La Deuda de Xiomara Castro con las personas LGBTIQ+

Activistas consultados por Criterio.hn coinciden que no existe espacio en la agenda pública para el abordaje, tratamiento y cumplimiento de temas de la diversidad sexual. 

Cumplimiento de sentencia del caso Vicky Hernández, entre las principales peticiones de las organizaciones LGBTIQ+. 

Tegucigalpa. –En el marco de la conmemoración del mes del orgullo, organizaciones y activistas LGBTIQ+ exigen al Estado de Honduras el reconocimiento pleno de sus derechos y el cumplimiento de las promesas contempladas en el Plan de Gobierno de la presidenta Xiomara Castro

El 27 de enero de 2022, durante la toma de posesión, la mandataria hondureña expresó su compromiso de defender los derechos de las mujeres y las minorías sexuales en Honduras, sin embargo, a más de dos años, las promesas siguen sin cumplirse causando desesperanza a una de las poblaciones más vulneradas en el país. 

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Plan de gobierno sin respuesta 

Tras su llegada al poder, en enero de 2022, la presidenta Xiomara Castro reconoció que históricamente las personas LGBTIQ+ han sido invisibilizadas, marginadas y violentadas por la sociedad y las instituciones del Estado, y en ese sentido integró siete propuestas que beneficiarían a esta población que durante los últimos años ha ejercido una lucha constante por la garantía de sus derechos. 

Dentro del plan de gobierno para refundar Honduras de 2022 a 2026, Castro incluyó siete propuestas basadas en la aprobación de leyes, creación de espacios y programas de atención a personas LGBTIQ+ y en la penalización e investigación de crímenes de odio, promesas que hasta la fecha no han sido materializadas.

Rihanna Ferrera, directora de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, explicó a Criterio.hn que para las personas LGBTIQ+ el cumplimiento de las garantías sobre derechos humanos ha sido deplorable, de hecho, asegura que siguen siendo invisibilizados, excluidos y violentados. 

Ferrera, señaló que hasta el momento no ha existido una inclusión para las personas LGBTIQ+ y recalcó que no hay indicios de creación de leyes ni interés por parte de los funcionarios para trabajar temáticas de diversidad sexual. 

Rihanna Ferrera, directora de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, afirmó que la razón por la que no han cumplido con las promesas a favor de las personas LGBTIQ+ es por miedo a perder votos en las próximas elecciones. (Foto: Horacio Lorca-Criterio.hn)

La activista reiteró que a la fecha ya no esperan nada por parte del Estado, ya que asegura que, si en casi tres años no han cumplido con ninguna de las promesas, en un año no podrán hacer nada, ya que son procedimientos que llevan tiempo y forman parte de procesos políticos.

¿Falta de ambiente en el Congreso Nacional?

Para Ligia Ramos, diputada independiente del Congreso Nacional y defensora de derechos LGBTIQ+, en Honduras nunca ha existido un espacio dentro de la agenda de ninguno de los tres Poderes del Estado en apoyo de estas poblaciones. 

La congresista aseguró que el motivo del abandono para esta población vulnerable radica en que existe una sociedad homofóbica y conservadora principalmente por parte de los diputados del Congreso Nacional a quienes calificó como desconocedores en materia de derechos humanos.

En marzo de 2022, Ligia Ramos en compañía del diputado suplente, Víctor Grajeda presentaron ante el Congreso Nacional una iniciativa para declarar el 17 de mayo como el Día Nacional Contra la Homofobia, siendo este el único proyecto relacionado con la diversidad sexual presentado dentro del Legislativo. 

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Ramos aseguró que tras la presentación de la iniciativa se generó una ola de críticas tanto dentro como fuera del Congreso Nacional, provocando una campaña de odio en contra de las personas LGBTIQ+ por parte de los grupos conservadores del país. 

Ligia Ramos, diputada independiente del Congreso Nacional, explicó que, pese a la resistencia de los grupos conservadores, los defensores de derechos humanos continuarán impulsando temas en materia de protección dentro de la agenda legislativa. (Foto: Horacio Lorca-Criterio.hn)

Por su parte, el diputado suplente del Partido Libertad y Refundación (Libre), Víctor Grajeda, manifestó sentirse decepcionado de la falta de voluntad política existente dentro del Poder Legislativo y recalcó que es la razón por la que siendo una persona abiertamente LGBTIQ+ no se ha atrevido a presentar proyectos en pro de esta población. 

De acuerdo con Grajeda, el tinte religioso de los congresistas es lo que principalmente afecta el abordaje de las temáticas de inclusión, y en ese sentido afirmó que no habrá aprobación, discusión o socialización de alguna ley dentro del legislativo. 

“El poco interés que yo he percibido de manera política en el Congreso Nacional me hace saber que las condiciones para las personas LGBTIQ+ no van a mejorar, hay mucho trabajo pendiente por realizar”, dijo a Criterio.hn el diputado de Libre, Víctor Grajeda. 

Lucha histórica de la población LGBTIQ+ en Honduras

La lucha en Honduras de las organizaciones LGBTIQ+ inició en la década de 1980 con la llegada del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). 

Ante la crisis sanitaria que desató la aparición del virus, miembros del movimiento LGBTIQ+ se unieron para enfrentar los desafíos de salud que surgieron, marcando el comienzo de la lucha constante por la garantía de sus derechos humanos. 

José Zambrano, defensor de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, explicó a Criterio.hn que, aunque para algunos la bandera de la diversidad apareció tras el golpe de Estado de 2009, el movimiento se encontraba presente desde la década de los 70 de manera invisibilizada.

Zambrano señala que la llegada del VIH marcó el inicio del movimiento. Sin embargo, relata que la lucha se consolidó cuando las personas organizadas reconocieron que también enfrentaban exclusión, discriminación y vulneración de sus derechos humanos. Desde entonces, comenzaron a buscar el reconocimiento de sus garantías por parte del Estado.

En 2004 el Congreso Nacional aprobó el decreto legislativo 176-2004, mediante el cual los congresistas reformaron los artículos 112 y 116 de la Constitución de la República orientados a prohibir el matrimonio igualitario y la adopción de niños por parejas del mismo sexo, y para noviembre de 2021 se aprobó una reforma constitucional que blindó aún más la prohibición negando el goce de ese derecho civil a las personas LGBTIQ+ del país. 

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La prohibición del matrimonio igualitario ha generado la vulneración de múltiples derechos para las personas LGBTIQ+, y pese a que han presentado diversos recursos de inconstitucionalidad, siguen sin obtener respuestas favorables por parte de las autoridades.  

Zambrano explicó que a partir de 2004 distintas organizaciones han realizado peticiones a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con relación a la inconstitucionalidad de los artículos, sin embargo, lamentó que las solicitudes han sido ignoradas y rechazadas por parte del Poder Judicial, remarcando que poseen una deuda moral. 

Ley de identidad de género y sentencia Vicky Hernández

El 28 de junio de 2009, Vicky Hernández, una mujer trans y activista de derechos humanos, fue asesinada en la ciudad de San Pedro Sula en medio del estado de excepción decretado a raíz del golpe de Estado en contra del expresidente Manuel Zelaya Rosales.

A 12 años de su asesinato, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declaró que el Estado de Honduras era responsable por la violación del derecho a la vida y la integridad física de la activista de derechos de las mujeres trans yordenó el cumplimiento de 12 medidas de reparación entre las que incluyó el reconocimiento de la identidad de géneros, sin embargo, pese a que el Estado se comprometió a cumplir con el ordenamiento, las organizaciones LGBTIQ+ continúan esperando la consumación de las mismas. 

El 10 de mayo de 2022, la presidenta Xiomara Castro prometió adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género auto percibida por las personas transgénero y plasmarla en el Documento Nacional de Identificación (DNI) y en los registros públicos.

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Grecia O’hara, coordinadora de la organización Somos CDC, explicó en una entrevista con Criterio.hn que el comité de personas trans presentó una propuesta de reforma al Registro Nacional de las Personas y al Congreso Nacional para la modificación del reglamento del RNP con el objetivo de que se rectificaran los documentos de identificación. 

O´hara manifestó que en 2019 se abrió un proceso de reconocimiento de identidad de género en el que cuatro personas trans solicitaron el cambio de nombre en el Registro Nacional de las Personas con el fin de documentar el proceso, agotando las instancias en 2022. 

La activista aseguró que continúan esperando una respuesta por parte de las instituciones a cargo del proceso, y afirmó que solo falta la voluntad política de los comisionados del Registro Nacional de las Personas para concretar la iniciativa. 

Grecia O’hara, coordinadora de la organización Somos CDC, explicó que podría existir un temor por parte de los comisionados al rechazo social de la iniciativa y apuntó a que quizás sea la razón que está atrasando la voluntad política. (Foto: Horacio Lorca-Criterio.hn).

O´haramanifestó que en el discurso de la presidenta Xiomara Castro había disposición para apoyar a las personas LGBTIQ+, sin embargo, lamentó que no han percibido los avances que se habían prometido.

Gobierno crea mesa LGBTIQ+

Dany Montesinos, coordinador de la organización Kukulkán informó a Criterio.hn que hace dos meses se iniciaron ejercicios de participación con entidades de gobierno que están abriendo camino a cambios que podrían llegar ser buenos para las personas LGBTIQ+, no obstante, señaló sentirse preocupado, porque las solicitudes realizadas no son procesos que se podrían cubrir en semanas o meses y el periodo de gobierno está por finalizar. 

Montesinos aseguró que con la administración de Xiomara Castro las organizaciones LGBTIQ+ incrementaron las expectativas de cambio al considerar que sería un gobierno que daría prioridad a los derechos humanos, por las promesas de campaña, el plan de gobierno y el pronunciamiento de la presidenta Castro durante la toma de posesión.

El activista explicó que con la creación de la mesa de política pública se ha tenido un acercamiento positivo con todas las organizaciones LGBTIQ+ del país y se ha dado seguimiento a temas como la Ley de Identidad de Género, la generación de sistemas de investigación y a la sentencia de Vicky Hernández, sin embargo, puntualizó en que ninguna de estas se encuentra en un proceso de presentación. 

Dany Montesinos, coordinador de la organización Kukulkán, aseguró que las organizaciones LGBTIQ+ tienen más de 50 años exigiendo la garantía de sus derechos, pero hasta la fecha no se les ha cumplido ninguno. 

De acuerdo a lo expuesto por el activista, las personas LGBTIQ enfrentan una defensoría crítica, donde se les vulnera el derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda, pero principalmente el derecho a la vida, razón por la cual se ven obligados a migrar. 

Datos del observatorio de violencia hacia las personas LGBTIQ+ de Honduras KAI+ señalan que de 2004 a marzo de 2024 se ha registrado la muerte violenta de 525 personas LGBTIQ+, de las cuales el 95% se encuentran en impunidad.

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