Honduras acumula 15 años sin cumplir las recomendaciones del Examen Periódico Universal dirigidas a la protección y promoción de los derechos de las personas LGBTIQ+
Los crímenes cometidos en contra de personas LGBTIQ+ en el periodo de 2020 a 2025 alcanzaron una tasa de impunidad del 93%.
La Policía Nacional es identificada como el principal agresor de las personas LGBTIQ+.
Tegucigalpa, Honduras. Este miércoles 6 de junio, el Comité de la Diversidad Sexual de Honduras (CDHS), realizó la presentación del informe “No Estamos Pidiendo Privilegios”, un escrito elaborado para el Exámen Periódico Universal (EPU) de 2025, en el que se deja evidenciado como Honduras continúa sin implementar las recomendaciones dirigidas a garantizar la protección y promoción de los derechos de las personas LGBTIQ+.
De acuerdo con lo expuesto durante la presentación, los defensores de las disidencias sexuales aseguraron que el Estado de Honduras no ha mostrado avances significativos en el cumplimiento de las recomendaciones, por ello, instaron a que los países miembros de la ONU enfatizaran en la urgencia que el Estado adopte medidas concretas, efectivas y sostenibles para garantizar los derechos que históricamente han sido vulnerados.
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15 AÑOS EN DEUDA
Durante la presentación del informe, los defensores del Comité de la Diversidad Sexual de Honduras (CDHS) explicaron que se realizó la evaluación del cumplimiento de las 15 recomendaciones del EPU 2020 mediante encuestas, entrevistas y grupos focales con organizaciones del CDHS y la Mesa Nacional de Acceso a la Justicia para personas LGBTIQ+, concluyendo que ninguna de las recomendaciones ha sido cumplida.
En el Examen Periódico Universal de 2020 se establecieron tres pilares clave para garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+: igualdad y no discriminación, acceso a la justicia y protección. Sin embargo, lo preocupante no es solo que el Estado haya incumplido cada uno de estos puntos, sino que estas recomendaciones se vienen repitiendo desde 2010, lo que evidencia una deuda de más de 15 años.
Daniela Mondragón, asesora legal de Somos CDC, lamentó que en los últimos cinco años el Estado hondureño no haya mostrado avances en el cumplimiento de las recomendaciones del anterior EPU, a pesar que las organizaciones entregaron insumos a las instituciones correspondientes, los cuales, afirmó, no fueron tomados en cuenta.
Mondragón aseguró que no han recibido una respuesta concreta por parte de las instituciones. Señaló que, desde octubre de 2024, esperan el dictamen de la Ley de Igualdad y Antidiscriminación por parte de SEDESOL, así como el dictamen del Protocolo de atención diferenciada para personas LGBTIQ+ en el sistema de seguridad y justicia, a cargo del Ministerio Público, pero hasta la fecha no han recibido información al respecto.
La abogada explicó que se acerca el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal y advirtió que, durante estos procesos, los gobiernos de turno suelen justificar el incumplimiento de las recomendaciones argumentando que fueron dirigidas a administraciones anteriores, lo que, según afirmó, utilizan como excusa.
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ESFUERZOS LEVES POR PARTE DEL ESTADO
Para Francisco Mencía, asesor legal de la Asociación Colectivo Violeta, las acciones que el Estado manifiesta haber realizado son leves y poco concretas, por ejemplo, señaló que para la reducción de la violencia en contra de las personas LGBTIQ+ se necesita de avances estructurales que tengan que ver con el acceso a la justicia, uno de los puntos recomendados en el EPU.
Mencía aseguró que a pesar que las organizaciones están dispuestas a contribuir y coadyuvar esfuerzos con las instituciones para presentar propuestas concretas que permitan el cumplimiento de las recomendaciones no existe voluntad por parte del Estado.
El jurista apuntó que es bien sabido que 2025 es un año político y que se está a las puertas de las elecciones generales, por lo que afirmó, que las organizaciones y poblaciones no pretenden ser utilizados como herramienta de captación de votos.
El profesional del derecho manifestó que para las disidencias sexuales es crucial que el estado ejecute acciones concretas que den cumplimiento a los derechos civiles, políticos, económicos sociales y culturales que históricamente han sido negados.
¿CUÁL ES LA RUTA PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTIQ+?
Para la activista y directora de la asociación Somos CDC, Grecia O´hara, la ruta para el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+ es principalmente la gestión de espacios de socialización en los que tenga participación la institucionalidad y los tomadores y tomadoras de decisiones.
O´hara señaló, que otra de las rutas es la presentación de las propuestas y anteproyectos que han sido construidos por las organizaciones LGBTIQ+ en los espacios de diálogo para que puedan ser compartidos a las instituciones y de ese modo puedan llegar a ser implementados.
La activista remarcó que la participación activa de las disidencias sexuales en los espacios de toma de decisión es otro punto importante, y afirmó que eso se logra mediante el empoderamiento político de las personas LGBTIQ+.
La defensora indicó que para que existan cambios, por ejemplo a nivel de personas trans, es crucial que exista un o una representante trans donde se toman decisiones, al igual que una persona gay que tenga representación desde la sociedad civil de diversidad sexual para que haga incidencia y pueda representar a las diversas voces y de ese modo se generen avances significativos.
En Noviembre de 2020, Honduras se sometió al tercer ciclo del Examen Periódico Universal, en el que recibió 223 recomendaciones de los Estados miembros de la ONU, de las cuales aceptó 203 y tomó nota de 20, y de estás, 15 estaban dirigidas a la protección y promoción de los derechos de las personas LGBTIQ+, mientras las restantes iban enfocadas a temas de derechos humanos y defensa de los territorios.
A cinco meses que Honduras se someta al cuarto ciclo del EPU, el Comité de la Diversidad Sexual de Honduras, en conjunto con Brigadas Internacionales de Paz, realizaron la presentación del informe “No estamos pidiendo privilegios”, un escrito que deja en evidencia el incumplimiento de las 15 recomendaciones, que según lo expuesto por las organizaciones es una deuda que acarrea 15 años.
