tras la entrega del protocolo, las organizaciones realizaron la presentación de dos oficios de seguimiento para conocer el dictamen técnico de la fiscalía, no obstante, aseguraron que continúan sin tener respuestas por parte de las autoridades.
Tras la presentación del informe llevada a cabo la mañana del pasado miércoles 25 de junio, la asesora legal de SOMOS CDC, Daniela Mondragón detalló a Criterio.hn, que en octubre de 2024 las organizaciones realizaron la entrega de dos insumos; la Ley de Igualdad Antidiscriminación enviada a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Protocolo de atención diferenciada para personas el LGBTIQ+ usuarios del sistema de seguridad y justicia al Ministerio Público.
Mondragón explicó, que durante ocho meses han estado a la espera del dictamen técnico de la fiscalía y remarcó que probablemente continuarán así, ya que, aunque las organizaciones poseen los recursos y capacidades técnicas dependen del dictamen de las instituciones.
Sobre el tema, la directora de la asociación SOMOS CDC, Grecia O´hara, amplió que las organizaciones reconocen que hay importantes investigaciones que se están llevando a cabo y que cuando hacen mención sobre la investigación en los casos de las personas LGBTIQ+, no exigen que sean prioridad, pero sí que brinden resultados.
O´hara señaló, que con la presentación del informe se buscaba evidenciar que las instituciones y las áreas o segmentos del Ministerio Público no poseen la capacidad suficiente a nivel de recurso humano para investigar la cantidad de casos vinculados a muertes de personas LGBTIQ+.
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¿POR QUÉ NO HAN EMITIDO EL DICTAMEN TÉCNICO?
Para dar respuesta a esta interrogante Criterio.hn intentó contactar a oficiales de comunicación, fiscales y relacionadores del Ministerio Público, sin embargo, hasta la publicación de este artículo ninguno de los funcionarios del ente investigador brindó una respuesta clara ni del estado del dictamen ni de las razones de su demora.
IMPORTANCIA DEL PROTOCOLO
Con el objetivo de conocer la relevancia de la implementación de este protocolo, Criterio.hn consultó a Dany Montecinos, coordinador de la Asociación Kukulcán, quien destacó que esta medida forma parte de las recomendaciones establecidas en la sentencia Vicky Hernández.
El activista afirmó que la importancia del protocolo radica en dotar a las autoridades investigativas de herramientas que les permitan abordar adecuadamente los casos de muertes violentas o violencia generalizada, incorporando enfoques específicos para las disidencias sexuales.
Montecinos explicó, que si un hombre gay o una mujer trans llegasen a ser asesinados, los protocolos generales de Honduras ordenan que en primera instancia se busque a los familiares biológicos, cuando las personas LGBTIQ+ construyen sus familias con compañeros sentimentales, amigos y compañeros de alquiler de viviendas, quienes serían las principales fuentes de información en el caso.
El coordinador de Kukulcán, apuntó que Honduras se encuentra en un año electoral, y que a las organizaciones les preocupa la proximidad del Examen Periódico Universal, sin embargo, reconoció que es poco probable que el protocolo sea implementado antes del EPU 2025.
“Quedan tres, cuatro meses para presentar el examen periódico y aunque me encantaría decirle que sí, yo creo que no va a ser posible que el protocolo esté en este periodo”, dijo el coordinador de Kukulcán, Dany Montecinos.
